El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y parte del poder judicial ha escalado tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de solicitar al Tribunal Supremo la imputación del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio vinculados a la contratación de una asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente. Mientras Peinado arguye indicios de que Bolaños tuvo un papel clave en un uso irregular de fondos públicos, Moncloa ha respondido descalificando la actuación judicial como un “auténtico disparate” y tildándola de “delirio”, en un nuevo capítulo de tensión institucional. Las reacciones encontradas –desde la “tranquilidad absoluta” que proclama Bolaños, hasta las acusaciones de “operación de desestabilización” lanzadas por sus socios– ponen de manifiesto la tormenta política y judicial que rodea actualmente al Gobierno, salpicado por múltiples causas que involucran a ministros y hasta a familiares del presidente.
Peinado pide investigar a Bolaños por la asesora de Begoña Gómez
El magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del conocido caso Begoña Gómez, ha remitido una exposición razonada de 34 páginas a la Sala Segunda del Supremo para que investigue e impute a Félix Bolaños. La petición se enmarca en la investigación abierta en 2024 sobre presuntas irregularidades en el entorno de Begoña Gómez, incluyendo posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios vinculados a la primera dama. En concreto, Peinado sospecha que la contratación de Cristina Álvarez –asesora personal de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa– pudo servir para que esta realizara tareas privadas para la esposa del presidente con sueldo público, lo que podría constituir malversación. Además, el juez atribuye a Bolaños un posible falso testimonio, al considerar que mintió en su declaración como testigo sobre quién ordenó dicho nombramiento.
La investigación judicial revela que Cristina Álvarez fue contratada como personal eventual en Moncloa en julio de 2018, apenas seis semanas después de la llegada de Sánchez al poder. Fue la propia Begoña Gómez quien contactó con Álvarez –una colaboradora de su confianza– para incorporarla como Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, con un sueldo público bruto de unos 52.000 euros anuales. Si bien el contrato establecía que su función era asistir a Gómez en actividades de la Presidencia, existen pruebas de que realizó gestiones ajenas a esa labor oficial: por ejemplo, contactó con la Universidad Complutense en nombre de Begoña y pidió a patrocinadores que siguieran financiando la cátedra académica que codirigía la propia Gómez. Estos correos electrónicos contradicen la declaración de la asesora, que en febrero negó ante el juez haber hecho tareas privadas para la esposa del presidente.
Peinado sostiene que Félix Bolaños, como entonces secretario general de la Presidencia, jugó un papel determinante en ese “fichaje” de la asesora en 2018. El juez señala que un subordinado de Bolaños, Alfredo González, declaró haber tramitado las propuestas de nombramiento y que su superior jerárquico en ese momento era Bolaños. Tras esas revelaciones, el magistrado citó al propio ministro a declarar el pasado 16 de abril. En dicha comparecencia en Moncloa, Bolaños negó haber intervenido en la contratación de Álvarez y dijo desconocer quién dio la orden, aunque defendió la legalidad de todo el proceso. Según Peinado, las respuestas evasivas de Bolaños –e incluso sonrisas que molestaron al juez durante el interrogatorio, según otras fuentes– motivaron nuevas diligencias, como volver a interrogar a testigos clave. Finalmente, el juez concluye que existen indicios suficientes para investigarle formalmente: en su escrito atribuye indiciariamente a Bolaños los delitos de falso testimonio y malversación, y llega a plantear la posibilidad de registrar el Palacio de la Moncloa en busca del documento de nombramiento de Álvarez.
Cabe señalar que en esta exposición razonada Peinado incurrió en errores llamativos que han dado munición a sus detractores. Por ejemplo, al relatar las ocasiones en que Bolaños coincidió con la asesora, el juez escribió por error que “la última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez”, una frase evidentemente equivocada –Begoña Gómez está viva– que en realidad pretendía referirse al funeral del padre de Gómez en 2024. También se refirió al alto cargo Alfredo González como “investigado” al archivar su causa, cuando dicho funcionario nunca estuvo imputado sino solo citado como testigo. Incluso al mencionar a Bolaños, Peinado lo denomina repetidamente “el ahora investigado” en el texto, a pesar de que precisamente lo que solicita es que se le declare investigado (imputado). Estos lapsus han sido aprovechados por el Gobierno para cuestionar la seriedad de la actuación judicial.
