El Centro Vida Nueva de Navarra atraviesa probablemente el momento más delicado de sus cuatro décadas de existencia. Tres antiguas usuarias han presentado denuncias que se tramitan conjuntamente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona y en las que se investigan hechos susceptibles, según los autos conocidos por Newtral, de integrar hasta diez posibles delitos, entre ellos detención ilegal, coacciones, torturas, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra la integridad moral, extorsión y organización criminal. La causa se encuentra en fase de investigación y no existe, por tanto, una resolución judicial que declare probadas esas acusaciones.
Las informaciones parten de una investigación publicada inicialmente por Newtral en febrero, sustentada en los testimonios de cinco antiguas residentes y en documentación recabada por ese medio. Posteriormente, la investigación tuvo amplia repercusión en programas y espacios informativos de laSexta. Las denunciantes describen, entre otras conductas, encierros, trabajos sin remuneración, presión religiosa, exorcismos, prácticas destinadas a modificar la orientación sexual y condicionamientos sobre las relaciones sentimentales.
Vida Nueva lo niega. Todo.
Es en ese escenario en el que El Diario de Madrid entrevista a Josué Nasarre, portavoz del centro, para conocer extensamente una versión que hasta ahora, sostiene la entidad, no ha tenido una exposición equiparable a la de quienes la acusan.
Pero el conflicto posee también una vertiente administrativa que conviene separar de la investigación penal. El Gobierno de Navarra revocó en abril la autorización de Vida Nueva como servicio residencial de inclusión social y lo excluyó del Registro de Servicios Sociales. La decisión no supone el cierre del centro ni impide su actividad privada. Y tampoco se adoptó como consecuencia de que la Administración hubiera constatado los posibles delitos que ahora investiga el juzgado. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, explicó ante el Parlamento que las seis inspecciones practicadas desde 2016 «nunca» habían detectado un ilícito penal.
La revocación sí responde, sin embargo, a incumplimientos administrativos. La Administración había requerido a Vida Nueva que adaptara sus habitaciones al máximo de dos plazas establecido por el Decreto Foral 92/2020 y modificara determinados aspectos de sus normas de ingreso y de la documentación médica solicitada. Tras comprobar en diciembre de 2025 que esas modificaciones no se habían efectuado, inició el procedimiento de revocación que culminó mediante una orden foral de 8 de abril de 2026.
Esa precisión resulta relevante porque la versión trasladada por Nasarre durante esta entrevista atribuye fundamentalmente el conflicto administrativo al número de personas por habitación. La documentación pública muestra que no fue el único requerimiento formulado al centro.
Con esas cuestiones sobre la mesa, Vida Nueva responde.
“Surgimos porque había personas a las que nadie podía ofrecer un acompañamiento las 24 horas”
Para comprender lo que está ocurriendo ahora, quizá debamos empezar por explicar qué es Vida Nueva y de dónde procede.
Vida Nueva comenzó a mediados de los años ochenta. Surge de una necesidad muy concreta que llegaba a una pequeña parroquia evangélica de barrio. Éramos una comunidad muy pequeña y aparecían personas que necesitaban mucho más que alimentos o una ayuda puntual.
En aquel momento el gran problema era la heroína. Además, aproximadamente la mitad de quienes ingresaban eran seropositivos, en una época en la que existía muchísimo desconocimiento sobre el sida. Había personas que necesitaban un lugar donde dormir, ducharse, comer y, sobre todo, un acompañamiento prácticamente las 24 horas.
Se alquilaron inicialmente un par de pisos, uno para hombres y otro para mujeres. Algunas familias y personas de la iglesia comenzaron a vivir con ellos para acompañarlos. Así nació de una manera muy informal lo que terminaría siendo Vida Nueva.
La propia memoria de la entidad sitúa el origen del proyecto en 1985 y la constitución de la Asociación Cristiana Vida Nueva en 1988. Actualmente se define como una organización privada sin ánimo de lucro orientada a la acogida, rehabilitación y reinserción de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social.
El perfil de las personas atendidas hoy tiene poco que ver con el de los años ochenta.
Ha cambiado muchísimo. La heroína disminuyó mucho, afortunadamente, pero fueron apareciendo otros consumos, desde alcohol hasta diferentes drogas, y también muchos problemas de salud mental.
Vemos personas con depresión, ansiedad o situaciones que requieren mucho más que una intervención ambulatoria. Después aparecieron también otras necesidades sociales, familias que necesitan acogida o personas en situaciones muy distintas de vulnerabilidad.
