El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una revisión en profundidad de la legislación migratoria que incluiría la expulsión de personas extranjeras residentes en España que cometan determinados delitos. En una entrevista concedida a Cuatro, el líder popular ha señalado que “debemos replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro”.
Feijóo ha diferenciado entre inmigración legal e ilegal, reiterando que, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, la expulsión debe ser inmediata si delinquen. En cuanto a los inmigrantes regulares, ha dejado la puerta abierta a una modificación legal que permita su expulsión dependiendo del tipo de delito cometido, aunque no ha especificado cuáles serían esos delitos que podrían justificar la medida.
El dirigente del PP ha enmarcado su propuesta dentro de lo que ha calificado como una respuesta equilibrada entre el populismo y el buenismo, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de incurrir en este último extremo al carecer de una política migratoria firme y realista.
“España necesita inmigrantes, pero deben venir para trabajar, cumplir las leyes como los españoles y ser responsables de sus actos”, ha afirmado Feijóo. En su intervención, ha insistido en que la inmigración irregular no puede generar derechos ni garantizar el acceso automático a los programas sociales del país. Según el líder popular, el mensaje a trasladar debe ser claro: “se puede vivir aquí de forma ordenada y regular si se entra con un contrato de trabajo, se asume la Constitución y se aceptan los valores y la cultura del país”.
Feijóo ha recordado que el Senado ya aprobó una ley contra la multirreincidencia que, según él, está bloqueada en el Congreso por el PSOE y Sumar. También ha llamado a revisar el Código Penal para incluir medidas que permitan una actuación más firme ante los casos de reincidencia delictiva entre personas extranjeras.
En cuanto a la situación migratoria actual, Feijóo ha señalado que España “tiene el récord de inmigración irregular en Europa”, con más de 64.000 personas llegadas el año pasado. Ha hecho especial hincapié en el caso de los más de 6.000 menores no acompañados en Canarias, calificando sus condiciones de acogida como “hacinamiento” y acusando al Ejecutivo de incumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su tutela.
Además, ha criticado el reparto desigual de menores inmigrantes entre comunidades autónomas, reprochando al Gobierno que no actúe con el mismo rigor en comunidades gobernadas por nacionalistas o independentistas, como País Vasco o Cataluña, mientras presiona a las del PP.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Sectores conservadores han aplaudido el enfoque de mayor control y firmeza ante la inmigración, mientras que desde organizaciones sociales y partidos progresistas se advierte del riesgo de criminalizar a los migrantes y de vulnerar derechos fundamentales.
Feijóo concluyó su intervención subrayando la necesidad de actuar con responsabilidad: “Hemos de ser serios y no hacer populismo. Regular con claridad es proteger nuestro sistema y garantizar la convivencia”. Con estas declaraciones, el PP endurece su discurso sobre inmigración, en un momento de creciente tensión política y social respecto al fenómeno migratorio en Europa.