De momento, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, único órgano competente para procesar a un ministro aforado. La Sala deberá estudiar si abre causa formal contra Bolaños a la luz de la exposición enviada. No es la primera vez que este juez incomoda al Ejecutivo: el año pasado, citó como testigo al propio Pedro Sánchez para preguntarle por reuniones de su esposa en Moncloa con un empresario, negándole la opción de declarar por escrito. Aquel movimiento provocó airadas reacciones en Moncloa y críticas públicas a Peinado, hasta el punto de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la principal del gremio– elevó una queja a Bruselas denunciando “ataques personales” y “críticas furibundas” contra el juez por parte del Gobierno. La APM recordó entonces que, si alguna decisión judicial es errónea, existen cauces de recurso, “no pudiendo admitirse en modo alguno el ataque personal al juez instructor”. Este contexto de desencuentro explica que la nueva maniobra de Peinado haya sido recibida con máxima tensión política.
Bolaños se defiende y Moncloa arremete contra el juez
Tras conocer la petición de imputación, Félix Bolaños ha comparecido para trasladar un mensaje de calma y confianza en que el Supremo desestimará el caso. El ministro –visiblemente serio pero firme– afirmó tener “tranquilidad absoluta” y consideró incluso “bueno” que intervenga el alto tribunal, confiando en que un órgano “profesional e imparcial” pondrá fin a lo que calificó como un despropósito carente de fundamento. Bolaños subraya que la exposición de Peinado “no se sostiene” y que contiene “errores de bulto”, refiriéndose a las evidentes imprecisiones del documento. Ha negado tajantemente haber mentido en su testimonio: “El señor Peinado afirma que yo declaré que [otra persona] nombró a la señora Cristina Álvarez. Jamás declaré tal cosa”, aseguró, explicando que nunca se le preguntó quién realizó el nombramiento. Según Bolaños, él solo indicó quién propuso la contratación –dato que figura en un real decreto de estructura administrativa– y no tenía competencia directa en ese nombramiento. “La contratación fue absolutamente legal, conforme a todos los procedimientos”, insistió, reiterando que Álvarez “nunca fue subordinada suya” ni realizó funciones distintas a las habituales en asistentes de primeras damas. El ministro de Justicia, que apenas lleva seis meses en el cargo tras la formación del nuevo Gobierno, ha dejado claro que no contempla dimitir ni siquiera si el Supremo llegase a imputarle: “Voy a trabajar por la justicia de este país sin descanso”, zanjó.
El Gobierno en pleno ha cerrado filas en torno a Bolaños, combinando un discurso de apoyo al ministro con duros reproches al juez instructor. Fuentes de Moncloa han calificado la iniciativa de Peinado como un “auténtico disparate”, mostrando “máxima tranquilidad” ante lo que describen como “un capítulo más” de una causa que consideran infundada. En privado y en público, portavoces gubernamentales han defendido que Bolaños “ha actuado de forma impecable” en todo este asunto y aseguran “no haber un solo indicio” de uso irregular de fondos públicos en la contratación de Álvarez. Les resulta “paradójico” –añaden– que el juez hable de un hecho “público y notorio” (que la asesora hacía labores ajenas) cuando tras meses de instrucción “no hay ningún hecho” probado que lo sustente.
