El documento señala al encarecimiento sostenido de los combustibles como uno de los principales focos de presión sobre los márgenes de beneficio. De acuerdo con los datos recabados por la patronal, más del 60% de las constructoras españolas ha tenido que registrar aumentos superiores al 20% en el precio de venta de los carburantes y una de cada cuatro compañías sitúa este encarecimiento por encima de un umbral del 30%.

A esta presión se adiciona el encarecimiento de la factura energética, dado que el 85% de las firmas consultadas asegura haber sufrido incrementos del coste eléctrico de hasta el 20%, una coyuntura que reviste especial gravedad para aquellas subactividades intensivas en el uso de maquinaria pesada, donde los costes de la energía llegan a representar aproximadamente el 40% de los costes totales de producción.

Asunción íntegra de sobrecostes por las constructoras y riesgo inminente de destrucción de empleo

Ante la imposibilidad de repercutir de forma ágil estos incrementos inflacionistas, el 80% de las empresas del sector afirma estar asumiendo de manera íntegra los sobrecostes derivados del contexto bélico. Como consecuencia directa de este estrangulamiento financiero, el 56% de las compañías reconoce haber procedido a reducir su nivel de actividad o se encuentra valorando dicha opción en el corto plazo. La crisis sectorial amenaza de igual modo con trasladarse al mercado laboral, hasta el punto de que el 22% de las firmas constructoras se está planteando reducir el volumen de sus plantillas. Entre el porcentaje de empresas que descartan acometer despidos, el 60% admite que la persistente escasez estructural de mano de obra cualificada es el principal factor condicionante que frena la reducción de personal.

Esta situación suscita una honda preocupación en el seno de la patronal, al producirse en un momento estratégico en el que España requiere aumentar con urgencia la oferta de vivienda disponible y acelerar los ritmos de ejecución en la edificación y mantenimiento de infraestructuras estratégicas.

En este adverso escenario, la CNC estima que si las hostilidades bélicas se prolongan en el tiempo, resultará determinante recuperar mecanismos eficaces de revisión de precios para garantizar la continuidad del tejido productivo. El informe evidencia el atasco actual en la materia, reflejando que solo un 3% de las empresas ha logrado renegociar las condiciones de los contratos ya firmados, mientras un 15% se halla en pleno proceso de negociación y un 56% asegura haber intentado revisar las condiciones contractuales sin haber obtenido éxito alguno.

Petición urgente de ayudas anticrisis y reformas en la Ley de Contratos del Sector Público

Las proyecciones del sector apuntan a un escenario de vulnerabilidad extrema, puesto que el 90% de las constructoras españolas lamenta abiertamente que su viabilidad corporativa pueda verse comprometida de forma definitiva si la coyuntura de precios se prolonga o si las administraciones no adoptan medidas correctoras.

Ante esta situación, la CNC ha reiterado al Gobierno de España la necesidad de implementar ayudas específicas para la actividad, de naturaleza homóloga a las ya aprobadas dentro del paquete de medidas anticrisis para otros sectores altamente dependientes de los carburantes, como el transporte de mercancías o la agricultura. Asimismo, la patronal reclama acometer modificaciones de calado en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a las contratas públicas y restaurar de este modo fórmulas automáticas de reequilibrio.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ha expresado la gravedad de los datos declarando que "nuestro sector es especialmente sensible a la espiral inflacionista derivada de la crisis energética, lo que podría frenar obras tan determinantes como las de vivienda o infraestructuras estratégicas".

El máximo responsable de la patronal ha concluido su intervención remarcando que en este contexto de "incertidumbre radical" resulta "imprescindible avanzar en el reequilibrio de precios en los contratos públicos y que el Gobierno actúe de forma coordinada, teniendo en cuenta que ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores", reclamando una acción estatal urgente para proteger el empleo de las pequeñas y medianas empresas.