Nuestra máxima siempre ha sido sencilla: si una persona necesita ayuda y nosotros podemos ofrecérsela, debemos intentar hacerlo.
La Memoria 2025 muestra esa diversificación. Ese año Vida Nueva declara haber atendido a 140 personas en sus programas residenciales: 47 en acogida, 44 en trastornos por dependencia, 17 en trastorno mental, 13 en trastorno dual, 13 en residencia temporal, cinco en acogida familiar y una en acogida externa. Además, registra 88 intervenciones en su Gabinete Vida.
El centro asegura que, desde su creación, ha atendido a 1.155 personas. Según los datos facilitados por la propia entidad después de esta entrevista, su tasa media de permanencia en los programas se sitúa en el 63%, aunque varía de manera significativa en función del tipo de intervención. Es un dato interno facilitado por Vida Nueva y no consta en la documentación consultada por este periódico una auditoría externa específica que permita verificarlo.
“Somos cristianos y no lo escondemos, pero nadie tiene que hacerse cristiano”
Una característica fundamental de Vida Nueva es su identidad cristiana. ¿Hasta dónde condiciona el tratamiento o la vida diaria de quien ingresa?
Somos cristianos y no lo escondemos. Nuestro lema es «porque nada hay imposible para Dios». Eso significa que partimos de la convicción de que una persona puede salir adelante incluso cuando su situación parece prácticamente imposible.
Pero una cosa es que nosotros seamos cristianos y otra muy distinta obligar a alguien a serlo.
Los responsables sí son cristianos. Es lógico que la vida diaria tenga esa influencia y es cierto que algunas personas, al convivir con los responsables, se acercan al cristianismo. Hay peronas que terminan su proceso aquí, se marchan y no son cristianas. Nadie tiene que convertirse para permanecer aquí ni para recibir el alta.
La propia documentación institucional define expresamente los «principios cristianos» como fundamentos de la entidad. Al mismo tiempo, señala entre sus valores la ayuda a cualquier persona sin condicionantes económicos, culturales o ideológicos y el respeto, la confidencialidad y la profesionalidad.
Una de las acusaciones más graves formuladas por antiguas residentes es que existían situaciones de encierro y control de la libertad. ¿Puede marcharse una persona cuando quiere?
Sí. Absolutamente. Las puertas están abiertas tanto para entrar como para salir. De hecho, es más complicado entrar que salir, porque para ingresar tienes que aportar documentación, análisis y pasar entrevistas.
Para marcharte basta con comunicarlo al responsable que tienes asignado. Evidentemente, si alguien dice que quiere irse hablamos con esa persona. Intentamos entender por qué: si está pasando por un mal momento, si ha recibido una mala noticia o si ha perdido la esperanza. Tratamos de orientarla.
Pero si después de hablarlo dice que quiere marcharse, se marcha.
Puede hacerlo ese mismo día. Firma un documento de alta voluntaria para que quede registrado y normalmente la llevamos donde necesite: a la estación de autobuses, con un familiar o a otro alojamiento.
El manifiesto aportado a este periódico y fechado el 10 de mayo está suscrito por 105 antiguos usuarios que aseguran que ingresaron voluntariamente, que nunca fueron retenidos contra su voluntad y que fueron ellos quienes decidieron cuánto tiempo permanecer en el centro.
Ese documento constituye el testimonio colectivo de quienes lo firman y aunque no invalida por sí mismo los relatos de las denunciantes, niegan todas las acusaciones y difamaciones al centro. Del mismo modo que las denuncias existentes tampoco permiten concluir, mientras el procedimiento judicial continúe abierto, que las conductas investigadas se produjeran de forma generalizada o en los términos descritos.
"No hacemos exorcismos; oramos con las personas que quieren hacerlo"
Las informaciones publicadas hablan expresamente de exorcismos. ¿Se practican en Vida Nueva?
No hacemos exorcismos. Lo que hacemos es orar. Puede haber una persona que necesita ayuda y le preguntamos si quiere que oremos por ella. Si quiere, oramos.
Pero se hace con respeto y tranquilidad. No hacemos conjuros, ni espectáculos, ni gritos, ni nada semejante a lo que se ha contado.
¿Puede existir alguna forma de presión para que alguien participe?
No. Si una persona quiere, se ora con ella. Y si no quiere, no.
Las antiguas usuarias entrevistadas por Newtral describen una experiencia completamente diferente y afirman haber sido sometidas a prácticas que califican de exorcismos. Son versiones frontalmente contrapuestas cuya valoración última forma parte del conflicto actualmente abierto.