En Moncloa también ha causado indignación que el juez sugiriera siquiera la posibilidad de registrar la sede del Gobierno para buscar papeles, algo que consideran fuera de lugar y desproporcionado. De hecho, comparan este caso con el que afectó recientemente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también investigado por la justicia: “va a ocurrir como en la causa contra el fiscal general, al final se sabrá toda la verdad”, señalan fuentes del Ministerio de Justicia, dando a entender que ambas pesquisas carecen de recorrido. (Cabe recordar que el propio García Ortiz, nombrado por este Gobierno, fue procesado por revelación de secretos en una causa paralela, algo que el Ejecutivo ha minimizado insinuando motivaciones políticas detrás).
Lejos de rebatir solo en lo jurídico, altos cargos del PSOE han pasado al ataque personal contra Peinado, cuestionando su competencia. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, llegó a ridiculizar el auto por el episodio del “tanatorio de Begoña”, afirmando que el juez “se retrata a sí mismo” con ese tipo de errores. En la misma línea, dirigentes del socio minoritario Sumar han descalificado abiertamente la investigación: su portavoz, Verónica Martínez, la tachó de “poco seria” por supuestamente partir de “bulos o noticias de pseudomedios”, anticipando que esperarán a que el procedimiento confirme esos extremos. Otro diputado de Sumar, Enrique Santiago (IU), denunció una “operación de desestabilización francamente constante y muy organizada” contra el Gobierno desde ciertos sectores judiciales. Incluso apuntan que jueces como Peinado o el magistrado García Castellón (famoso por casos contra Podemos) “ven fantasmas donde nadie los ve”, insinuando que estos togados actúan movidos porque el ministro Bolaños “puede acabar con algún privilegio de la magistratura” gracias a las reformas legales en curso. En otras palabras, desde el oficialismo se sugiere que este proceso forma parte de una ofensiva política de ciertos jueces conservadores contra un Gobierno progresista, motivada en parte por el intento del Ejecutivo de cambiar el status quo judicial.
La oposición exige responsabilidades y apoya al juez
En contraste con la defensa cerrada del Gobierno, la oposición política ha puesto el grito en el cielo por este nuevo escándalo, aunque modulando sus demandas a la espera de pasos formales del Supremo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó valorar en profundidad la actuación de Peinado por prudencia –“no me gusta opinar sin tener toda la información”, dijo– pero reconoció que “llueve sobre mojado”. “El Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más”, declaró Feijóo, aludiendo a que son numerosas las causas abiertas que salpican al sanchismo. El jefe de la oposición subrayó que este enésimo caso agrava la “tormenta” político-judicial que atraviesa el Ejecutivo, mencionando explícitamente “la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán” –un asunto de presunta corrupción en adjudicaciones– como parte del contexto complicado. Pese a la gravedad de los indicios, Feijóo optó por no pedir aún la dimisión de Bolaños, indicando que esperará a que el Tribunal Supremo decida si procede imputarlo. Con todo, sus palabras dejaron claro que en el principal partido de la oposición se considera este episodio una pieza más de un patrón de abusos de poder dentro del actual Gobierno.
Más contundente ha sido la reacción de Vox, cuyo grupo parlamentario ya ha exigido abiertamente la dimisión inmediata de Félix Bolaños. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al Ejecutivo de estar sumido en “corrupción de todo orden, política y económica” y criticó que “aquí no dimite nadie porque la pela es la pela*”. Millán sostiene que la contratación de la asesora de Gómez “constituye una irregularidad evidente” que debe depurarse “política y judicialmente”, y celebró que por fin haya “bases jurídicas sobradas” para “arremeter judicialmente contra el Gobierno” en este caso. Desde Vox echan en cara a Bolaños sus intentos de modificar leyes a la medida del Ejecutivo: recuerdan que el ministro pretende reformar la Ley del Poder Judicial para que unidades investigadoras como la UCO de la Guardia Civil pasen a depender directamente de la Fiscalía –controlada por el Gobierno– “para evitar que todas estas irregularidades salgan” a la luz. Este argumento conecta con una crítica más amplia de la oposición: la denuncia de que el sanchismo utiliza las instituciones en su favor, aplaudiendo la acción de la Justicia solo cuando le beneficia y desprestigiándola o maniobrando para frenarla cuando afecta a sus propios altos cargos.
