Miguel Garrido de la Cierva lleva cuatro décadas vinculado al mundo de la empresa y conoce también el funcionamiento de la Administración. Desde la presidencia de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, reclama un mayor reconocimiento social para quienes arriesgan su patrimonio, crean empleo y sostienen, junto con sus trabajadores, buena parte de los ingresos públicos.
En esta entrevista con El Diario de Madrid, Garrido defiende que el beneficio empresarial no solo es legítimo, sino necesario para garantizar nuevas inversiones, empleo e innovación. También analiza las razones que han convertido a Madrid en uno de los principales polos económicos de Europa, su creciente posición como puente entre Hispanoamérica y el mercado europeo y las decisiones que debería adoptar España para recuperar competitividad.
El presidente de CEIM se muestra especialmente crítico con la proliferación normativa, los largos plazos administrativos y un sistema que, a su juicio, no explica suficientemente a los ciudadanos cuánto aportan empresas y trabajadores al sostenimiento de los servicios públicos. También reclama medidas concretas frente al aumento del absentismo laboral y una educación que enseñe a los jóvenes no solo a buscar trabajo, sino también a crear empresas.
Después de cuatro décadas viviendo la empresa desde dentro y de haber conocido también la Administración, ¿qué significa para usted ser empresario?
Ser empresario es, ante todo, una responsabilidad. Es una responsabilidad ante tu propia familia, porque en un momento determinado decides arriesgar, comprometer tu patrimonio y, muchas veces, también el de las personas que te han apoyado. Incluso puedes hipotecar tu futuro para poner en marcha un proyecto sobre el que no tienes ninguna garantía de éxito, sino únicamente una expectativa.
Evidentemente, quien crea una empresa lo hace para ganar dinero. Eso es legítimo y es bueno, aunque no siempre se consiga. Cuando una empresa funciona, además de beneficiar a quien ha asumido el riesgo, realiza una aportación muy importante al conjunto de la sociedad: paga salarios, ofrece productos y servicios, innova, paga impuestos y genera actividad económica.
Desde el momento en que una persona tiene una empresa, asume también la responsabilidad sobre otras muchas personas. Tiene que responder ante sus trabajadores, cumplir los contratos, atender los avales y la financiación, pagar a clientes y proveedores y hacer frente a todos los compromisos adquiridos. Es una responsabilidad enorme que no siempre recibe el reconocimiento que merece.
¿Han fallado también los propios empresarios al explicar esa aportación a la sociedad?
Durante mucho tiempo, las empresas y los empresarios hemos permanecido demasiado en silencio. Nos hemos apartado del foco mediático, hemos tenido miedo a la opinión pública y muchas veces se ha preferido que nadie hablara de nosotros.
Pero vivimos en una sociedad en la que, si tú no explicas lo que haces, otros lo explicarán por ti y probablemente lo harán de una forma que no coincide con la realidad ni con tu posición. Por eso, muchas empresas han empezado a cambiar ese modelo, a dar la cara y a contar lo que hacen y lo que aportan.
En CEIM también hemos asumido ese papel, especialmente durante los últimos diez años, porque hay empresas que prefieren que seamos sus representantes quienes defendamos sus intereses y expliquemos sus posiciones. El resultado está siendo positivo.
De hecho, creo que la percepción social del empresario está mejorando. En un estudio reciente de CEIM se refleja que una parte importante de la sociedad comparte ya que las empresas son fundamentales para el bienestar y el progreso económico.
¿La pandemia cambió esa percepción?
La pandemia marcó un antes y un después porque humanizó mucho a las empresas, especialmente a las pequeñas.
Cuando alguien escucha que ha cerrado una fábrica situada en un polígono industrial lejano, puede percibirlo como algo ajeno. Sin embargo, durante la pandemia la gente vio los problemas del taller al que lleva el coche, del bar donde toma café o del comercio de su barrio. Conocía al propietario y sabía que era una persona como cualquier otra, solo que, en lugar de trabajar por cuenta ajena, trabajaba por cuenta propia y tenía que responder por todo un negocio.