"Aquí no se realizan terapias de conversión"
Otra de las cuestiones particularmente graves es la acusación de que Vida Nueva habría desarrollado prácticas destinadas a modificar la orientación sexual.
Eso no se hace. En Vida Nueva ingresan personas homosexuales, bisexuales y de cualquier otra condición, igual que ingresa cualquier persona. Pero nadie ingresa aquí para cambiar su orientación sexual.
Una persona entra porque tiene un problema de drogadicción, una depresión grave, ansiedad o alguna de las situaciones para las que existe el centro.
Nosotros trabajamos con el problema por el que ha ingresado y con las causas que puedan estar detrás de ese problema. Pero no trabajamos para modificar la orientación sexual.
¿Y si una persona pidiera expresamente hacerlo?
No podría ingresar para eso, porque Vida Nueva no es un centro para cambiar la orientación sexual. No practicamos terapias de conversión.
Este punto se encuentra entre los más controvertidos de las investigaciones publicadas. Newtral afirma que realizó durante su investigación una llamada anónima en la que una responsable del área de mujeres respondió afirmativamente al ser preguntada por una supuesta posibilidad de dejar de sentir atracción por otras mujeres, una conversación que el medio interpreta como indicativa de prácticas incompatibles con la versión que ahora ofrece Vida Nueva.
La entidad rechaza esa interpretación y sostiene que no existe un programa ni una intervención destinada a modificar la orientación sexual.
También se habla de matrimonios promovidos o impuestos entre personas relacionadas con el centro.
Eso es completamente falso. Esto es un centro de rehabilitación, no una agencia matrimonial. Cada persona se casa con quien quiere y si quiere.
Nunca se ha exigido a nadie casarse para obtener el alta de un programa. Puede suceder que dos personas que se han conocido aquí terminen formando una pareja. La gente normalmente conoce a sus parejas en los lugares en los que vive o se relaciona.
Pero que dos antiguos internos se casen no significa que alguien les haya dicho que tienen que hacerlo.
Las denuncias conocidas judicialmente sostienen justamente lo contrario en algunos casos. Una de las denunciantes afirma haber sufrido presión para mantener una relación sentimental y contraer matrimonio con un miembro de la iglesia vinculada al centro.
Será el procedimiento judicial, en aquello que forme parte de su objeto, el que deba determinar si esos relatos encuentran respaldo probatorio suficiente.
“No se maltrata a los niños y nunca se pone una mano encima a un menor”
En algunas de las informaciones se describen también supuestos castigos o malos tratos a menores.
Eso es una barbaridad. Aquí los niños nunca están ingresados solos. Están con uno de sus progenitores, que en la práctica suele ser la madre.
Se trabaja mucho precisamente con la familia: ayudar a una madre a cuidar correctamente a sus hijos, mejorar comportamientos, resolver problemas familiares… siempre con paciencia y respeto.
Un responsable nunca ha puesto una mano encima a un niño.
En 2025, la memoria de Vida Nueva contabiliza 18 menores acompañados atendidos en el centro.
¿Quién supervisa profesionalmente las intervenciones?
Lo primero que hay que aclarar es que Vida Nueva no es un centro sanitario. Somos un centro social de acogida.
Por eso tenemos las titulaciones y profesionales que exige la legislación para ese tipo de centro. Cuando una persona tiene necesidades sanitarias utilizamos y nos coordinamos con el sistema público de salud.
Además, con los años hemos incorporado profesionales sanitarios porque nos resultaban muy útiles: médicos, enfermería, psiquiatría y otras especialidades. Muchos colaboran voluntariamente.
La Memoria 2025 contabiliza 18 personas en plantilla, con una antigüedad media de 14 años, y describe un modelo de intervención que combina funciones educativas, sociales, de acompañamiento, coordinación y gestión. Registra también 497 participaciones de personas voluntarias durante aquel ejercicio.
La entidad cuenta, además, con un servicio sanitario diferenciado, Gabinete Vida, inscrito —según su memoria— en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios con el número C03108 y dedicado a medicina general, psiquiatría y pediatría. En 2025 declara haber realizado 88 intervenciones.
Las inspecciones: qué encontró realmente el Gobierno de Navarra
Usted señala que Vida Nueva ha sido inspeccionado regularmente. ¿Qué controles han tenido?
Durante muchos años hemos tenido inspecciones prácticamente todos los años. Entran en todo, revisan instalaciones, habitaciones, cocina, expedientes y entrevistan a usuarios.
