El reciente informe parlamentario de Bruselas sobre el caso Barbate no es un simple tirón de orejas; se trata de una acusación en toda regla. Europa señala con el dedo al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al Gobierno por algo que en cualquier democracia seria habría provocado dimisiones inmediatas: obstruir una investigación sobre el asesinato de dos guardias civiles, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González, a manos de narcolancheros en el puerto de Barbate, con el aplauso, no lo olvidemos, de quienes desde los espigones presenciaron el crimen jaleando a los traficantes, como puede verse en los videos grabados en el lugar.
Obstrucción
El Ejecutivo español —según la misión europea— retiró pruebas fundamentales, entre ellas la lancha Zódiac en la que fueron violentamente embestidos los guardias, antes de que llegaran los eurodiputados. Es decir, se alteró claramente el escenario de los hechos. ¿Se trató de esconder la verdad? Bruselas lo llama “grave obstrucción”. A buen entendedor…
Y por si la afrenta fuera poca, el Gobierno decidió ascender y recompensar a los mandos responsables del desastroso operativo en el que murieron los agentes, gesto que Europa califica de “decisión políticamente insensible”, pero que en España se traduce mejor como una bofetada a las familias de las víctimas. Mientras los padres, esposas e hijos lloran a quienes dieron su vida en la lucha contra las bandas y los clanes del narcotráfico, Marlaska premia a los que dirigieron una operación sin medios que solo podía llevar a la tragedia, como así ocurrió.
Abandono
El caso Barbate es mucho más que un episodio siniestro; es el espejo del abandono institucional que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente las dependientes del Estado, en el sur de la península, donde los narcos imponen a tiros su ley.
Sin patrulleras adecuadas, sin unidades especializadas —tras la disolución, todavía no explicada, del dispositivo OCON-Sur que tantos éxitos tuvo— y sin un respaldo jurídico claro, los agentes quedan expuestos ante los criminales que, con armas de guerra AK-47, no dudan en disparar con intención homicida.
Europa ha tenido que venir a recordar lo evidente: quienes defienden nuestras fronteras y la seguridad ciudadana merecen respeto, medios y justicia. Un Estado que destruye pruebas traiciona a sus propios servidores.
Condena moral
El informe del Parlamento Europeo es, en definitiva, un acta de condena moral. Marlaska no debiera seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior. Pero esto, después de años de despropósitos, es una entelequia. No obstante, cada segundo que permanezca en el cargo agrandará la mancha sobre un Gobierno —otra más—, que ha preferido tapar la verdad antes que rendir cuentas. Y eso, en democracia, se llama vergüenza de Estado.
Ya lo he dicho en otras columnas de El Diario de Madrid, este ministro es un hombre sin respeto a las víctimas. Se irá con la marca del mal.
