Hablar de absentismo laboral suele derivar en cifras mareantes y debates ideológicos. Juan Manuel Cruz, miembro del Consejo Académico de la Asociación de Dirección de Relaciones Laborales (ADiReLab), prefiere poner orden: datos comunes, definiciones claras y medidas concretas.
En esta entrevista desgrana el decálogo presentado junto a Madrid Foro Empresarial y explica por qué, a su juicio, el foco no debe ponerse en el supuesto abuso de las bajas, sino en la saturación del sistema público de salud. Con números en la mano y una mirada pragmática, defiende que invertir en recursos sanitarios no es un gasto, sino la mejor inversión posible para empresas y administraciones.
¿Qué presentasteis ayer y con qué objetivo?
Ayer presentamos un decálogo de 10 medidas para reducir el absentismo. Es una iniciativa de Madrid Foro Empresarial con la colaboración de Asociación de Dirección de Relaciones Laborales (ADiReLab). Se trata de unir la visión empresarial sobre la reducción del absentismo con el conocimiento de quienes gestionan personas y relaciones laborales en las organizaciones y afrontan directamente su impacto.
¿Por qué era necesario este decálogo si ya existen muchos estudios sobre absentismo?
Existen numerosos informes, sí. Las mutuas han elaborado varios estudios; Umivale presentó uno junto a la Universidad de Valencia; el Centro de Estudios de Randstad publicó otro considerado de referencia; y recientemente se ha sumado el informe de la Airef, que actualmente es nuestro principal referente.
El problema es que cada uno ofrece cifras diferentes porque no hay consenso sobre qué es absentismo. Surge el debate sobre si deben incluirse permisos legales como maternidad, paternidad o cuidados familiares. Tampoco hay uniformidad en el cálculo de costes ni en la medición del impacto económico en empresas, administraciones o en la sociedad.
¿Cuál es el primer objetivo concreto del decálogo?
El primer objetivo es tener una cifra común, homologada y validada que sea asumida por todas las partes. Que cuando se hable de un 1.300.000 bajas diarias, todas las partes —sindicatos, empresas y administraciones— reconozcan ese dato como oficial.
Si decidimos, por ejemplo, que el permiso de paternidad no computa a efectos de absentismo, que el permiso de paternidad no puede computar a efectos de absentismo en ninguno de los informes, estudios o datos que se comuniquen.
El segundo objetivo, que es claramente en el que más estamos centrados, es lo que decía antes: pasar de las musas al teatro. Queremos pasar de todos estos informes y todos estos datos a proponer medidas concretas que ayuden a las partes a reducir el volumen de jornadas perdidas por causa de absentismo, partiendo de esa premisa y estando de acuerdo en qué es absentismo.
¿En qué tipo de absentismo os centráis principalmente?
Cuando hablamos de jornadas perdidas por causa de absentismo, nos estamos centrando en lo que llamamos absentismo por enfermedades comunes, lo que técnicamente se llama IT, incapacidad temporal por enfermedad común. También podemos incluir las enfermedades profesionales, pero en España es un tema de menor dimensión y, por supuesto, los accidentes de trabajo, que tiene otro régimen. Así que nos centramos en ese 5,6% o 5,7% de bajas diarias por causa de incapacidad. Es prácticamente el doble de lo que pasa en otros países de Europa.
¿Existe un abuso generalizado de las bajas?
No hay cifras que lo demuestren. El porcentaje de personas que puedan abusar del sistema no constituye el problema central. El verdadero problema es que para faltar por incapacidad temporal se requiere una baja médica, y el sistema público de salud, que es el único que puede concederla, está saturado.
¿Qué está fallando en el sistema?
Se tramitan unas 40.000 bajas diarias en el sistema público. Después hay que gestionar las altas y verificar los procesos, pero faltan recursos.
Nos han contado el caso de un médico tiene 40 pacientes al día en su consulta del servicio público de salud, en el centro de salud del barrio. 40 pacientes para ver entre las 16 horas de la tarde y las 18, 18:30 horas. Eso significa 3 o 4 minutos por paciente. Te llega una persona llorando, que viene de trabajar, que se siente horrible, que lo ha pasado fatal. O alguien que te dice: "Me he levantado con fiebre" o "No he dormido nada esta noche". ¿Qué haces en 3 minutos?
Se tramitan unas 40.000 bajas diarias en el sistema público, que es el único que puede darlas. Luego hay que verificar, hay que dar el alta o confirmar la situación. El número de personas dedicadas a esa verificación es prácticamente inexistente. Hay gente que lleva 365 días esperando a que la Seguridad Social le diga si va a ser una incapacidad permanente o le da el alta.
¿Qué medidas proponéis?
La prioridad es reforzar el sistema público de salud con más recursos para gestionar bajas y altas, realizar seguimiento y facilitar la recuperación de los trabajadores.
España cuenta con una quinta parte de psicólogos en el sistema público de salud respecto a otros países europeos. Por cada cinco psicólogos en sistemas comparables, España dispone de uno.
Si se toma como referencia un coste estimado intermedio de 50.000 millones de euros anuales, invertir el 20% —10.000 millones— en reforzar el sistema, se podría reducir la tasa de absentismo en aproximadamente un punto y medio. Esa reducción compensaría la inversión. El retorno sería inmediato.
¿Se puede avanzar a corto plazo?
El absentismo se ha estabilizado en torno al 7 o 7,1%, según la previsión de cierre de 2025. Eso indica que la curva se ha aplanado.
El reto principal es la coordinación. El decálogo se ha estructurado en cuatro áreas con medidas concretas y aplicables. Paralelamente, se desarrolla un trabajo institucional para impulsar su implantación.
