Pese a la relevancia del anuncio, los socios habituales del bloque de investidura han recibido la noticia con una mezcla de satisfacción y exigencia. Grupos como el PNV y EH Bildu han reclamado que este paso no sea un hecho aislado y sirva para desbloquear otros expedientes sensibles, como el caso Zabalza o los sucesos de Vitoria del 3 de marzo.
Por su parte, desde ERC se han mostrado más escépticos, sugiriendo que la medida podría actuar como una cortina de humo frente a otros problemas de gestión. Las diversas crisis relativas a la corrupción, la gestión de los transportes y a temas como la amnistía se acumulan al gobierno de Pedro Sánchez.
La crítica común entre las fuerzas que sostienen al Ejecutivo es la parálisis de la Ley de Secretos Oficiales. Actualmente, la reforma de esta norma, que data de la etapa franquista, se encuentra estancada en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Formaciones como Izquierda Unida y Sumar han instado a Sánchez a acelerar el trámite parlamentario para establecer un marco general que no dependa de decisiones puntuales del Consejo de Ministros.
Acceso a la información y plazos
Los detalles específicos sobre el alcance de la desclasificación se darán a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la portavoz Elma Saiz. Fuentes gubernamentales han confirmado que, una vez se haga efectiva la medida, la documentación estará disponible para consulta pública a través de la web oficial de La Moncloa.
El Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, ya había intentado impulsar la nueva Ley de Información Clasificada el pasado año, pero las discrepancias con los socios sobre los plazos de desclasificación y las sanciones han mantenido el texto congelado.
