El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tomará este domingo a las 17:30 horas declaración como investigada a Judith Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno. La citación se enmarca dentro de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.
Un interrogatorio en domingo que amplía la causa
La comparecencia de González Pedraz estaba inicialmente prevista para el pasado martes 12 de noviembre, pero fue aplazada a petición de la defensa de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente en La Moncloa, por coincidencia con otro señalamiento judicial. El magistrado fijó entonces una nueva fecha poco habitual —domingo por la tarde— para asegurar la declaración antes del cierre de la actual fase de instrucción.
En la misma providencia, el juez citó también a tres testigos relevantes: Diego de Alcázar Silvela, presidente del Instituto de Empresa (IE); Miguel Escassi, directivo de Google Spain; y Juan Carlos Doadrio Villarejo, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos comparecerán igualmente este domingo, en el marco de la ampliación de diligencias que busca esclarecer las relaciones entre la cátedra universitaria codirigida por Gómez y diversas entidades privadas.
Qué se investiga
Según fuentes judiciales y la documentación incorporada a la causa, el magistrado considera que la secretaria general de Presidencia pudo haber incurrido en una “comisión por omisión”, al no haber supervisado adecuadamente la actividad de Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos, pero que habría ejercido presuntamente tareas vinculadas a la actividad privada de la esposa del presidente.
El auto por el que se acuerda su citación apunta a un posible delito de malversación de caudales públicos, al entender que existió un uso irregular de recursos humanos o materiales de Presidencia en beneficio de intereses particulares. Peinado señala que González Pedraz, por su posición jerárquica, tenía capacidad de control y debía haber impedido esas actuaciones en caso de conocerlas.
El juez mantiene la causa pese a la Fiscalía
Hace apenas una semana, el magistrado rechazó la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía y por las defensas de Begoña Gómez y su asesora, resolviendo que existen indicios suficientes para continuar la investigación. En su auto, Peinado acordó la continuación del procedimiento ante el tribunal del jurado, ratificando los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
La decisión supuso un nuevo impulso al caso y la incorporación de nueve testigos adicionales, además de los requerimientos de documentación a Presidencia del Gobierno.
Requerimientos a La Moncloa
En paralelo, el juez ha solicitado a La Moncloa la entrega de las agendas oficiales de Begoña Gómez y de su asesora, así como la copia de sus pasaportes, con el objetivo de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los desplazamientos internacionales de ambas, sus coincidencias y duración, para verificar si existió algún vínculo entre viajes institucionales y actividades privadas.
El magistrado ha autorizado que la documentación sea entregada directamente a los agentes investigadores, sin necesidad de comparecencia personal, para agilizar el proceso.
Contexto del caso
La causa, iniciada en abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, investiga las presuntas influencias ejercidas por Begoña Gómez en adjudicaciones y contratos públicos vinculados a empresas con las que mantenía relación profesional o académica. Entre los hechos bajo examen figura la cátedra “Transformación Social Competitiva” de la Universidad Complutense, impulsada por la esposa del presidente, que habría servido —según la investigación— para favorecer a entidades privadas que luego obtuvieron contratos con la Administración.
El magistrado considera, además, que la relación de parentesco con el presidente del Gobierno podría haber influido en las actuaciones objeto de investigación, y subraya la necesidad de esclarecer si se produjo un uso indebido de recursos públicos o de posición institucional.
Repercusiones institucionales y políticas
La imputación de una alta responsable de La Moncloa supone un salto cualitativo en el alcance de la investigación, que deja de centrarse únicamente en la figura de la esposa del presidente para afectar a la estructura administrativa de Presidencia del Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por distintos medios han evitado pronunciarse oficialmente sobre la citación, aunque subrayan que el Gobierno “mantiene su plena colaboración con la justicia y confía en el archivo final del procedimiento”.
Desde la oposición, sin embargo, se ha reclamado transparencia y explicaciones públicas ante lo que califican de “un episodio grave que compromete la ejemplaridad institucional”. Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han pedido que la portavoz del Gobierno comparezca en el Congreso una vez se conozcan las declaraciones de este domingo.
Lo que viene a continuación
Tras las comparecencias fijadas, el juez Peinado deberá decidir si amplía las imputaciones, solicita nuevas diligencias o remite parte del caso a la Audiencia Provincial. La instrucción se encuentra en una fase avanzada, pero aún no se ha fijado fecha para la eventual apertura de juicio oral.
Mientras tanto, la UCO continúa analizando los documentos y comunicaciones incautadas en el entorno de la cátedra universitaria y los registros económicos vinculados a la asesora de Moncloa. Los resultados preliminares podrían determinar el alcance penal de las actuaciones y el número final de imputados.
Análisis: una investigación que alcanza el núcleo de Moncloa
El hecho de que una secretaria general de Presidencia —máximo cargo administrativo del gabinete del presidente— sea llamada a declarar como investigada, evidencia que el caso ha dejado de ser un asunto periférico. La investigación alcanza ahora el corazón institucional del Gobierno, lo que introduce un componente político de enorme relevancia.
Más allá del procedimiento judicial, el episodio abre un debate sobre los mecanismos de control interno en la administración del Ejecutivo, la transparencia en el uso de recursos públicos y la frontera entre la actividad institucional y la personal de los altos cargos.
El desarrollo de las próximas semanas será decisivo para determinar si las sospechas del juez Peinado se traducen en acusaciones formales o si, por el contrario, la causa se cierra sin consecuencias penales. En cualquier caso, la investigación ha colocado nuevamente a La Moncloa bajo una presión inédita, con derivadas políticas, judiciales y reputacionales que el Gobierno difícilmente podrá eludir.
