En los debates actuales, que han regresado debido al actuar de Isabel Diaz Ayuso, confluyen varios vectores complejos: el derecho de algunos médicos a objetar el aborto, la preocupación por una población que envejece, las barreras migratorias que cierran puertas y la cifra persistente de interrupciones voluntarias del embarazo. Estos elementos no están aislados: se entrelazan y generan choques de derechos, dilemas éticos y tensiones sociales.
El reconocimiento del aborto legal no exime que algunos profesionales sanitarios sientan que realizarlo va contra sus convicciones éticas, religiosas o morales. En España, la reforma de 2023 a la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, estableció en su artículo 19 Bis el registro obligatorio de objetores de conciencia: los médicos deben manifestar por escrito su objeción, con antelación, y ese derecho individual es explícitamente reconocido en la normativa, para que ellos no tengan que realizar dichas intervenciones quirúrgicas, además en su artículo 19 ter de la protección de datos en esas listas.
Esto con el fin de que el servicio público de aborto no quede paralizado. La ley obliga a que los servicios sanitarios se organicen de modo que el ejercicio de la objeción no afecte el acceso al aborto.
El conflicto aparece cuando, en una región o centro, casi todos los profesionales son objetores, o cuando hay resistencia política a que se registre o controle esa objeción. Algunas comunidades han cuestionado los registros por considerarlos “listas negras” o “coercitivos” para médicos. Y algunos médicos advierten que firmar un registro no implica que en la práctica no vayan a realizar abortos, solo que se reconocen como objetores públicamente.
En el fondo, hay una tensión entre dos derechos reconocidos:
- El derecho del profesional sanitario a actuar conforme a su conciencia.
- El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con acceso efectivo al aborto cuando la ley lo permita.
Ese choque debe resolverse con criterios de proporcionalidad, planificación institucional y mínimos operativos que no dejen a ninguna de las partes sin opción.
Ahora bien: este debate no ocurre en un vacío demográfico. España es uno de los países europeos con los niveles de envejecimiento más altos, tasas de natalidad muy bajas, y una población joven que cada vez representa menor proporción.
En 2024, España registró 106, 172 abortos, lo que da una tasa de 12.36 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años.(Ministerio de Sanidad). Mientras tanto, las políticas migratorias se vuelven más restrictivas; España niega o limita el acceso a inmigrantes en muchas esferas. Eso reduce el flujo de población joven que podría compensar el declive demográfico. En un contexto así, algunos argumentos proliferan en el sentido de “dar valor a la natalidad” o “defender la vida para no morir como país”, aunque más bien habría que pensar; ¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos?, ¿en que se les esta fallando a los jóvenes en esta sociedad?, y si no se resuelven y se arreglan estas preguntas, habría que considerar ¿Cuál es el inmigrante más afín al país español y su forma de ser? O si les molestaría cambiar su cultura.
Ya que el gobierno ignora que muchas mujeres abortan precisamente porque no tienen condiciones económicas, de salud, de apoyo social o estabilidad para traer un hijo. Restringir el aborto no crea automáticamente más nacimientos de calidad, sino que puede llevar a embarazos forzados en contextos de precariedad o a clínicas ilegales o medios riesgosos.
Si en una comunidad, por ejemplo, la mayoría del personal sanitario es objetor y no hay médicos no objetores suficientes, la prestación queda de facto suprimida.
El discurso que relaciona el aborto con el “hundimiento demográfico” suele ignorar las causas profundas del declive poblacional.
Hablar de esto es afirmar que los derechos no son absolutos en todo momento, pero que su colisión debe resolverse con justicia, no con imposición de uno sobre otro. En un país que envejece y se cierra a la inmigración, hay preguntas serias que deben plantearse y resolverse, más allá de las objeciones de Ayuso.
