Según fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE, el magistrado ha citado a Montoro en calidad de investigado tras encontrar indicios de que durante su mandato pudo favorecer a determinadas empresas en procesos de contratación pública, en perjuicio de la libre competencia.
Investigación sobre adjudicaciones públicas
La causa, que se instruye bajo secreto parcial, forma parte de una investigación más amplia en torno a presuntas redes de comisiones y tráfico de influencias en adjudicaciones de infraestructuras gasísticas. Los investigadores tratan de determinar si altos cargos del Ministerio de Hacienda intervinieron directa o indirectamente para facilitar contratos a empresas concretas.
Aunque por el momento no han trascendido cifras ni nombres de compañías presuntamente beneficiadas, fuentes cercanas al caso señalan que los contratos bajo sospecha podrían superar los 100 millones de euros.
Montoro niega cualquier irregularidad
Desde su entorno, Montoro ha negado “rotundamente” las acusaciones y ha anunciado que colaborará “plenamente con la Justicia” para esclarecer los hechos. Su defensa sostiene que la imputación responde a una interpretación errónea de su labor política y califica la causa de “injusta y carente de fundamento”.
El Partido Popular, formación en la que Montoro sigue militando, ha emitido un comunicado en el que expresa su “respeto absoluto a los procesos judiciales” y muestra su confianza en que el exministro podrá demostrar su inocencia.
Paralelismos con otros casos recientes
La imputación de Montoro se suma a una serie de investigaciones que en los últimos años han afectado a altos cargos tanto del PP como del PSOE por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Uno de los casos más mediáticos ha sido el denominado “caso Koldo”, que salpica al exministro socialista José Luis Ábalos y en el que se investigan supuestas comisiones en contratos de emergencia durante la pandemia.
Sin embargo, a diferencia de Ábalos, Montoro no goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo, por lo que el proceso se tramita en un juzgado ordinario de Tarragona.
Qué consecuencias podría tener
De confirmarse las sospechas, Montoro podría enfrentarse a delitos relacionados con la prevaricación administrativa y el tráfico de influencias, que conllevan penas de prisión y la inhabilitación para cargo público. No obstante, por el momento no se han impuesto medidas cautelares contra él, y la instrucción se encuentra en fase inicial.
La imputación podría tener repercusiones políticas en el seno del PP, donde Montoro es recordado por haber dirigido políticas fiscales controvertidas y por su papel clave en la regularización extraordinaria de capitales de 2012.
El legado bajo escrutinio
Montoro, de 74 años, es una figura emblemática en la política económica española. Dirigió la cartera de Hacienda en dos etapas (2000-2004 y 2011-2018) y fue artífice de medidas como la reforma tributaria, la lucha contra el déficit público y el célebre sistema de control de gasto aplicado a comunidades autónomas durante la crisis.
Esta nueva investigación podría empañar su trayectoria, en un momento en que la opinión pública se muestra cada vez más crítica con los casos de corrupción vinculados a la gestión de fondos públicos.