El propio Gobierno de Navarra ha manifestado que no había detectado ningún ilícito penal.
Esa afirmación está respaldada por la comparecencia parlamentaria de la consejera Carmen Maeztu. El 16 de junio explicó que Derechos Sociales había realizado seis inspecciones desde 2016 y que en ellas «nunca se ha detectado ningún ilícito penal». Añadió igualmente que el departamento no había recibido durante ese periodo «ninguna queja», «denuncia» o «reclamación» de usuarios relacionada con los hechos posteriormente difundidos por los medios.
Pero las inspecciones sí encontraron incumplimientos administrativos.
El informe correspondiente a la visita del 16 de diciembre de 2025 constató que entonces residían en el centro 29 hombres, 14 mujeres y seis menores y consideró adecuadas las condiciones de iluminación, ventilación, orden y limpieza de las instalaciones. También verificó que seguían existiendo habitaciones triples y cuádruples y que no se habían introducido todas las modificaciones requeridas en la documentación médica de ingreso.
“Preferimos mantener nuestro modelo de acompañamiento”
Vida Nueva ha perdido su autorización como centro residencial de inclusión social. Usted relaciona esa decisión con la distribución de las habitaciones.
Sí. La nueva normativa establece un máximo de dos personas por habitación y nosotros tenemos algunas habitaciones de tres o cuatro personas.
No es porque queramos hacinamiento. Son habitaciones grandes y esa distribución forma parte de nuestro modelo de acompañamiento.
Una persona que acaba de ingresar puede estar muy vulnerable y consideramos positivo que tenga cerca a otras personas que llevan más tiempo y pueden acompañarla. Lo mismo sucede con una madre que ingresa con varios niños pequeños: entendemos que en determinadas situaciones es mejor que permanezcan juntos.
Pedimos que la normativa contemplara nuestra forma de funcionamiento o que se estableciera alguna excepción, pero no fue posible.
Preferimos mantener ese modelo aunque suponga funcionar fuera de esa homologación y seguimos recurriendo porque creemos que la norma debería contemplar estas situaciones.
Aquí conviene precisar nuevamente la versión con la documentación administrativa. El Gobierno de Navarra confirma que el número de camas constituye uno de los motivos centrales, pero no el único. Desde 2022 reclamaba también modificar aspectos de la normativa de ingreso y dejar de solicitar determinados datos e informes médicos. Al comprobar en diciembre de 2025 que no se habían realizado las adaptaciones exigidas, inició el expediente, y una orden foral del 8 de abril de 2026 revocó finalmente la autorización.
La revocación no significa que Vida Nueva haya sido clausurado: supone que deja de estar reconocido como servicio de la Red de Servicios Sociales e inscrito en su registro.
¿Ha enviado el Gobierno de Navarra personas a Vida Nueva?
A lo largo de los años hemos trabajado y nos hemos coordinado con Servicios Sociales, Salud, prisión y diferentes organismos públicos. Hemos recibido personas cuya situación había sido tratada previamente por profesionales públicos.
Pero no somos un centro concertado.
Este es otro punto en el que existe una diferencia terminológica relevante. El Gobierno de Navarra sostiene que Vida Nueva nunca ha tenido plazas concertadas ni existe un protocolo formal y consensuado de derivación desde Derechos Sociales o Salud. Sin embargo, el acta de inspección de diciembre recoge que el contacto con el centro se produce tanto a iniciativa de las propias personas como mediante «derivación de los servicios sociales de base, de hospitales o de centros de salud».
La Memoria 2025 de la propia asociación asegura, además, que mantiene colaboración con servicios sociales de base y recoge 48 solicitudes de derivación procedentes de 36 entidades diferentes, 32 de Navarra y 16 de otras comunidades autónomas.
Vida Nueva mantiene asimismo, según la memoria, una colaboración de más de tres décadas con el Centro Penitenciario Pamplona I, en coordinación con el Centro de Inserción Social y la Junta de Tratamiento.
Por tanto, lo acreditado documentalmente permite distinguir entre ausencia de concierto o protocolo oficial de derivación y la existencia de orientaciones, contactos o solicitudes realizadas por profesionales e instituciones públicas.
Otra de las cuestiones que aparece continuamente en las informaciones es la financiación pública.
Sí recibimos subvenciones públicas, como muchas entidades sociales. Pero no vivimos fundamentalmente del dinero público.
