La actualización de los requisitos técnicos responde a la aparición de nuevos perfiles de consumo que hasta hace poco eran residuales. Entre los sectores que requieren esta nueva integración activa se encuentran los centros de procesamiento de datos, la industria en proceso de descarbonización, el transporte electrificado, la producción de hidrógeno renovable y los sistemas de almacenamiento energético.
La normativa se anticipa a la revisión de los códigos de red europeos, fijando obligaciones de funcionamiento que permitirán a la red soportar una mayor carga sin comprometer su seguridad. Según fuentes del Ministerio, esta regulación se aplicará tanto a instalaciones planificadas como futuras y no supondrá un coste significativo, dado que la tecnología necesaria ya está presente de forma generalizada en el mercado.
Mayor eficiencia técnica y capacidad de red
Uno de los puntos clave de la propuesta es la exigencia de que los puntos de demanda soporten huecos de tensión. Esta medida técnica permitirá reducir el número de nudos en las zonas de capacidad compartida, lo que se traduce en el afloramiento de capacidad de acceso que actualmente es imposible de otorgar bajo los criterios vigentes.
Además, el texto introduce parámetros de estabilidad obligatorios, tales como los requisitos en la inyección de potencia frente a fluctuaciones de voltaje, nuevos estándares de calidad del producto energético y sistemas de amortiguamiento para evitar oscilaciones de potencia adversas en el sistema.
Impacto económico y seguridad operativa
El Gobierno estima que el efecto neto de este decreto será positivo para la economía española, al funcionar como una palanca para desbloquear proyectos industriales que dependen de la electrificación. Al optimizar la capacidad disponible y mejorar la gestión operativa de las redes, se facilita la materialización de inversiones estratégicas vinculadas a la transición energética.
