Sociedad Civil Española ha presentado una iniciativa formal ante las instituciones europeas para denunciar lo que considera una grave vulneración del Estado de derecho en España a raíz de la Ley de Amnistía y de las actuaciones del presidente del Gobierno en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En una comparecencia pública celebrada en Madrid, Alejo Vidal-Quadras, Marcos de Quinto y Amalio de Marichalar expusieron el contenido y el alcance de una carta remitida al comisario europeo de Justicia, en la que alertan de un intento de condicionamiento político del TJUE antes de que se pronuncie sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario.
Durante el acto, Vidal-Quadras subrayó que la Ley de Amnistía supuso, a su juicio, una ruptura explícita con los principios constitucionales, al haberse aprobado con el único objetivo de garantizar la continuidad del actual Ejecutivo. En este contexto, denunció que el Gobierno ha utilizado al Tribunal Constitucional como una instancia de revisión por encima del Tribunal Supremo, alterando el equilibrio del sistema jurisdiccional previsto en la Constitución.
Presiones públicas y falta de rigor jurídico
Marcos de Quinto centró su intervención en la comparecencia del presidente del Gobierno del pasado 15 de diciembre, en la que, según explicó, anticipó públicamente el sentido del futuro fallo del TJUE, atribuyendo un aval inexistente a informes de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia. De Quinto afirmó que dichas declaraciones suponen una intromisión directa en la independencia judicial europea y un precedente de enorme gravedad para el funcionamiento del rule of law en la Unión.
Según detalló, los informes citados por el Ejecutivo no avalan la Ley de Amnistía y, en algunos casos, advierten precisamente de lo contrario: que se trata de una autoamnistía ligada a una transacción política y contraria a los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y separación de poderes.
Una carta a Bruselas y el respaldo del mundo jurídico
Amalio de Marichalar explicó que la carta enviada al comisario de Justicia recoge argumentos jurídicos elaborados por amplios sectores de la judicatura y de la abogacía española, que ya se pronunciaron de forma mayoritaria contra la amnistía. En el documento se subraya que la norma quiebra la igualdad de los ciudadanos, desacredita sentencias firmes y erosiona la confianza en las instituciones europeas.
Los promotores de la iniciativa insistieron en que su actuación no busca sustituir procesos judiciales en curso, sino denunciar públicamente una presión política sin precedentes sobre el TJUE y advertir a las autoridades europeas de las consecuencias que tendría una validación de la amnistía para la credibilidad democrática de la Unión.
Convocatoria ciudadana en Cádiz
Como continuación de esta acción institucional, Sociedad Civil Española ha convocado una concentración ciudadana en Cádiz, prevista para el viernes 30 de enero en la Plaza de España, junto al monumento a la Constitución. La elección de la ciudad responde a su valor simbólico como cuna del constitucionalismo español, desde donde se pretende reivindicar la defensa de la Constitución, la independencia judicial y el Estado de derecho.
Los organizadores hicieron un llamamiento a la participación transversal y apartidista, asegurando que la movilización está abierta a ciudadanos de distintas sensibilidades políticas unidos por la defensa de los principios democráticos.
A la espera del TJUE
Los intervinientes coincidieron en que el pronunciamiento del TJUE será determinante no solo para España, sino para el conjunto de la Unión Europea. A su juicio, una validación de la Ley de Amnistía supondría un precedente que pondría en cuestión la solidez del sistema jurídico europeo y su capacidad para frenar abusos de poder en los Estados miembros.
