El Consejo General de Economistas de España (CGE), por medio de su órgano especializado en fiscalidad, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha informado hoy de que las pequeñas y medianas empresas afrontan una menor carga impositiva en el Impuesto sobre Sociedades gracias a la reciente reducción aplicada en los tipos de gravamen.
La patronal de los economistas ha hecho este balance durante la presentación de un documento técnico enfocado en la Declaración de Sociedades correspondiente al ejercicio económico de 2025, el cual incorpora 25 recomendaciones estratégicas de cara al inicio de la campaña oficial que arrancará el próximo 1 de julio.
Dentro del catálogo de novedades normativas que marcan este ciclo fiscal, los analistas han puesto el acento en la mejora de los incentivos para la autofinanciación. En concreto, destaca el incremento del porcentaje de reducción aplicable a la reserva de capitalización, que se eleva del 15% anterior hasta alcanzar el 20%. Este beneficio puede incrementarse incluso hasta una cota del 30% en aquellos supuestos donde las empresas logren un aumento interanual del empleo en sus plantillas, bajo la condición obligatoria de sostener dicho incremento de puestos de trabajo durante un plazo mínimo de tres años.
Estrategias de planificación ante la limitación de la consolidación fiscal
A la luz de esta coyuntura de tipos a la baja para las pymes, los asesores fiscales han instado a los administradores y directivos a anticiparse y planificar los movimientos de sus negocios para minorar el impacto de la próxima factura fiscal. Entre las recomendaciones planteadas, sugieren evaluar opciones como adelantar la ejecución de inversiones productivas o el registro de gastos dentro del presente año 2026, así como tratar de diferir el cómputo de determinados ingresos de explotación hacia periodos impositivos posteriores.
Por otra parte, la campaña de este ejercicio introduce restricciones de calado para las estructuras corporativas más complejas. Los expertos han recordado que los grupos empresariales que opten por el régimen de consolidación solo dispondrán de autorización para compensar las bases imponibles negativas de las filiales que integran el grupo en un límite máximo del 50%. A pesar de esta traba operativa, desde el sector celebran que de cara al año 2026 el Ejecutivo no haya prorrogado de momento esta limitación temporal en los presupuestos.
Inseguridad por el uso de decretos leyes y tensiones en las reorganizaciones
El análisis del marco regulatorio también ha dejado espacio para la crítica institucional. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha valorado positivamente que se haya extendido un año más la libertad de amortización destinada a las inversiones corporativas en flotas de vehículos eléctricos, infraestructuras de puntos de recarga o instalaciones de autoconsumo que empleen energías procedentes de fuentes renovables.
No obstante, Vázquez Taín ha lamentado que estas extensiones temporales se sigan articulando de manera recurrente mediante la fórmula del real decreto ley, un mecanismo que a su juicio genera una profunda inseguridad jurídica en el empresariado dado que algunas de estas normas corren el riesgo de no ser convalidadas posteriormente en las Cortes.
En una línea de prudencia similar se ha manifestado el presidente del REAF, Agustín Fernández, quien ha lanzado una advertencia sobre la deriva de los criterios administrativos que Hacienda está aplicando respecto al régimen fiscal de fusiones, escisiones y aportaciones de activos (FEAC). Fernández ha alertado de que estas nuevas interpretaciones de la inspección pueden desincentivar las reorganizaciones de empresas, aun cuando respondan a motivos económicos perfectamente válidos, elevando de forma preocupante los índices de litigiosidad en los tribunales.
Finalmente, el responsable ha recordado a los contribuyentes que es esencial consignar de forma escrupulosa las deducciones, incentivos y ajustes como la libertad de amortización en el momento exacto de la presentación de la declaración, ya que la jurisprudencia actual interpreta que estos derechos pueden llegar a perderse de forma definitiva si no se ejercitan en dicho plazo.