Los datos aportados por la asociación permiten cuantificarlo. La Memoria 2025 declara 1.581.413,12 euros de ingresos, de los cuales 593.988,23 procedieron de recursos propios; 111.246,46, de aportaciones de usuarios; 110.136,63, de financiación pública, y 766.041,80, de financiación privada. De acuerdo con esas cuentas, la financiación pública representó aproximadamente un 6,96% de los ingresos declarados.
La memoria consigna, entre otras subvenciones, 61.649 euros del Gobierno de Navarra, 43.268,24 euros del Plan Integral de Impulso a la Economía Social y 2.607 euros del Ayuntamiento de Pamplona. Newtral ha documentado además otras ayudas estatales concedidas a la entidad.
La Memoria recoge unos gastos totales de 1.408.223,63 euros, repartidos entre funcionamiento, personal y amortizaciones.
“Trabajamos con las causas para intentar evitar que una persona vuelva a caer”
¿Cómo es exactamente el programa?
Una característica nuestra es que no queremos limitarnos al problema visible.
Imaginemos una drogodependencia. Que una persona deje de consumir mientras está dentro está bien, pero la cuestión es por qué llegó a consumir.
Una persona puede haber empezado porque sufría acoso, otra por depresión, otra por integrarse en un grupo, otra por problemas familiares. Si no trabajas también aquello que provocó la drogadicción, cuando la persona salga puede encontrarse otra vez exactamente ante el mismo problema.
Por eso nuestros programas pueden ser largos. Queremos que la persona adquiera herramientas y patrones con los que enfrentarse después a su vida.
La Memoria 2025 divide la intervención en tres etapas: adaptación, rehabilitación y reinserción. Durante la última se incorporan progresivamente el empleo, las salidas de mayor duración al entorno familiar y un seguimiento de los problemas que puedan aparecer en la vida laboral y personal.
¿Qué resultados obtienen?
Nuestra tasa de recaída entre las personas que llegan a terminar el programa es muy baja porque intentamos trabajar precisamente esas causas.
Hacemos seguimiento durante cinco años siempre que resulta posible.
Vida Nueva asegura que, a 31 de diciembre de 2025, el 94% de las personas que habían obtenido un alta de programa y sobre las que se realizó seguimiento durante cinco años permanecían sin recaída. La cifra aparece expresamente recogida en la Memoria 2025 de la asociación.
Debe interpretarse correctamente: no significa que el 94% de todas las personas que ingresan en Vida Nueva complete con éxito el programa, sino que se refiere a quienes obtuvieron el alta y fueron objeto del seguimiento indicado.
La entidad facilita otro dato adicional: una tasa media de permanencia del 63%, con diferencias entre programas. El porcentaje sería inferior en drogodependencias y superior, por ejemplo, en acogida familiar. Al igual que la cifra acumulada de 1.155 personas atendidas desde su creación, se trata de datos suministrados por Vida Nueva para esta entrevista que El Diario de Madrid no ha podido contrastar mediante una fuente estadística independiente.
Frente a las denunciantes, ustedes han impulsado un manifiesto de antiguos residentes.
Sí. Y para nosotros es muy importante porque son personas que han vivido aquí. Algunas hace muchísimos años.
Hay gente con la que llevábamos veinte años sin contacto que nos ha escrito después de ver lo publicado para decirnos que quieren ayudarnos y contar su experiencia.
El manifiesto entregado a este periódico está fechado el 10 de mayo y firmado nominalmente por 105 antiguos usuarios, con estancias que, según el documento, abarcan desde 1988 hasta la actualidad.
Los firmantes sostienen que llegaron al centro en situaciones de adicción, problemas de salud mental, violencia, crisis familiares o exclusión; afirman haber ingresado voluntariamente y describen el trato recibido como respetuoso. También aseguran que las colaboraciones posteriores realizadas por algunos antiguos usuarios fueron voluntarias y no impuestas.
El documento declara expresamente que sus firmantes quieren contrarrestar las acusaciones difundidas y que algunos de ellos trataron previamente de trasladar su experiencia a medios de comunicación sin obtener respuesta.
Nuevamente, esos testimonios forman parte de la realidad del caso, pero no permiten desacreditar automáticamente los de las tres denunciantes ni sustituyen la investigación judicial en curso.
“Lo más doloroso es que algunas denunciantes fueron personas muy queridas aquí”
¿Cómo ha vivido el equipo todo lo publicado durante estos meses?