Eso permitió entender mejor la realidad de las pequeñas empresas y las enormes dificultades que tuvieron que afrontar.
Sin embargo, todavía parece que el empresario debe justificar su beneficio e incluso su éxito. ¿Qué ha cambiado culturalmente?
Tenemos que reivindicar la figura del empresario porque es una persona que arriesga su patrimonio. Cuando las cosas van mal, es él quien pierde. Puede perder todo lo que tiene y el Estado no llega para devolverle una parte de lo que ha invertido. Sin embargo, cuando las cosas van bien, inmediatamente tiene que compartir los resultados y el Estado es el primero que participa a través de los impuestos.
Por eso debemos reconocer al empresario como una persona que aporta a la sociedad mediante su esfuerzo, su talento y sus recursos.
Siempre me ha llamado la atención que en las calles de las ciudades encontremos nombres de políticos, militares, artistas, deportistas o personajes históricos, pero apenas haya calles dedicadas a empresarios. No vemos calles con nombres como Ramón Areces o Amancio Ortega, pese a que han creado decenas de miles de puestos de trabajo y han realizado una enorme contribución fiscal.
Parece que produce cierta incomodidad reconocer a alguien que se ha enriquecido, aunque lo haya hecho creando actividad, empleo y mejorando la calidad de vida de otras personas. Las administraciones, los políticos, los periodistas y el conjunto de la sociedad deberían reconocer que esas personas también son dignas de admiración.
Incluso cuando un empresario realiza donaciones de equipamiento sanitario que permiten tratar enfermedades y salvar vidas, sigue encontrándose con críticas. Esas contribuciones deberían recibir un reconocimiento mucho mayor.
¿Es razonable que los trabajadores reclamen participar en los beneficios de una empresa?
La pregunta que habría que hacerse es si, cuando una empresa tiene pérdidas, también estamos dispuestos a repartirlas.
El empresario es quien asume el riesgo y quien debe tomar las decisiones que comprometen el patrimonio de la empresa. Cada persona tiene su papel: los trabajadores, los directivos y el empresario. Pero las decisiones que ponen en riesgo el patrimonio corresponden a quien ha asumido ese riesgo.
Esto es importante incluso cuando hablamos de los directivos. En las empresas muy grandes, en las que no existe una figura empresarial claramente identificable, puede producirse un problema: las decisiones pueden responder a intereses a corto plazo y no necesariamente a la continuidad futura de la compañía.
El empresario siempre está pensando en el futuro de su empresa porque es su patrimonio el que está en juego. Cuando quien decide no arriesga su propio dinero, existe la posibilidad de que asuma riesgos que no asumiría si la empresa fuera suya.
Cuando hablamos de sanidad, educación, pensiones o dependencia, pocas veces se recuerda de dónde proceden los recursos. ¿Está suficientemente reconocida la aportación de empresas y trabajadores?
No. Es muy importante explicar, especialmente a los jóvenes, que el dinero no viene del cielo y que las cosas no son gratis. Todo cuesta un esfuerzo.
Cuando el Gobierno anuncia que va a subvencionar una parte del transporte o que va a entregar una ayuda, parece que ese dinero lo aporta el propio Gobierno. Pero el Gobierno no da su dinero: administra el dinero que empresas, trabajadores y familias han aportado previamente a las arcas públicas.
Parece que los políticos se dedican a repartir una riqueza que nadie ha creado, cuando antes de repartirla hay que generarla. Y para que se genere hay que crear unas condiciones que permitan crecer a las empresas.
Los servicios públicos esenciales son fundamentales. Pero también debemos preguntarnos si tiene sentido exprimir cada vez más a familias, trabajadores y empresas no solo para sostener el Estado del bienestar, sino para mantener una estructura de gasto que parece no tener límite.
¿Dónde empieza entonces el Estado del bienestar: en los presupuestos públicos o en una empresa rentable?