No solo los partidos rivales han salido en defensa de la actuación judicial; también voces del ámbito jurídico han respaldado implícitamente al juez Peinado ante los ataques gubernamentales. De hecho, la ya mencionada APM (principal asociación de jueces) dio un paso al frente en 2024 para proteger la independencia del magistrado instructor del caso Gómez. En una dura misiva dirigida a la Comisión Europea, la APM alertó de las “críticas furibundas” lanzadas desde el Ejecutivo contra Peinado por atreverse a investigar a la familia del presidente. La asociación –presidida por la magistrada María Jesús del Barco– instó al nuevo Consejo General del Poder Judicial a amparar a sus jueces y advirtió que en una democracia plena no se puede tolerar que Gobierno y Legislativo socaven la confianza en el Poder Judicial con descalificaciones personales. “Lo que no cabe ni puede admitirse en modo alguno es el ataque personal al juez instructor –incluso a su familia–”, denunciaron los jueces, recordando que si el Gobierno discrepa de una resolución debe combatirla con recursos legales, no mediante campañas de descrédito. Este pronunciamiento de la judicatura, poco habitual en su contundencia, refleja la preocupación generada por la actitud del Gobierno Sánchez hacia ciertos procesos judiciales. En suma, la oposición política y buena parte de la carrera judicial coinciden en reprochar al Ejecutivo un doble rasero: elogiar la labor de la Justicia cuando acorrala a adversarios, pero cuestionarla abiertamente cuando las investigaciones se acercan al propio entorno gubernamental.
Otros frentes judiciales acorralan al Gobierno de Sánchez
El caso Bolaños-Begoña Gómez no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de escándalos judiciales que rodean al Gobierno socialista en los últimos tiempos. Varios altos cargos, exministros e incluso familiares del presidente han estado (o están) bajo la lupa de la justicia, alimentando la narrativa de un Ejecutivo asediado por la corrupción y la mala praxis. A continuación, repasamos algunas de las principales causas que están en curso y que han salpicado al entorno de Sánchez:
Trama “Koldo”, Ábalos y Cerdán
Se trata de una presunta red de adjudicaciones de obra pública amañadas a cambio de comisiones ilegales, en la que han sido implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor en el Ministerio Carlos García (alias Koldo), y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La investigación –ahora conocida como caso Cerdán– está en manos del Tribunal Supremo, dado que Cerdán era aforado hasta su reciente dimisión. En ella, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó grabaciones hechas por Koldo que apuntarían a la existencia de una trama de corrupción a gran escala, incluyendo conversaciones donde se aludía al reparto de contratos y favores. Ábalos y Cerdán han declarado esta semana ante el juez Supremo Leopoldo Puente para negar su participación en adjudicaciones irregulares, llegando Ábalos a alegar que no reconoce su propia voz en algunos audios comprometedores. Pese a sus negativas, el avance de la causa llevó a que se les impusieran medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias periódicas) y a que el PP actuase como acusación popular, reclamando incluso prisión preventiva para ambos –solicitud que el magistrado rechazó de momento–. Este caso, aún en desarrollo, supone un golpe especialmente duro para el PSOE, pues involucra a un hombre de la máxima confianza de Sánchez (Cerdán) y revive las sombras de corrupción interna en plena gestión socialista.