Ha sido muy duro. No estamos hablando de personas que estuvieron tres meses y desaparecieron. Algunas estuvieron mucho tiempo y fueron personas muy queridas por responsables que convivieron con ellas, que dedicaron cientos de horas a ayudarlas.
Que alguien con quien has tenido una relación así haga después acusaciones de esta gravedad duele muchísimo.
Además, aquí hay personas que han dedicado su vida a atender a gente muy vulnerable. Tienen salarios de convenio, muchos han renunciado a otras posibilidades profesionales y algunos incluso aportan de sus propios recursos para ayudar.
Por eso todo esto les está afectando personalmente.
Ustedes hablan directamente de una campaña de difamación.
Sí. Creemos que existe desde hace aproximadamente diez años un pequeño grupo de personas que se fue organizando en redes sociales y comenzó a decir cosas falsas sobre nosotros.
Ahora esas acusaciones han encontrado mucha más repercusión mediática.
Las denunciantes y los medios que han investigado el caso rechazan esa interpretación. Newtral sostiene que ha contrastado los testimonios con documentación, fuentes independientes y otros elementos de verificación.
“Hemos invitado a los medios a venir, entrar y entrevistar a quien quieran”
Una de sus principales críticas se dirige al tratamiento mediático.
Sí. Nosotros hemos invitado a periodistas a venir aquí.
Les hemos dicho: venid, conoced el centro, entrevistad a quien queráis, hablad con los usuarios y sacad después vuestras propias conclusiones.
Hemos invitado a Newtral, a laSexta y a otros medios. Nosotros queremos que se conozca el centro.
¿Qué esperan ahora del procedimiento judicial?
Que se pueda conocer la verdad. Nosotros negamos las acusaciones y queremos que todo pueda aclararse. Hasta ahora se han difundido afirmaciones gravísimas que han causado mucho daño al centro y a personas concretas.
Confiamos en poder defendernos con todas las garantías.
El estado procesal obliga a mantener una cautela fundamental. El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona tramita conjuntamente tres denuncias y desarrolla diligencias para determinar si los hechos denunciados pueden constituir los distintos ilícitos mencionados en los autos. Que exista una investigación judicial no implica que los hechos se consideren probados ni anticipa el resultado del procedimiento.
De igual manera, que las inspecciones administrativas realizadas desde 2016 no hayan detectado ilícitos penales tampoco permite concluir qué sucedió o dejó de suceder en cada una de las situaciones personales que ahora investiga el juzgado.
Ese será precisamente el terreno que deberá esclarecer la Justicia.
Cuarenta años, 1.155 personas y dos relatos radicalmente enfrentados
Vida Nueva llega así a su cuadragésimo aniversario bajo una situación excepcional. Por un lado están tres denunciantes que han acudido a los tribunales, otras antiguas residentes que han trasladado a Newtral relatos muy graves y una investigación judicial ya abierta. Por otro, una entidad que rechaza íntegramente esas acusaciones, unas inspecciones administrativas que no detectaron ilícitos penales y 105 antiguos usuarios identificados con nombre y apellidos que han firmado un documento público defendiendo una experiencia diametralmente distinta.
En medio queda una realidad administrativa menos binaria: el Gobierno navarro nunca tuvo plazas concertadas con Vida Nueva, pero existe constancia documental de contactos y orientaciones de profesionales públicos hacia el centro; las inspecciones no detectaron delitos, pero sí incumplimientos administrativos; y su baja del Registro de Servicios Sociales no deriva de las denuncias penales, aunque sí impide que continúe funcionando con el reconocimiento administrativo que mantuvo durante años.
También quedan los números que proporciona la asociación: 140 personas atendidas durante 2025, 18 trabajadores en plantilla, 497 participaciones de voluntariado y 10 altas de programa ese año. Su memoria sitúa la capacidad residencial en 155 plazas.
Y queda el dato que Vida Nueva exhibe como principal aval de su modelo: un 94% de personas sin recaída cinco años después entre quienes culminaron el programa y fueron objeto de seguimiento. Es un indicador elaborado por la propia organización, no una evaluación clínica independiente.
Las acusaciones judiciales, por su parte, son extraordinariamente graves, pero siguen siendo acusaciones.
Entre unas y otras afirmaciones hay ahora un procedimiento judicial abierto. Será ahí donde deberán contrastarse pruebas, declaraciones y responsabilidades. Entretanto, el deber periodístico consiste en algo anterior y bastante más sencillo: no convertir una denuncia en una sentencia, pero tampoco una defensa en una absolución.
Y escuchar a todas las partes.
