El debate sobre la función de nuestras Fuerzas Armadas exige una profunda reflexión. Lo que nació como una vocación de servicio público ante emergencias hoy es una distorsión de sus capacidades. En tiempos de estabilidad, el despliegue militar respondía a situaciones excepcionales. Sin embargo, la hipertrofia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) —cuya labor es impecable— opera ya de facto como un cuerpo de bomberos públicos a gran escala.
Esta dinámica desvirtúa la naturaleza castrense y deriva de un fraude competencial inadmisible. Las comunidades autónomas eluden sus obligaciones legales. La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorgan a las regiones la competencia exclusiva en protección civil y extinción de incendios. Por tanto, es una dejación de funciones que la Junta desvíe recursos hacia medidas electoralistas mientras multiplica el gasto político en consejerías y altos cargos para encajar pactos de coalición. Al mantener bajo mínimos los servicios civiles, la burocracia propia no deja de crecer.
Asistimos a un cinismo político insostenible: se fustiga al Gobierno central diariamente para marcar perfil partidista pero, en cuanto las emergencias desbordan la precariedad de sus servicios, apelan a la unidad nacional exigiendo pactos estatales. Pretenden que un gran acuerdo tape lo que ellos mismos han gestionado tarde y mal. Aquí se subvierte el verdadero sentido del patriotismo. Ser patriota no consiste en gesticular con símbolos ni en inflar la administración para colocar a socios, sino en ejercer la responsabilidad institucional: gestionar con rigor, asumir las competencias y no utilizar al Estado como un bombero gratuito. Al desatender la prevención, estas autonomías fuerzan una dependencia estructural del Ejército a coste cero para tapar sus carencias. Mientras tanto, el panorama internacional exige un cambio radical de prioridades.
En un mundo fracturado por conflictos armados, donde la geopolítica se rige por la fuerza y la disuasión militar, el Ejército español debe retomar con urgencia su función constitucional principal: la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas no son una ONG de apoyo logístico ni un retén forestal subsidiario; son el escudo de la soberanía. La política exterior de Estados Unidos deja claro que los aliados tradicionales deben asumir su propia seguridad estratégica. La disuasión autónoma es la única garantía de protección en el orden global actual. Si el Reino Unido movilizó una fuerza militar a doce mil kilómetros para defender las Malvinas demostrando su determinación, España no puede titubear a escasos kilómetros de su costa.
En este escenario de guerra latente, el control estricto de nuestras fronteras y la seguridad de los estrechos son prioridades de supervivencia. La frontera de Ceuta es el espejo de esta realidad: un enclave estratégico expuesto a una presión híbrida constante donde el despliegue militar es una lección fundamental de soberanía. Todo ocurre mientras Washington reconfigura sus alianzas en el eje de Gibraltar con nuevos socios regionales. No podemos permitirnos tener a nuestras tropas apagando fuegos provocados por la dejadez autonómica cuando el tablero exige preparación para el combate y la defensa estratégica.
Afrontar este tablero requiere una reestructuración urgente en el Consejo de Ministros para optimizar perfiles. Margarita Robles encajaría de forma ideal en el Ministerio del Interior, un departamento que exige un perfil político de peso, marcado carácter jurídico y la determinación necesaria para la seguridad interna. Por su parte, el Ministerio de Defensa debe dar un giro doctrinal definitivo. La titularidad de la cartera debe recaer en un militar profesional. Un estratega de carrera, ajeno al debate partidista, que devuelva a las Fuerzas Armadas su misión verdadera: la defensa geopolítica e innegociable de la nación.
