La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha presentado un escrito formal ante el Ministerio del Interior para reclamar información detallada sobre los dispositivos de seguridad desplegados durante la pasada Vuelta Ciclista a España. La organización denuncia que la planificación fue “claramente insuficiente” y provocó una “grave situación de riesgo” tanto para los corredores como para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de para la ciudadanía.
El documento, firmado por el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, subraya que las protestas registradas durante la competición —algunas alentadas, según la asociación, por “diferentes cargos públicos” en relación con las acciones del Gobierno de Israel— interfirieron en el desarrollo de la carrera y obligaron a suspender la última etapa y la ceremonia final en Madrid.
Dispositivo “absolutamente insuficiente”
JUCIL critica con dureza la gestión de la seguridad, señalando que los agentes confirmaron falta de medios y efectivos para contener a los grupos radicales que se sumaron a las protestas. “Las instrucciones y órdenes no se ajustaban a las necesidades operativas”, advierte la asociación, que lamenta la ausencia de firmeza a la hora de frenar a quienes desobedecieron a las fuerzas de seguridad, provocando disturbios y enfrentamientos.
Información solicitada al Ministerio
La asociación ha requerido al Ministerio un amplio conjunto de datos para evaluar posibles acciones:
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Copias de atestados e informes de incidentes de todas las etapas.
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Detalle de identificaciones y denuncias penales o administrativas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad o resistencia.
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Número de efectivos planificados y posteriores refuerzos.
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Dispositivo y órdenes específicas para la etapa final en Madrid.
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Relación de agentes heridos o lesionados durante los incidentes.
Riesgo para la seguridad de los agentes
JUCIL concluye que esta petición busca proteger a los guardias civiles, cuya vida e integridad física se vieron comprometidas. En su comunicado, advierte que la falta de planificación adecuada y la permisividad hacia las protestas suponen un grave riesgo laboral y profesional para los efectivos de la Benemérita.