Empieza en la aportación que realizan empresas y trabajadores mediante sus impuestos y cotizaciones. Esa aportación es la que permite financiar los servicios públicos.
Por lo menos debería existir un reconocimiento hacia quienes están sosteniendo el sistema. Sin embargo, sucede con frecuencia lo contrario: se criminaliza a las empresas por obtener beneficios.
Cuanto más gana una empresa, más impuestos paga. Por eso resulta incomprensible que desde el Gobierno se vea mal que las empresas ganen dinero. Las administraciones viven de los impuestos que pagan las empresas y los trabajadores.
Siempre que una empresa respete la competencia, los derechos laborales, la regulación y sus obligaciones fiscales, cuanto más gane, mejor. Será mejor para el empresario, pero también para sus trabajadores, para sus proveedores, para las administraciones y para el conjunto de la economía.
Además, cuando una inversión tiene éxito, anima a otras personas a invertir en nuevos proyectos. Si quienes arriesgan su dinero obtienen una recompensa, tendrán incentivos para volver a invertir y seguir creando actividad.
¿Cómo podría explicarse mejor al trabajador el esfuerzo fiscal que realiza él mismo y el que realiza su empresa?
Una medida muy ilustrativa sería que en la nómina apareciese de manera claramente visible la cantidad total que paga la empresa por cada trabajador.
La mayoría de las personas, cuando se les pregunta cuánto ganan, responden con el salario neto mensual. Pero su remuneración real es mucho mayor. Hay que sumar las retenciones, las cotizaciones sociales, las pagas adicionales y las aportaciones empresariales.
Sería útil que el trabajador conociera la cantidad completa que genera su trabajo y cuánto se destina a impuestos y cotizaciones. Así podría visualizar mejor tanto su propio esfuerzo como el de su empresa para financiar la educación, la sanidad, las infraestructuras y el resto de los servicios públicos.
Además, la Administración obliga a las empresas a actuar como recaudadoras. Son ellas las que retienen y abonan una parte importante de esos recursos, asumiendo también la gestión administrativa y la responsabilidad correspondiente.
Madrid se ha convertido en uno de los principales polos económicos europeos. ¿Qué le diría a un inversor internacional que se estuviera planteando instalarse aquí?
Madrid es una economía abierta en la que las empresas encuentran una actitud favorable por parte de las administraciones. Lo primero que recibe una empresa es un trato amable y no hostil. Eso es muy importante.
Después existen políticas concretas que facilitan la actividad empresarial: estabilidad institucional, seguridad jurídica dentro de las competencias autonómicas, libertad empresarial, infraestructuras, acceso al talento y una fiscalidad razonable.
Madrid favorece el mercado y la competencia, y la competencia genera riqueza. Obliga a las empresas a mejorar, innovar y ser más competitivas. A veces una compañía puede verse perjudicada por la llegada de nuevos competidores, pero para el conjunto de las empresas y para los consumidores la competencia es positiva.
Un ejemplo es la libertad de horarios comerciales. Madrid es el único lugar de España donde cualquier comercio, independientemente de su tamaño, puede abrir todos los días del año sin limitaciones. Eso genera mucha actividad.
En materia fiscal, en Madrid no existen impuestos autonómicos propios, el tramo autonómico del IRPF es el más bajo de España y existen bonificaciones en sucesiones y donaciones. También fue muy importante la eliminación práctica del impuesto sobre el patrimonio, aunque posteriormente el Estado creó el impuesto sobre las grandes fortunas.
A ello se suman las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, la conexión de los polígonos industriales y una oferta educativa muy amplia, tanto universitaria como de formación profesional.
Madrid genera una enorme cantidad de talento y, además, atrae estudiantes y profesionales del resto de España, de Europa y de Hispanoamérica. Aunque la demanda de profesionales crece incluso más rápido que la oferta, la disponibilidad de talento sigue siendo una de sus mayores fortalezas.
¿Qué decisión tomada por Madrid podrían replicar otras comunidades autónomas?
