En su intervención ante los medios de comunicación, Nogueras enfatizó que no quiere “pensar que se acordó ahora la regularización como cortina de humo para tapar todo el caos en materia ferroviaria”, pero sí apuntó que a juicio de su grupo político al PSOE le convenía “tapar la crisis que está viviendo Cataluña y el Estado”, en referencia a las recientes disfunciones en el servicio de cercanías y los debates alrededor de la gestión de Rodalies tras un accidente con impacto social y mediático.
La acusación se produce en un contexto de intensos debates sobre la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno y acordada con Podemos, que contempla ofrecer permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas que se encontraban en España en situación irregular antes de finales de 2025. Aunque la medida ha sido justificada por el Ejecutivo como una iniciativa de carácter humanitario y de justicia social, también ha generado críticas por parte de varios partidos de la oposición que la consideran mal gestionada o motivada políticamente.
La postura de Junts refleja una línea crítica más amplia que ya han compartido otros grupos políticos, incluidos el Partido Popular (PP), que también ha calificado la regularización como una posible estrategia para desviar la atención pública de los problemas ferroviarios en España tras recientes fallos operativos y un accidente mortal.
Fuentes parlamentarias señalan que, más allá de los reproches sobre los motivos políticos, la discusión sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes está vinculada a las negociaciones más amplias para lograr mayorías parlamentarias que permitan al Gobierno sacar adelante sus principales iniciativas legislativas, en un contexto donde PSOE, Podemos y otras formaciones buscan consolidar apoyos frente a la fragmentación política del Congreso.
