El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, y ha remitido la solicitud al alto tribunal para que emita el informe correspondiente, al ser el órgano sentenciador.
La petición de indulto ha sido presentada por dos particulares, una posibilidad prevista en la legislación vigente, y ha sido trasladada por Justicia al Supremo para que manifieste su parecer. En este procedimiento, además del informe del tribunal sentenciador, deben ser oídas la Fiscalía y la parte perjudicada, antes de que el expediente continúe su tramitación administrativa.
Una condena firme y un indulto en fase inicial
Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado mes de diciembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El Supremo le consideró responsable de un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de un correo electrónico y la posterior difusión de una nota de prensa que afectaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados del tribunal, aunque contó con dos votos particulares discrepantes, firmados por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que defendieron la absolución al considerar que no se habían acreditado pruebas suficientes más allá de meras sospechas.
Pese a la condena, García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad, aún pendiente de resolución, en el que sostiene su inocencia y reivindica la actuación de la Fiscalía frente a lo que califica como ataques a su credibilidad.
El procedimiento del indulto
Si el expediente de indulto siguiera adelante tras los informes preceptivos, la concesión correspondería al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien adopta la decisión final mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido “dejar trabajar a los organismos técnicos” y evitar anticipar decisiones mientras el procedimiento se encuentra en fase inicial.
Críticas desde la Comunidad de Madrid
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza a la tramitación del indulto, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “ponerse por encima de la ley”. A su juicio, iniciar este procedimiento lanza un mensaje de presión al Tribunal Supremo y al conjunto de las instituciones judiciales.
Ayuso ha calificado de “indecencia absoluta” la posibilidad de que García Ortiz continúe en la carrera fiscal tras su condena, subrayando el impacto público y político de un caso que, según ha recordado, trascendió el ámbito nacional.