Un ejemplo muy significativo es la Ley de Mercado Abierto. Esta norma permite que cualquier empresa que tenga licencia para operar en otra comunidad autónoma pueda hacerlo también en Madrid sin tener que iniciar un nuevo procedimiento de autorización.
Una empresa autorizada en Asturias, la Comunidad Valenciana, Baleares o cualquier otro territorio puede abrir un centro en Madrid sin repetir toda la tramitación. Eso facilita que muchas compañías decidan instalar aquí una parte de su actividad.
Sería muy positivo que el resto de las comunidades adoptaran medidas similares. Las empresas madrileñas también deberían poder abrir centros de trabajo, instalaciones logísticas o unidades de investigación en otras regiones sin tener que afrontar nuevos requisitos en cada territorio.
Lo que funciona debe copiarse. No se trata de una cuestión de partidos, sino de crear condiciones atractivas para las empresas.
¿Un Madrid fuerte beneficia realmente al resto de España?
Madrid no es una isla y necesita que al resto de las comunidades les vaya bien.
La región tiene tensiones importantes en el precio del suelo y de la vivienda y determinadas zonas empiezan a estar saturadas. Por eso también necesita expandir parte de su actividad hacia territorios próximos.
Además, cuando una empresa se instala en Madrid, la mayoría de sus proveedores no están necesariamente en la región. Puede establecer aquí su centro de decisión, pero contratar servicios, producción, tecnología, atención al cliente o logística en otras provincias.
Que a las empresas situadas en Madrid les vaya bien tiene un efecto evidente en el resto de España. La actividad acaba distribuyéndose a través de proveedores, contratistas y centros de trabajo.
Actualmente, muchas empresas, especialmente las de servicios, operan en un mercado global. La ubicación de la sede ya no limita necesariamente el lugar desde el que se prestan los servicios o se desarrolla la producción.
Las comunidades deben comprender también que las decisiones políticas tienen consecuencias. Cuando un territorio adopta una actitud hostil hacia la empresa, resulta difícil que atraiga inversión. Madrid lleva mucho tiempo haciendo lo contrario, y esa política puede ser replicada.
¿Madrid tiene realmente la oportunidad de convertirse en la gran capital económica entre Hispanoamérica y Europa?
En buena medida, ya está ocurriendo. En Hispanoamérica se empieza a mirar a Madrid como un lugar idóneo para desarrollar una segunda actividad, diversificar inversiones o acceder al mercado europeo.
Compartimos idioma, raíces culturales, una manera similar de comunicarnos y unas conexiones de transporte que facilitan tanto la relación con América como el acceso al resto de Europa.
Pero hay otro elemento fundamental: Madrid ha sabido recibir bien a quienes llegan de fuera. Debemos seguir tratando de manera amable y cercana a quienes vienen a invertir, trabajar o estudiar, entendiendo que son personas que aportan.
Evidentemente, la llegada de inversión y nuevos residentes también puede producir efectos colaterales. Puede aumentar, por ejemplo, la competencia por la vivienda. Pero su aportación al conjunto de la economía es muy superior a esos inconvenientes.
Madrid tiene una idiosincrasia peculiar porque prácticamente todos procedemos de algún otro lugar. Nuestras familias llegaron desde otras regiones y, por eso, no tendría sentido rechazar ahora a quienes vienen de fuera.
En Madrid la gente se siente cómoda y no se siente extranjera. Esa capacidad de integración es uno de sus principales activos y debemos preservarla.
Europa trata de proteger los derechos de trabajadores y consumidores, pero necesita competir con Estados Unidos y Asia. ¿Cuándo deja la regulación de proteger y empieza a frenar el crecimiento?
Ese es uno de los grandes problemas actuales. Hemos construido una maquinaria regulatoria con muchas administraciones regulando simultáneamente, en ocasiones sobre las mismas materias y, a veces, incluso con normas incompatibles entre sí.
Esa sobrerregulación está lastrando el crecimiento.
