La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado el trato que reciben empresas y autónomos por parte de la Administración y la Agencia Tributaria, al considerar que “se está demostrando como una fábrica para expulsar inversiones y confianza” en España.
Estas declaraciones se produjeron durante su intervención en el ‘VII Foro Internacional’ organizado por el diario Expansión, donde la dirigente autonómica lanzó un mensaje crítico hacia la política fiscal y el funcionamiento de las instituciones públicas en relación con el tejido empresarial.
Críticas a la presión fiscal y al impacto en la inversión
Durante su discurso, Ayuso subrayó que el actual contexto político y económico está generando incertidumbre en los mercados internacionales, lo que, a su juicio, perjudica la llegada de inversiones.
En este sentido, alertó de que determinadas decisiones políticas “rompen la igualdad de todos los españoles ante la ley” y trasladan una imagen negativa al exterior. Según afirmó, este tipo de medidas provocan que España sea percibida como un país “no confiable, no creíble y no serio” por los inversores internacionales.
La presidenta madrileña insistió en que las inversiones no deben depender de intereses políticos, y criticó lo que calificó como una “voracidad fiscal” que, en su opinión, afecta directamente a la actividad económica.
Advertencia sobre el trato a empresas y autónomos
Ayuso puso el foco en la relación entre la Administración y los agentes económicos, denunciando que muchas empresas, autónomos y ciudadanos reciben un trato que dificulta su actividad.
A su juicio, esta situación no solo complica el desarrollo empresarial, sino que también afecta a la gestión de los servicios públicos, al reducir la capacidad de atracción de inversión y generación de recursos.
Asimismo, criticó que se envíe un mensaje negativo cuando, según sus palabras, “se condonan deudas a quien políticamente conviene”, lo que contribuye a deteriorar la confianza en el sistema.
Un llamamiento a replantear el modelo
La presidenta autonómica concluyó su intervención señalando la necesidad de replantear el modelo fiscal y administrativo en España, especialmente en lo relativo al trato hacia empresas y autónomos.
En este contexto, defendió que las regiones que invierten, atraen capital y gestionan el gasto público con responsabilidad no deben verse penalizadas, sino incentivadas dentro del conjunto del país.
