Hoy voy a enfocar mi telescopio de prospectiva independiente en el conflicto Israel–Palestino que suele abordarse desde categorías territoriales, militares o diplomáticas. Sin embargo, su persistencia y su enorme capacidad de polarización global revelan la acción de mecanismos psicológicos profundos. Entre ellos, la disonancia cognitiva ocupa un lugar central: la tensión que surge cuando los valores que decimos defender chocan con la realidad que toleramos o justificamos.
Las sociedades, como los individuos, tienden a reducir esa tensión no revisando sus convicciones, sino reinterpretando los hechos. En los conflictos prolongados, este mecanismo se vuelve colectivo y funcional: permite convivir con la violencia mientras se preserva una autoimagen moral aceptable.
En Israel, la disonancia se expresa en la tensión entre la identidad de un Estado nacido tras una persecución histórica extrema y la realidad de ejercer poder militar prolongado sobre otro pueblo. Reconocer plenamente el sufrimiento palestino puede vivirse como una amenaza a la legitimidad moral propia, y suele neutralizarse mediante narrativas defensivas: la inevitabilidad, la ausencia de alternativas, la responsabilidad exclusiva del adversario.
En la sociedad palestina, la disonancia emerge entre una vivencia real de desposesión y humillación y la dificultad de integrar una crítica honesta a sus propios liderazgos y estrategias. La absolutización de la victimización opera como alivio psicológico y factor de cohesión, pero bloquea la autocrítica y la construcción de salidas políticas viables.
Esta dinámica se amplifica en el plano internacional, donde la disonancia cognitiva se entrelaza con intereses económicos, políticos e institucionales concretos. Gobiernos, partidos y organismos multilaterales proclaman principios universales —derechos humanos, legalidad internacional, paz— mientras los aplican de manera selectiva según alianzas estratégicas, dependencias energéticas, mercados, electorados internos o posicionamientos ideológicos.
En países europeos como España, las posiciones oficiales y gran parte del discurso político respecto del conflicto no pueden comprenderse sin atender a la lógica de la política interna, la fragmentación ideológica y la búsqueda permanente de legitimación moral ante electorados sensibles a causas simbólicas globales. En ese marco, el conflicto Israel–Palestino es utilizado con frecuencia como escenario retórico, donde la toma de posición expresa más una identidad política doméstica que un compromiso real con la resolución del conflicto o con el bienestar de las poblaciones involucradas. La condena selectiva, el uso de un lenguaje jurídico o humanitario desprovisto de consecuencias prácticas y la omisión sistemática de variables incómodas permiten reducir la disonancia entre los principios proclamados y la ausencia de responsabilidad efectiva, sin asumir costos políticos internos ni externos.
A ello se suma el papel de las grandes agencias de prensa y los medios internacionales, cuya línea editorial, selección de fuentes y jerarquización de imágenes distan de ser neutrales. La repetición de ciertos marcos narrativos —qué hechos se enfatizan, cuáles se omiten, cómo se nombran los actores— contribuye a reducir la disonancia del público consumidor, ofreciendo explicaciones claras y emocionalmente satisfactorias a costa de la complejidad. Las redes sociales intensifican este fenómeno, premiando la indignación inmediata y penalizando la ambivalencia reflexiva.
Un componente menos visible, pero decisivo, es el rol de sectores intelectuales y académicos que producen discurso público desde universidades, think tanks y centros de investigación financiados o subvencionados por gobiernos y actores no neutrales. En particular, en ciertos ámbitos universitarios de Estados Unidos y Europa, la dependencia de fondos estatales, donaciones condicionadas o marcos ideológicos institucionales genera incentivos explícitos e implícitos que limitan la pluralidad real del pensamiento. No suele tratarse de censura directa, sino de alineamientos adaptativos: algunos enfoques se vuelven premiables, otros costosos; ciertas preguntas se legitiman, otras desaparecen.
En estos contextos, la disonancia cognitiva se reduce mediante una sofisticación discursiva que reviste de lenguaje crítico, humanitario o progresista posiciones previamente determinadas. El intelectual preserva así su identidad ética, su pertenencia institucional y su capital simbólico, aun cuando el análisis resulte parcial o asimétrico. La independencia académica, principio fundante de la universidad moderna, queda entonces tensionada por intereses materiales y políticos que rara vez se reconocen de manera explícita.
En este entramado resulta ineludible considerar la influencia de formas conscientes e inconscientes de antisemitismo. Hoy el prejuicio rara vez se expresa de modo abierto; adopta formas desplazadas, políticas o simbólicas. El conflicto ofrece un terreno propicio para proyectar hostilidades históricas bajo apariencia de legitimidad moral. La demonización sistemática de Israel, la aplicación de dobles estándares exclusivos y la negación del derecho judío a la autodeterminación funcionan, con frecuencia, como mecanismos automáticos de reducción de disonancia: permiten sostener una identidad ética sin confrontar prejuicios latentes.
Distinguir entre la crítica legítima a políticas concretas —indispensable en toda democracia— y la reactivación de imaginarios antijudíos no es un ejercicio retórico, sino una exigencia ética y psicológica. La negativa a hacer esa distinción suele indicar no solo una posición política, sino una disonancia no elaborada.
Mientras la disonancia cognitiva, los intereses materiales y los prejuicios no reconocidos sigan siendo los principales filtros a través de los cuales se procesa este conflicto, la paz continuará siendo un ideal declamado, pero no internalizado. Superar esta lógica no implica neutralidad ni equidistancia, sino la capacidad madura de sostener verdades incómodas a la vez: el derecho de Israel a existir y vivir en seguridad, el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación, y la responsabilidad colectiva de revisar narrativas, intereses y cegueras morales que perpetúan la violencia.
