Dado que «hay que hacer de la necesidad virtud». La sentencia del TJUE, que debe respetarse, se refiere a aspectos concretos, pero ha reforzado el relato independentista. Desde la sociedad civil seguiremos combatiendo ese relato, no la sentencia, porque sus efectos políticos son evidentes. ¿Por qué? Porque en Europa el relato independentista ha gozado durante años de un entorno favorable. Sus propios protagonistas celebran ahora la sentencia como una victoria y una legitimación de su estrategia contra la unidad de España y su democracia. Ya ocurrió en 2017, cuando parte de la prensa internacional justificó los hechos pese a contemplarlos en directo. El contexto y el clima político han favorecido esa narrativa. La sentencia produce además un efecto añadido: fortalece la legitimación del golpismo catalán, al que se han sumado quienes defienden avanzar hacia la independencia. Quizá el presidente del Gobierno no lo previó inicialmente, pero hoy aparece nuevamente alineado con quienes promovieron el proceso secesionista. Si independentistas, Gobierno e Illa celebran la resolución, conviene preguntarse qué consecuencias políticas está produciendo.
Cuidado, además, con que esta sentencia pueda servir de precedente para que un futuro primer ministro europeo acceda al poder mediante acuerdos espurios, corruptos, fraudulentos o contrarios al Estado de derecho. El presidente del Gobierno se alineó desde el principio con la estrategia de los golpistas. En su comparecencia del 15 de diciembre de 2025 sostuvo que la amnistía era legal porque así lo había dicho el Tribunal Constitucional y afirmó que la Comisión Europea y la Comisión de Venecia avalaban su posición. Sin embargo, el informe de la Comisión Europea habla de una «autoamnistía» ligada a la investidura y sin interés general, mientras que la Comisión de Venecia advierte de su incompatibilidad con principios esenciales del rule of law. También invocó el criterio del Abogado General Spielmann, basado en la supuesta «reconciliación de Cataluña», un argumento político y no jurídico. En definitiva, el Gobierno confunde la democracia y ha priorizado los argumentos políticos frente a los jurídicos. A ello se añaden actuaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que demuestran ataques a la defensa efectiva del interés general. Esta amnistía afecta, además, a principios esenciales: la igualdad de los españoles, la tutela judicial efectiva, la independencia judicial y el respeto a las resoluciones del Tribunal Supremo, tras los indultos y la erradicación de la sedición y rebaja de la malversación. También resulta esencial recordar que el presidente del Gobierno afirmó antes de las elecciones de 2023 que la amnistía era inconstitucional y, tras los comicios, pasó a defenderla alegando la necesidad política, mientras negociaba con los independentistas. Ese cambio transgrede flagrantemente la transparencia y la legitimidad del proceso. La sentencia debe acatarse, pero ello no impide valorar el contexto en el que nació esta ley. Las instituciones europeas deben analizar el conjunto de los hechos para proteger el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Durante estos años numerosas asociaciones de la sociedad civil hemos trasladado estas preocupaciones a las instituciones europeas. Hoy conocen plenamente la situación y, por ello, reiteramos nuestra petición para que denuncien públicamente estas actuaciones de un primer ministro europeo que vulnera los principios esenciales de la democracia. Ello es inadmisible en Europa.
