Cuando ya, gracias a Dios, la cuenta regresiva nos lleva al fin del gobierno de Boric en Chile, las nuevas investigaciones de la Contraloría General de la República CGR, son lapidarias respecto del mal uso de los recursos del Estado. Ya nada sorprende en la forma como la pandilla gobernante ha desviado fondos provenientes de los impuestos de los chilenos, para sus propios intereses. Las apropiaciones indebidas no son patrimonio solo del gobierno de Boric, sino también, de la expresidenta marxista Michelle Bachelet. En los últimos días, un importante medio de prensa reflotó el caso de una cuantiosa deuda con el Estado, de la Fundación Salvador Allende, tras “adquirir” hace algunos años un inmueble en Santiago. La deuda no se pagó y ahora dicen, que se pagó con obras de arte, que nadie sabe dónde están y quien las tasó. La fundación es la misma que bajo el actual gobierno de Boric, estuvo a punto de defraudar al fisco, vendiendo una casa que fue de Salvador Allende y con la cual su familia se quedaría administrándola. Esto último le costó el cargo a la senadora hija de Allende y a la nieta que era ministra de defensa.
Pero los casos delictuales son muchos más. En efecto, los jóvenes delincuentes accedían a fondos del Estado para llevar adelante proyectos varios a través de fundaciones. En los últimos 24 meses ya hay procesados y otros por ser juzgados. El mas actual es el caso de una fundación llamada Pro Cultura, liderada por un psiquiatra amigo de Boric, que era casado con otra psiquiatra amiga cercana de Boric. El dinero lo obtenían del Estado para llevar adelante proyectos culturales y otros diversos, los que no se concretaban pues se robaban la plata para usos personales. La policía logró interceptar información clave que confirmaba vínculos de los responsables de los desfalcos, con el presidente de la República, pero el tema se ha centrado en si los “pinchazos” telefónicos fueron o no legales y no en el fondo del asunto. Ya antes, la exalcaldesa comunista de Santiago interactuó con una diputada comunista para favorecer a comerciantes chinos, a cambio de no se sabe qué. En paralelo, se le sigue pagando mensualmente a supuestos “exonerados políticos de la dictadura”, los cuales en un alto porcentaje resultaron ser falsos.
Para acceder al beneficio, se requería de la firma de algún parlamentario que acreditara la veracidad de lo planteado por los supuestos exonerados. Una de las que firmó más certificados fraudulentos -de los 1190 que firmó- fue la propia hija de Salvador Allende. Se pudo comprobar que al menos 9.000 de los 50.000 exonerados no eran tales y hasta la fecha siguen cobrando ellos o sus descendientes. Los robos continúan con el escandaloso caso de las licencias médicas en empresas del Estado, en que se ha descubierto que entre 2023 y 2024 unos 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país, estando impedidos por licencias médicas. Los sindicatos de profesores y de la salud, controlados por el partido comunista guardan cómplice silencio. Las denuncias continuaron esta semana con el anuncio de organismos contralores, que dan cuenta que el gobernador de Santiago habría utilizado para su campaña política recursos fiscales para hacer “coaching” , el que curiosamente hacía referencia a su propia campaña. Este tema está en desarrollo pues el afectado también está involucrado en el “caso Pro Cultura”.
El mal uso de fondos se extiende a materias culturales de todo tipo: museos de la memoria, financiamiento de películas, becas de estudio fuera de Chile y beneficios de ascenso a diplomáticos afines al régimen. Otros fraudes guardan relación con la mala gestión de Televisión Nacional de Chile que es parte del aparataje estatal para desinformar. Similar a TVE. En 2024 TVN de Chile perdió 18 millones de euros. Lo más grave de todo, guarda relación con el robo indirecto consistente en haber enchufado en el Estado de Chile a más de 120 mil funcionarios, sin adecuados procesos de selección y con sueldos de al menos el doble de lo que la mayoría de esas personas habría logrado en el sector privado. Diversos medios de prensa han revelado contrataciones de parientes cercanos de parlamentarios y dirigentes políticos afines al gobierno. En Chile, ha surgido con total descaro, una mafia que opera transversalmente en distintos ámbitos y sin remordimiento alguno.
La máxima autoridad del país declara cada vez que aparece algo nuevo, que se debe dejar operar a las instituciones y que él valida el “caiga quien caiga”. Lo real es que caen pocos y se habla mucho. Como ya lo he afirmado antes, en otras columnas, lo más probable es que en Chile gobierne a partir de marzo 2026, la oposición. Lo peligroso es que la izquierda chilena ya se prepara para destruir por todos los medios al nuevo gobierno e intentar su fracaso para volver en 2030 y recuperar los privilegios y los cargos para amigos y parientes. Boric tiene un 25% de voto duro, que incluye a los favorecidos del régimen y a los ultras, quienes están dispuestos a salir a la calle -lo que no hacen ahora- para complicarle las cosas a quien no piense como ellos. A los robos encubiertos de los progres, debemos sumar los robos que cada día sufren los chilenos en sus casas, en sus coches, en la calle o en cualquier lugar. La seguridad en Chile es historia, y de la fuerza y convicción de quien gobierne Chile, dependerá el despegue o el colapso de mi querido país.
