El Gobierno ha reforzado su respaldo al presidente, Pedro Sánchez, ante la situación derivada de las investigaciones judiciales que afectan a distintos cargos vinculados al Ejecutivo y al PSOE. Desde Moncloa se ha asentado la convicción de que existe "una campaña de desgaste" dirigida contra el Gobierno, el presidente y su entorno familiar, motivo por el que la estrategia pasa por evitar nuevas dimisiones mientras no existan pruebas inequívocas de comportamientos irregulares.
Fuentes del Ejecutivo reconocen que el Gobierno atraviesa una "situación delicada" debido a los distintos procedimientos judiciales en marcha, aunque insisten en que la respuesta debe ser la unidad interna y el respaldo a los responsables investigados siempre que no existan evidencias concluyentes de actuaciones ilícitas.
El respaldo del Ejecutivo a Mercedes González y Manuel Llamas
Entre los últimos investigados figuran la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por su presunta vinculación con la exmilitante socialista Leire Díez, dentro de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional.
Tras conocerse la decisión judicial, la primera reacción del Gobierno llegó a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trasladó la confianza del Ejecutivo en ambos responsables y aseguró que continuarán desempeñando sus funciones.
En paralelo, el PSOE también expresó su respaldo a Mercedes González. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, defendió públicamente la actuación de la directora de la Guardia Civil y marcó diferencias entre las reuniones investigadas y otras actuaciones que, a su juicio, constituyeron tramas organizadas.
La línea marcada por Moncloa
Según fuentes próximas al presidente, en estos momentos existe una regla no escrita dentro del Ejecutivo: no habrá dimisiones salvo que existan pruebas inequívocas de comportamiento irregular.
La posición del Gobierno parte de la idea de que la finalidad de la presión política es "descabezar" al Ejecutivo e ir contra el presidente y su familia. Por ello, consideran necesario mantener una posición de firmeza y evitar que nuevas renuncias alimenten esa estrategia.
En este contexto, desde Moncloa sostienen que Pedro Sánchez no aprecia comportamientos irregulares en el caso de Mercedes González y consideran que la principal acusación defendida por la Fiscalía Anticorrupción no se sostiene.
Asimismo, fuentes del Ejecutivo subrayan que no consideran delictivo que se abriera una investigación sobre una filtración, al entender que dicha actuación puede ser legítima siempre que se realice con las garantías correspondientes. También recuerdan que los expedientes relacionados con ese asunto fueron archivados sin que derivaran en sanciones.
Defensa de las personas investigadas
El Gobierno extiende esa misma línea de defensa a Ana Fuentes, gerente del PSOE, y a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, ambas también investigadas y que continúan en sus respectivos cargos.
Desde el Ejecutivo insisten en que no existen evidencias de comportamientos irregulares en ninguno de estos casos y expresan su confianza en que las investigaciones no concluyan con un procesamiento de las personas afectadas.
El Ejecutivo distingue entre errores políticos y posibles delitos
Pese al respaldo institucional, algunos miembros del Gobierno reconocen en privado que las reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez fueron un error político, especialmente por no haber sido explicadas públicamente hasta que la Unidad Central Operativa (UCO) reveló los mensajes y las localizaciones telefónicas de la exmilitante socialista.
No obstante, esas mismas fuentes establecen una diferencia entre lo que consideran un error político y la existencia de un posible delito, insistiendo en que ambas cuestiones no deben confundirse y defendiendo que la continuidad de los cargos investigados responde a la ausencia, por el momento, de pruebas concluyentes que justifiquen su dimisión.