No pedimos que no exista regulación. La regulación es necesaria para ordenar el mercado y proteger determinados derechos. Pero cada nueva norma debería incorporar una evaluación previa de su coste y de su beneficio.
Cuando una regulación retrasa la innovación o frena una inversión, hay que analizar cuidadosamente si compensa. Competimos en un mercado global y existen países en los que poner en marcha una iniciativa resulta mucho más sencillo. El tiempo juega a su favor porque actualmente los ciclos económicos y tecnológicos son muy rápidos.
Todo lo que retrase una decisión empresarial por la obligación de cumplir normas que, además, cambian constantemente, supone una pérdida de competitividad.
Si pudiera cambiar una práctica administrativa concreta, ¿cuál elegiría?
Extendería la declaración responsable siempre que fuera posible.
En lugar de obligar a una empresa a acreditar previamente ante la Administración todos los requisitos y esperar después a que sean comprobados y autorizados, el empresario debería poder declarar que cumple la normativa y comenzar inmediatamente su actividad.
Posteriormente, la Administración puede inspeccionar. Si la empresa ha incumplido, tendrá que asumir las consecuencias.
Debemos avanzar hacia una cultura basada en la responsabilidad. El sistema actual provoca demasiados retrasos y desincentiva la inversión.
¿La regulación explica también una parte del problema de acceso a la vivienda?
Una parte muy importante del problema de la vivienda procede del exceso de regulación. Esa regulación impide desarrollar suelo o hace que los plazos urbanísticos sean tan largos que muchos proyectos pierdan interés o dejen de ser económicamente viables.
Desde que empieza a hablarse de un desarrollo urbanístico hasta que finalmente se construyen las viviendas pueden transcurrir veinte o treinta años. Madrid Nuevo Norte es un ejemplo evidente. Llevamos muchos años hablando del proyecto y todavía no se ha construido una vivienda.
No podemos permitirnos esos plazos cuando existe un problema tan grave de vivienda.
Habría que desregular, liberalizar suelo y permitir que todo aquel terreno en el que no esté expresamente prohibido construir pueda desarrollarse. No tiene sentido mantener procedimientos interminables sobre alturas, compensaciones y autorizaciones cuando la demanda de vivienda es tan urgente.
CEIM ha advertido reiteradamente sobre el absentismo laboral. ¿Qué está ocurriendo realmente en las empresas?
Lo primero que hay que decir con absoluta claridad es que toda persona que esté enferma o que, como consecuencia de una enfermedad o un accidente, no pueda acudir a su puesto de trabajo, no debe hacerlo.
La prioridad debe ser prestarle la mejor atención, proteger su salud y conseguir que se recupere para que pueda reincorporarse cuando esté en condiciones.
Dicho esto, las cifras de absentismo están absolutamente disparadas. En algunos casos se han duplicado durante los últimos siete u ocho años. Eso exige una reflexión.
Tenemos que preguntarnos si existe un problema de salud en España que justifique que se haya duplicado el número de bajas por incapacidad temporal. No parece que sea así.
Hay fraude, aunque eso no significa en absoluto que todas las personas que están de baja estén cometiéndolo. También existe una saturación de los servicios sanitarios, que perjudica tanto a las empresas como a los propios enfermos, porque retrasa el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación.
Puede existir además cierta permisividad en la prolongación de algunas bajas, en parte porque los propios médicos están saturados y no disponen del tiempo suficiente para revisar todos los casos.
¿Qué medidas deberían adoptarse sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores?
Hace falta más inspección. Las empresas son inspeccionadas constantemente y también deberían revisarse aquellos casos en los que existan indicios de abuso.
Además, debería aprovecharse mejor la infraestructura de las mutuas, que está financiada por empresas y trabajadores. Las mutuas pueden ayudar en el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la gestión de las altas y las bajas.
No se entiende que un médico de una mutua que ha tratado a un trabajador, ha supervisado su rehabilitación y considera que está preparado para reincorporarse no pueda emitir el alta de manera efectiva.
