El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reclamado este miércoles a la ministra de Vivienda que no se “acople” a las promociones impulsadas por el Ejecutivo autonómico, en alusión a las actuaciones en materia de vivienda desarrolladas en la región. Según García Martín, la ministra debería centrarse en las competencias que le corresponden y en la ejecución de los compromisos que anunció, como la construcción de las 180 000 viviendas prometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El portavoz regional ha defendido así la actuación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda, criticando lo que considera una intromisión o atención mediática de la ministra en acciones propias de la Comunidad de Madrid. García Martín ha enfatizado que esta postura responde a la falta de resultados concretos por parte del Ministerio en el cumplimiento de sus compromisos de construcción de vivienda protegida, un frente que sigue siendo objeto de debate político y social en España debido al elevado coste de la vivienda y las dificultades de acceso para amplios sectores de la población.
La crítica llega en un contexto donde las políticas de vivienda están bajo escrutinio tanto a nivel autonómico como estatal. La Comunidad de Madrid ha impulsado iniciativas propias, como el Plan Vive y un Plan de Choque de Vivienda 2026/2027 para crear más de 15 000 hogares a precio asequible mediante cambios normativos y mayor densidad edificable, medidas que forman parte de su estrategia para afrontar el desafío del acceso a la vivienda en la región.
Por su parte, desde el ámbito estatal, el Ministerio de Vivienda ha señalado que durante 2025 se promovieron alrededor de 1 600 viviendas, según declaraciones oficiales, aunque esta cifra contrasta con el volumen de actuaciones autonómicas y ha sido objeto de debate entre administraciones ante la percepción de insuficiencia de la respuesta estatal.
Los reproches de García Martín también incorporan un tono político más amplio, sugiriendo que ante la imposibilidad de obtener una mayoría electoral en la Comunidad de Madrid, ciertos actores del Gobierno central buscan interferir en las políticas autonómicas o generar polémica en lugar de enfocarse en soluciones efectivas a los problemas de vivienda.