El Gobierno de España ha dado un paso administrativo relevante en la respuesta a las consecuencias de la DANA que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, dejando un saldo de víctimas, daños materiales y un largo proceso de recuperación todavía en marcha.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la composición y constitución de la Comisión Mixta de Recuperación de Daños, un órgano destinado a articular las medidas y las actuaciones de reconstrucción pendientes. La decisión responde a un acuerdo alcanzado entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras su encuentro del 17 de diciembre de 2025.
La creación de esta comisión se produce 15 meses después de la tragedia, un tiempo en el que la reconstrucción ha avanzado de forma desigual y donde asociaciones de afectados han expresado su frustración por la lentitud en la reparación de infraestructuras y servicios básicos.
La Comisión Mixta tendrá funciones clave en la coordinación entre la Administración General del Estado, los gobiernos autonómicos y locales, así como otras entidades implicadas en la reconstrucción. Su objetivo principal es supervisar y promover actuaciones que permitan acelerar la recuperación de espacios públicos, infraestructuras y servicios que siguen afectados por las secuelas del fenómeno meteorológico.
La DANA de octubre de 2024 fue una de las mayores catástrofes climáticas recientes en España, con inundaciones generalizadas que afectaron a carreteras, viviendas y servicios, además de causar pérdidas humanas y económicas significativas. Desde entonces, el Gobierno ha aprobado múltiples medidas y paquetes de apoyo, incluida la financiación de obras y ayudas destinadas a la reconstrucción y la prevención de futuros riesgos.
A pesar de los esfuerzos, numerosas localidades todavía enfrentan desafíos para restablecer la normalidad, y la nueva comisión se considera un instrumento para agilizar y supervisar la ejecución de medidas pendientes, potenciando la colaboración institucional y técnica entre las administraciones implicadas.