Caso Mediador (el ‘Tito Berni’)
A comienzos de 2023 salió a la luz esta trama de sobornos, fraudes y fiestas con prostitutas que operaba en Canarias y contaba con ramificaciones en Madrid. El principal implicado es el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, apodado Tito Berni, quien presuntamente cobró comisiones de empresarios a cambio de favores y contratos, en connivencia con un general de la Guardia Civil y otros intermediarios. Las escenas iniciales del caso –noches de farra con drogas durante el estado de alarma, pagos en efectivo y tratos de favor– generaron un enorme escándalo mediático y tensaron al PSOE. Sin embargo, la causa ha ido perdiendo fuelle judicial: la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado finalmente para Fuentes solo 1 año de prisión (que evitaría su ingreso efectivo en la cárcel) y 3 años de inhabilitación, acusándolo de cohecho y estafa en una pieza separada del caso. Detrás de esta sorprendente benevolencia penal asoman posibles irregularidades en la investigación: durante la instrucción desaparecieron pruebas clave (varios teléfonos móviles con conversaciones incriminatorias fueron sustraídos de una caja fuerte policial) y hubo cambios inesperados en el equipo investigador. De hecho, informes periodísticos señalan que un mando de la Policía Nacional evitó elevar el caso a la unidad central de delitos económicos (UDEF) pese a sus “ramificaciones nacionales”, supuestamente por no “buscar líos”, después de haber sido ascendido con el aval del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fuentes internas denuncian que maniobras como esa limitaron el alcance de la investigación, diluyendo lo que parecía una trama de corrupción sistémica vinculada al entorno del PSOE en apenas unos pocos delitos menores en Canarias. En resumen, el caso Mediador –que tantos titulares sensacionalistas acaparó– podría cerrarse sin penas de cárcel de calado, alimentando las sospechas de interferencia política para amortiguar sus efectos.
Otras causas y controversias
A la lista anterior se añaden más frentes que han salpicado al Gobierno. Por ejemplo, el mencionado caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información secreta de un sumario, cuyo procesamiento supuso la inédita imputación de un Fiscal General del Estado en ejercicio. Asimismo, el “caso Plus Ultra” –la polémica rescate público a una aerolínea minoritaria vinculada a Venezuela– llegó a investigarse en la Audiencia Nacional por posible malversación (aunque finalmente fue archivado por falta de pruebas concluyentes, no sin antes despertar acusaciones de favoritismo político). También hubo controversia en torno a la entrada clandestina en 2021 del líder polisario Brahim Gali para ser atendido en España, que llevó a procesar a una exministra (aunque el caso fue sobreseído). Y no puede olvidarse el caso Cuarteles de la Guardia Civil, un fraude en contratos de obras que, si bien se originó en etapas anteriores, ha salpicado a Interior y ha suscitado críticas a la falta de controles bajo el ministro Marlaska.
Los escándalos se acumulan y cada nuevo episodio –como la posible imputación de Bolaños– no hace sino erosionar la credibilidad del Ejecutivo y tensar sus relaciones con jueces y fiscales. La estrategia de contratacar institucionalmente (ya sea reformando leyes en favor propio, cesando a investigadores incómodos o desprestigiando resoluciones adversas) está levantando serias alarmas sobre la salud democrática. De un lado, miembros del Gobierno y sus aliados denuncian un supuesto lawfare o “guerra judicial” contra la coalición de izquierdas. Del otro lado, la oposición y amplios sectores de la Justicia perciben un intento del poder político por subordinar la independencia judicial y blindarse ante la ley.
Lo cierto es que, en estos momentos, Félix Bolaños continúa en su puesto y confía en que el Tribunal Supremo frene lo que él considera un despropósito jurídico. Pero la imagen ya está dañada: que el ministro de Justicia –irónicamente, encargado de velar por el buen funcionamiento de los juzgados– se vea envuelto en un proceso por malversación y mentir bajo juramento es, cuando menos, demoledor en términos políticos. Mientras España asiste a este choque sin precedentes entre el Gobierno y un juez instructor, la última palabra la tendrá el Supremo. Su decisión determinará no solo el futuro de Bolaños, sino también si las instituciones prevalecen sobre las lealtades partidistas en la España de 2025. Por lo pronto, la ciudadanía observa con preocupación cómo, en este pulso, la justicia y la política se mueven en un equilibrio delicado, con el riesgo de que la frontera entre ambas se desdibuje peligrosamente.
