El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ratificado el compromiso del Ejecutivo con la renovación del marco legal sobre secretos de Estado. En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Bolaños ha subrayado que la aprobación de la nueva Ley de Información Clasificada, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, constituye una prioridad para el Gobierno.
Para el titular de Justicia, la desclasificación de los expedientes relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se hace efectiva hoy, representa un hito institucional. Con esta medida, según ha apuntado el ministro, se salda una deuda con la democracia, la memoria y la transparencia, permitiendo que la ciudadanía acceda a una documentación de un volumen muy importante.
El fin de los secretos indefinidos
Uno de los puntos centrales de la argumentación de Bolaños ha sido la obsolescencia de la normativa vigente, que data de 1968. Bajo el marco actual, el ministro ha advertido de que los gobiernos pueden no desclasificar nunca y los secretos pueden ser para siempre. Por el contrario, la nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros el pasado verano busca alinear a España con las prácticas de su entorno comunitario.
La futura norma establece estándares europeos para España para que los secretos clasificados se puedan conocer por la ciudadanía pasado un tiempo y siempre que no afecten la seguridad nacional, ha explicado el ministro. El objetivo del Gobierno es que la información reservada sea accesible de forma automática una vez transcurridos los plazos legales.
Críticas por la selección de archivos y falta de transparencia
Pese al anuncio del Ejecutivo, la medida no ha estado exenta de reproches por parte de diversas entidades y fuerzas políticas, que cuestionan el alcance de la transparencia propuesta.
El Partido Popular ha criticado que el Gobierno utilice la transparencia de forma selectiva, cuestionando que la nueva norma otorgue un control excesivo al Ministerio de la Presidencia sobre qué se hace público y qué no. Los populares han denunciado en diversas ocasiones la falta de consenso para una norma de esta relevancia, calificando de opacidad el hecho de que la autoridad de control recaiga bajo la estructura política directa del Ejecutivo en lugar de un órgano independiente.
La portavoz del grupo en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido que la transparencia no se limite a hitos históricos de hace cuatro décadas, sino que incluya expedientes, actas e informes relativos a la gestión actual del Ejecutivo y sus polémicas recientes, argumentando que la apertura parcial de documentos antiguos responde a una estrategia política para distraer de la actualidad administrativa.
Por su parte, Vox ha manifestado su rechazo al texto por considerar que los plazos de desclasificación propuestos son excesivos y siguen ocultando información clave de la historia reciente. Desde la formación dirigida por Santiago Abascal se ha insistido en que esta ley es una maniobra para controlar el relato histórico y han exigido que la transparencia se extienda obligatoriamente a las negociaciones con grupos terroristas.
En la misma línea de esto último, la Fundación Francisco Franco, a través de su presidente Juan Chicharro, ha apoyado la apertura de los archivos del 23-F, pero ha exigido que el mismo criterio se aplique a las negociaciones de diferentes Gobiernos con ETA: "Me parece bien esta medida; mejor aún sería una nueva Ley de Secretos Oficiales", reclamando que la desclasificación no sea parcial.
Algunas asociaciones han denunciado la celeridad administrativa en procesos paralelos de memoria democrática, acusando al Gobierno de no dejar un margen temporal razonable para articular defensas legales ante decisiones de desclasificación o ilegalización de entidades.
Ciudadanía y seguridad nacional
Félix Bolaños ha defendido que el acceso a la información es un derecho fundamental. Queremos que se apruebe, ha insistido en referencia a la ley, añadiendo que la medida implica tratar a los ciudadanos como lo que son, mayores de edad que puedan tener acceso a documentación, a información reservada, siempre que no afecte a la seguridad nacional.
Respecto a la elección de la fecha para esta desclasificación, el ministro ha aclarado que la nueva regulación en trámite propone un plazo general de 45 años para la apertura de documentos secretos. Dado que ayer se cumplió precisamente ese periodo desde el intento de golpe de Estado, Bolaños ha zanjado la cuestión afirmando que "por eso desclasificamos ahora", vinculando el gesto político con el criterio técnico que inspirará la futura ley.
