España ha protagonizado un preocupante retroceso en materia de transparencia y calidad institucional, situándose ya entre los quince países más corruptos de la OCDE, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), basado en los datos del instituto sueco Varieties of Democracy (V-Dem). El informe revela que España ha escalado del puesto 23 al 14 en el ránking de corrupción política entre los 38 países que integran la organización, lo que la convierte en el país que más ha empeorado desde 2019.
El indicador empleado por V-Dem mide distintos tipos de corrupción diferenciando entre poderes y niveles del Estado, y utiliza una escala inversa: cuanto más alto es el valor o la posición en el índice, mayor es la presencia de prácticas corruptas. En este caso, España obtiene una puntuación de 10,3 sobre 100, lo que refleja una intensificación del deterioro institucional en el último lustro.
Este retroceso es particularmente alarmante porque supone un incremento del 178% en el nivel de corrupción desde 2019, superando incluso a países como Finlandia, Islandia y Portugal en su empeoramiento. En el extremo opuesto, la República Checa, Estados Unidos y Letonia son los países que más han mejorado en la misma escala.
La Comisión Europea también ha mostrado su preocupación. Según sus propios datos, el 91% de las empresas españolas considera que la corrupción está generalizada, frente a una media del 64% en la Unión Europea. Además, un 51% de las compañías en España cree que este fenómeno representa un obstáculo directo para su actividad, superando también la media comunitaria del 36%.
A pesar de esta situación crítica, España ha incumplido el plazo legal para aprobar una estrategia nacional contra la corrupción, cuya elaboración debía completarse antes de septiembre de 2024. Este retraso institucional ha sido uno de los elementos que más ha lastrado la valoración del país en los principales índices de gobernanza.
Más allá del índice de corrupción, el IEE alerta de un empeoramiento general en el entorno institucional y regulatorio del país. Basándose en datos del World Bank, la OCDE y el World Justice Project, el informe concluye que España presenta una deficiencia regulatoria un 33,4% superior a la media de la UE, así como niveles preocupantes de control institucional insuficiente e inestabilidad normativa.
En particular, se señala que la brecha entre España y la media europea ha crecido un 19% en términos de calidad regulatoria, casi un 10% en control institucional y un 6,6% en estabilidad institucional, lo que se traduce en una pérdida de confianza empresarial, menor atracción de inversiones y debilidad democrática.
Este deterioro se da en un contexto en el que se han conocido nuevos escándalos de corrupción que salpican a partidos de Gobierno y oposición, desde el caso de Santos Cerdán en el PSOE, hasta la imputación de Cristóbal Montoro en el PP. Ambos casos han intensificado el debate político y evidenciado una percepción ciudadana generalizada de desafección institucional.
El informe concluye que el crecimiento económico de España está condicionado por este contexto institucional adverso, y que la corrupción —lejos de ser una anomalía aislada— se ha convertido en un factor estructural que amenaza la competitividad, la seguridad jurídica y el bienestar democrático del país.
Así, España se aleja de sus principales socios europeos en materia de calidad institucional y se aproxima peligrosamente a países como Turquía, México, Hungría o Colombia, que encabezan el ránking de corrupción política dentro de la OCDE. La falta de reformas estructurales, un débil control interno del poder político y la ausencia de respuestas rápidas y eficaces ante los escándalos consolidan una situación de crisis institucional que exige medidas urgentes y contundentes.