Actualmente, esa decisión debe ser ratificada por la Seguridad Social y puede ser rechazada sin que exista siquiera un informe suficientemente motivado. No parece lógico desautorizar al facultativo que ha seguido directamente el tratamiento sin explicar las razones.
Este problema perjudica a todos. Perjudica al trabajador, porque puede prolongar su enfermedad; a sus compañeros, porque tienen que asumir una mayor carga; a la Seguridad Social, por el coste; y a las empresas, tanto por el gasto como por los problemas organizativos.
En una pequeña empresa, que un 30% o un 40% de la plantilla esté simultáneamente de baja puede generar una situación muy difícil de gestionar.
También debemos revisar cómo se financian los nuevos permisos laborales. Si el Estado decide ampliar un derecho, debería plantearse asumir su coste y no cargarlo automáticamente sobre las empresas.
España forma a los jóvenes para encontrar trabajo, pero no tanto para crear empresas. ¿Qué debería cambiar?
Las personas llegan al mundo empresarial principalmente por dos vías: unas lo hacen por vocación, que son las menos, y otras por necesidad.
Tenemos que despertar vocaciones empresariales entre los jóvenes y explicar qué es una empresa incluso desde la infancia. CEIM participa en un programa de la Fundación CEOE dirigido a niños de ocho, nueve o diez años para contarles que el panadero de su barrio también es un empresario.
Un empresario no es únicamente el propietario de una gran multinacional. Es una persona normal que ha decidido crear una actividad. Si lo explicamos desde pequeños, algunos jóvenes podrán descubrir que también les gustaría emprender.
Al mismo tiempo, debemos prestigiar la figura del empresario. Si desde la sociedad se presenta al empresario como un explotador o como un enemigo, difícilmente un joven aspirará a convertirse en uno.
También es necesario ofrecer formación empresarial en carreras que aparentemente no están relacionadas con la gestión. Muchos veterinarios terminarán abriendo su propia clínica; muchos médicos tendrán una consulta; arquitectos, abogados, fisioterapeutas y otros profesionales acabarán trabajando por cuenta propia.
Sin embargo, pueden finalizar sus estudios sin haber aprendido a elaborar una nómina, presentar un impuesto, desarrollar un plan de negocio, gestionar las finanzas o diseñar una estrategia comercial.
Las materias relacionadas con la empresa no deberían limitarse a quienes estudian Administración y Dirección de Empresas. Deberían incorporarse a muchas otras titulaciones porque numerosos profesionales terminarán siendo autónomos o creando una compañía.
¿Qué consejo le daría a un joven que quiere montar una empresa?
Le diría que no se obsesione tanto con encontrar una idea extraordinaria. Una empresa consiste, fundamentalmente, en solucionar un problema.
No es necesario inventar algo completamente nuevo. Se puede hacer lo mismo que ya hacen otros, pero un poco mejor, más rápido, más barato o de una forma más cercana. Con eso se puede encontrar un espacio en el mercado.
La clave está en construir un buen equipo. Al principio, quien crea una empresa tiene que hacer prácticamente de todo y es muy difícil dominar todas las áreas.
Puede asociarse con personas que complementen sus capacidades. Si tiene un perfil financiero, puede buscar a alguien con un perfil comercial o técnico. Otra alternativa es contratar buenos profesionales.
Merece la pena invertir en las personas adecuadas porque el éxito de la empresa dependerá en gran medida del equipo del que uno sea capaz de rodearse.
También debe perder el miedo al fracaso. Evidentemente, cuando un proyecto sale mal tiene consecuencias, pero la experiencia adquirida se convierte en un activo para el futuro.
Cada vez más empresas valoran contratar a profesionales que han tenido una experiencia empresarial, aunque no haya terminado bien, porque saben lo que significa competir en el mercado, asumir riesgos y responder ante las dificultades.
La sociedad tampoco debería señalar a quien ha fracasado. La persona que más ha perdido y más ha sufrido es quien puso en marcha el proyecto. En lugar de condenarla, deberíamos animarla a intentarlo de nuevo.
