La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció este miércoles tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario en San Sebastián de los Reyes sobre la propuesta del Gobierno de regularizar a inmigrantes en España, calificándola de “trampa política para provocar” y alertando sobre los riesgos que representa.
“Este proceso tiene miras cortoplacistas, es electoralismo, politiqueo barato, fanatismo e ilegalidad, además de ser una absoluta ocurrencia. No sabe ni siquiera las cifras de las que se están hablando; FUNCAS señala que podríamos hablar de más de 850.000 personas”, afirmó Díaz Ayuso durante su intervención, en la que estuvo acompañada por miembros de su equipo de Gobierno.
Crítica al proceso y consecuencias para la ciudadanía
La presidenta madrileña calificó la medida como una “auténtica cortina de humo” y consideró que el planteamiento es “profundamente irresponsable” por el impacto que puede tener sobre la vida de miles de personas. “Estamos hablando de vidas, de las de todos, y por eso consideramos que no hay derecho a tratarlo de esta manera”, subrayó.
Díaz Ayuso insistió en que las políticas migratorias deben gestionarse con información fiable y planificación, y no como “una maniobra política para provocar reacciones mediáticas o electoralistas”. Según la presidenta, medidas de este tipo generan confusión entre los ciudadanos y dificultan la gestión de la inmigración de manera ordenada y legal.
Contexto y repercusión
La declaración de Díaz Ayuso se produce en un momento de intenso debate sobre la regularización de inmigrantes en España, una medida que el Gobierno central ha planteado como parte de sus estrategias para regularizar a personas que se encuentran en situación irregular. La presidenta madrileña puso el foco en la falta de datos precisos y advirtió que la iniciativa podría afectar a más de 850.000 personas, según estimaciones de FUNCAS.
El Ejecutivo regional mantiene su postura de defender políticas públicas basadas en estudios rigurosos, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad jurídica y social de todos los residentes en la Comunidad de Madrid.
