La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha reclamado al Gobierno una respuesta inmediata ante el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en Andalucía, después de la reciente operación desarrollada en aguas de Huelva en la que los ocupantes de una narcolancha abrieron fuego contra una patrullera del Servicio Marítimo durante una persecución.
La organización considera que este nuevo episodio evidencia la necesidad de recuperar el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico de Andalucía, OCON-SUR, y reclama además que Huelva sea declarada Zona de Especial Singularidad, acompañando esta medida de incentivos profesionales, económicos y familiares para los agentes destinados en la provincia.
Las demandas llegan después de una actuación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera que permitió detener a diez integrantes de una organización criminal, intervenir dos narcolanchas y aprehender 5.926 kilogramos de hachís.
Un ataque a tiros durante una persecución en aguas de Huelva
Según la información facilitada por JUCIL, durante la operación los ocupantes de una narcolancha abrieron fuego contra una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Los agentes continuaron desempeñando su labor pese a la agresión armada y después de que una avería impidiera inicialmente a su embarcación continuar la persecución.
Para la asociación, el resultado de la operación demuestra la preparación y profesionalidad de los agentes, pero considera que el éxito policial no debe ocultar la gravedad de lo ocurrido.
JUCIL sostiene que los guardias civiles se enfrentaron a una situación en la que sus vidas estuvieron directamente amenazadas y advierte de que la ausencia de muertos o heridos en esta ocasión no puede llevar a normalizar episodios de estas características.
A juicio de la organización, el narcotráfico ha incrementado tanto su capacidad operativa como su nivel de violencia. La asociación señala que las organizaciones criminales no se limitan a intentar escapar de los agentes, sino que emplean embarcaciones de gran potencia, realizan maniobras potencialmente mortales y, como habría sucedido en este caso, utilizan armas de fuego.
JUCIL recuerda la muerte de dos guardias civiles en mayo
La asociación relaciona la gravedad del último episodio con lo sucedido el pasado mes de mayo, cuando, según recuerda, dos guardias civiles murieron durante una persecución contra el narcotráfico en aguas de Huelva después de una colisión múltiple. Otros dos agentes resultaron heridos.
JUCIL asegura que después de aquella tragedia ya advirtió de la necesidad de modificar la dinámica operativa y reforzar tanto las plantillas como los medios disponibles.
El ataque conocido ahora lleva a la asociación a insistir en esa advertencia y a reclamar medidas antes de que se produzcan nuevos episodios con consecuencias más graves.
“No aceptaremos que haya que esperar a que mueran más compañeros para adoptar las medidas que JUCIL lleva reclamando desde hace años”, sostiene la organización.
Recuperar el OCON-SUR como unidad permanente contra el narcotráfico
Una de las principales reclamaciones planteadas por JUCIL es la recuperación inmediata del OCON-SUR.
La asociación pide que vuelva a constituirse como una unidad permanente y especializada, dotada de una estructura estable, personal suficiente, medios propios y capacidad efectiva para coordinar investigaciones y operaciones contra las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico.
JUCIL considera que el desmantelamiento de esta unidad especializada debilitó la capacidad operativa de la Guardia Civil en un momento en el que, según sostiene, las redes criminales estaban ampliando su actividad y aumentando su violencia desde el Campo de Gibraltar hacia Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla y otros puntos del territorio nacional.
Por ello, rechaza que la recuperación del dispositivo pueda sustituirse por medidas temporales y defiende una estructura permanente capaz de enfrentarse a organizaciones que disponen de embarcaciones, armas, tecnología, infraestructura logística y grandes recursos económicos.
Huelva como Zona de Especial Singularidad
La segunda gran reivindicación es la declaración de Huelva como Zona de Especial Singularidad.
JUCIL considera que esta catalogación debe traducirse en medidas concretas para quienes prestan servicio en la provincia, entre ellas incentivos económicos y profesionales, puntuación específica para la provisión de destinos, medidas de conciliación, apoyo a las familias, estabilidad de las plantillas y cobertura urgente de las vacantes.
La organización justifica esta petición por la presión del narcotráfico, el riesgo que afrontan los agentes, la reiteración de episodios violentos y las dificultades para mantener plantillas estables.
Para JUCIL, el Gobierno no debería seguir aplazando esta decisión mientras los guardias civiles y sus familias afrontan las consecuencias de prestar servicio en una zona sometida a una elevada presión criminal.
Más patrulleras, protección balística y refuerzo de plantillas
Las reivindicaciones de JUCIL abarcan también los recursos humanos y materiales utilizados para combatir estas organizaciones.
La asociación reclama reforzar de manera inmediata y permanente las plantillas de Huelva y del resto de provincias afectadas por las rutas del narcotráfico, además de incorporar patrulleras modernas, suficientemente potentes y adaptadas para hacer frente con mayor seguridad a las embarcaciones utilizadas por las redes criminales.
También solicita revisar urgentemente el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los medios marítimos y proporcionar protección balística, armamento, comunicaciones y material de intervención adaptados al nivel de amenaza al que, según denuncia, se enfrentan los agentes.
Entre sus peticiones se encuentra asimismo reforzar los servicios de información, investigación y vigilancia costera, incluyendo el mantenimiento y modernización del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior.
JUCIL considera igualmente necesarios protocolos específicos para responder a ataques armados y embestidas de narcolanchas, acompañados de formación y entrenamiento continuos.
La asociación reclama además una respuesta penal y judicial contundente contra quienes disparen, embistan o pongan deliberadamente en peligro la vida de los agentes.
Reclaman reconocer a los guardias civiles como profesión de riesgo
Dentro de este paquete de reivindicaciones, JUCIL vuelve a solicitar que la profesión de guardia civil sea reconocida como profesión de riesgo, con las correspondientes consecuencias laborales, retributivas y de protección social.
La organización considera que las condiciones en las que los agentes combaten el narcotráfico y el crimen organizado hacen necesario adaptar su reconocimiento profesional a los riesgos asumidos durante el servicio.
A estas reclamaciones añade otra cuestión que mantiene abierta desde hace años: la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos.
JUCIL denuncia que, ocho años después del acuerdo alcanzado en 2018, guardias civiles y policías nacionales continúan, según su valoración, sin alcanzar una equiparación salarial plena, real y verificable.
La asociación critica que se reconozca públicamente la actuación de los agentes después de operaciones o tragedias mientras considera pendientes cuestiones relativas a salarios, medios, personal y reconocimiento profesional.
JUCIL pide anticiparse a nuevos ataques
Tras el último episodio en aguas de Huelva, la organización insiste en que la protección de los agentes no puede depender exclusivamente de su preparación, su capacidad de reacción o de que un ataque no termine provocando víctimas.
JUCIL considera que corresponde al Ministerio del Interior anticiparse al nivel de amenaza y proporcionar los recursos necesarios para combatir a unas organizaciones que, según denuncia, están cada vez mejor equipadas y muestran una mayor disposición a emplear la violencia.
Para la asociación, la lucha contra el narcotráfico requiere planificación permanente, inversión y determinación política, además de una estructura policial especializada y recursos acordes con las condiciones que afrontan los agentes sobre el terreno.
El ataque contra la patrullera vuelve así a situar en el centro de sus reivindicaciones dos medidas concretas: recuperar el OCON-SUR y declarar Huelva Zona de Especial Singularidad.
