Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluida la Comunidad de Madrid, han remitido una petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando la convocatoria extraordinaria y urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, tras la cancelación unilateral de la reunión prevista para el pasado 22 de julio. En su misiva, las consejerías de medio ambiente de 13 comunidades y ciudades autónomas acusan al Ejecutivo central de actuar con "arbitrariedad e injustificación" al suspender la sesión y de ignorar el reglamento que rige la convocatoria de este órgano.
El texto, respaldado por Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, sostiene que la suspensión de la conferencia se ha fundamentado en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, un argumento que, a juicio de los firmantes, no impide ni afecta a los puntos clave que se iban a tratar, como la aprobación del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo.
Según las comunidades, ese informe —obligatorio bajo la Directiva Hábitat de la Unión Europea— debe presentarse antes del 31 de julio, independientemente de la situación legal del lobo como especie protegida. En este sentido, los gobiernos regionales recuerdan que el informe no está vinculado a la consideración del lobo como especie con protección especial y que su aprobación es un deber técnico, no político, que no puede aplazarse sin poner en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales.
En la carta remitida al Ministerio, los firmantes también denuncian que la negativa a celebrar la conferencia va en contra del artículo 12 del Reglamento de la Conferencia Sectorial, que permite a un número suficiente de comunidades autónomas solicitar una reunión extraordinaria. En este caso, ese umbral ha sido superado con creces.
Además del informe sexenal, el orden del día previsto incluía acuerdos urgentes como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, recursos destinados a inversiones clave en biodiversidad y lucha contra el cambio climático. La cancelación de la sesión impide avanzar en estas asignaciones, lo que según las comunidades pone en peligro la ejecución de proyectos esenciales en sus territorios.
Ante esta situación, las regiones del PP han advertido al Ministerio de que, si en un plazo de dos días hábiles no se atiende su solicitud, se reservan el derecho a emprender acciones legales para forzar la convocatoria de la conferencia. Esta advertencia marca un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP, especialmente en materias como medio ambiente, gestión de fauna salvaje y conservación del territorio rural.
La situación del lobo ibérico ha sido motivo de controversia desde que el Gobierno lo incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que impide su caza incluso en áreas donde las poblaciones han aumentado y han generado conflictos con la ganadería extensiva. Las comunidades firmantes han sido especialmente críticas con esta decisión y reclaman mayor margen de maniobra para gestionar el equilibrio entre conservación y actividad económica rural.
Con la fecha límite del 31 de julio cada vez más próxima, la respuesta del Ministerio a esta nueva exigencia se vuelve clave para evitar una nueva confrontación institucional y asegurar que España cumpla sus obligaciones en materia de conservación de especies y biodiversidad.