Durante la inauguración de la jornada sobre aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial organizada por Fundae, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, ha lanzado una advertencia sobre el control global que ejercen las corporaciones tecnológicas. Ha señalado que el principal desafío sistémico de la actualidad, en paralelo a la crisis de acceso a la vivienda, radica en la pérdida de soberanía de los países frente a las multinacionales tecnológicas que determinan el rumbo del desarrollo global.
La pérdida de soberanía frente a los gigantes de Silicon Valley
El máximo responsable del SEPE ha puesto el foco en el carácter inédito de esta concentración de poder de mercado, recordando que las grandes corporaciones distribuyen dividendos que equivalen a la mitad del Producto Interior Bruto de economías enteras. En este contexto de asimetría corporativa, el director general ha reclamado una intervención decidida del Estado y un despertar crítico de la sociedad civil.
Para el director general del SEPE, nos encontramos ante un escenario donde la mayor alerta que ve ahora mismo a nivel mundial, más allá del tema de la vivienda que se tiene que resolver, es el de la "dictadura de las grandes tecnológicas que tenemos a nivel mundial". Esta situación resulta crítica porque es la primera vez en la historia de la humanidad donde las decisiones de por dónde tenemos que ir no la toman ni siquiera los gobiernos, que pueden ser más o menos democráticos. Ha sostenido que diariamente tiene que haber un posicionamiento institucional desde lo público y un posicionamiento de la sociedad para no depender de las regulaciones de estas multinacionales privadas.
El elevado coste de las licencias y la exclusión institucional
Gutiérrez Ardoy ha aterrizado este análisis macroeconómico compartiendo una experiencia directa de gestión dentro de la propia administración del Estado, señalando que los "elevados costes" de licencias de herramientas avanzadas de software impiden su implantación masiva en los servicios públicos, lo que amenaza con consolidar una nueva estructura de exclusión social basada en la capacidad económica de usuarios y organismos.
A este respecto, ha revelado que las corporaciones no solo imponen su marco de actuación, sino que también le están poniendo el precio al desarrollo, ya que las licencias de Inteligencia Artificial no resultan accesibles para todos. El representante público ha desvelado que en el Servicio Público de Empleo Estatal han hecho formación del Copilot de Microsoft y luego pretendían cobrar 20 euros mensuales por cada funcionario para mantener el sistema de asistencia.
Gutiérrez Ardoy ha lamentado que un organismo con 30.000 millones de presupuesto cometido en el SEPE no ha podido asumir que cada uno de sus compañeros tenga Copilot, "porque es muy caro". Esta realidad es extrapolable al conjunto de la ciudadanía, ha continuado, lo que induce a pensar que se va a abrir otra brecha de desigualdad entre los que puedan acceder a Inteligencia Artificial de alto nivel o calidad, y los que no pueden acceder, por lo que confía en una regulación pública para que la digitalización y la Inteligencia Artificial sirvan para vencer el problema histórico de la desigualdad.
Descentralización y el factor humano frente al error digital
Haciendo balance de los tres años de andadura de la iniciativa Universidad Pyme, el director general del SEPE ha elogiado la capacidad del proyecto para romper la inercia del centralismo madrileño, llevando capacitación técnica a más de 30 localidades de España y poniendo en valor el acompañamiento personalizado para evitar las decisiones erróneas que la ciudadanía puede tomar de manera apresurada en el entorno virtual.
Gutiérrez Ardoy ha celebrado la extensión territorial de este proyecto formativo manifestando que "afortunadamente no todo ocurre en Madrid". El director general ha lamentado que "nos despertamos con demasiadas noticias a nivel nacional de lo que ocurre en la capital", por lo que considera una gran oportunidad trasladar "a través de más de 30 localidades" la capacitación enfocada en la juventud y las pequeñas empresas. Desde su perspectiva, esta presencia directa resulta fundamental en un contexto digital donde "es muy fácil equivocarse a golpe de clic" y tomar resoluciones apresuradas que terminen afectando negativamente "al itinerario vital o profesional o familiar" de los ciudadanos.
Como solución a este riesgo de exclusión, ha reivindicado las directrices de la normativa vigente, argumentando que "la Ley de Empleo precisamente lo que establece es el acompañamiento personalizado" que la población activa requiere de forma estable "a lo largo de toda la vida laboral".
Sostenibilidad financiera y regularización de la población inmigrante
La intervención del director general ha servido también para certificar la estabilidad presupuestaria de las políticas activas de empleo en España gracias a un modelo de financiación plurianual que garantiza la suficiencia crediticia de las comunidades autónomas hasta el año 2029, un hito de certidumbre institucional que se complementa con el sólido crecimiento del mercado laboral, sustentado en un porcentaje muy significativo por trabajadores de origen extranjero.
En materia de inclusión social y mercado de trabajo, Gutiérrez Ardoy ha aportado datos al señalar que España sigue aumentando su afiliación y el 42% de las personas afiliadas en los últimos tres años, que representan más de 800.000, son personas inmigrantes. El director general ha recordado que esta es la prioridad que debe tener un servicio público para responder a la realidad y ha destacado el proceso de regularización intenso en sus últimas semanas que permitirá incorporar a estas personas a la afiliación, respetando escrupulosamente los derechos humanos.
Finalmente, ha celebrado que la Ley de Empleo haya posibilitado que las personas que tienen que gestionar los fondos para empleo y para formación sepan con total certeza la cantidad que van a tener hasta año 2029 para generar crédito, dotando al sistema de una estabilidad inédita en el contexto europeo.
