La economía española soporta una sobrecarga normativa que ya tiene efectos claros sobre el crecimiento, la renta y la competitividad. Así lo concluye un amplio estudio sobre la Curva de Laffer Regulatoria, que analiza cómo el aumento continuado de normas, lejos de mejorar el funcionamiento económico, termina por generar el efecto contrario.
El informe constata que España ha empeorado de forma drástica su calidad regulatoria en los últimos años. En el Índice de Complejidad Regulatoria, el país ha pasado de 26,11 puntos en 2015 a solo 13,17 en 2022, un desplome del 50% que sitúa a España en la antepenúltima posición entre 63 economías analizadas. Este deterioro refleja una acumulación de leyes, reglamentos y trámites que dificultan la actividad empresarial y la vida cotidiana de ciudadanos y autónomos.
Uno de los datos más contundentes es el impacto económico de esta situación. La regulación excesiva supone un coste estimado de 1.470 euros anuales por habitante, lo que equivale a cerca de 70.000 millones de euros al año, más del 4% del PIB. Se trata de un “impuesto oculto” que no aparece en los presupuestos, pero que se materializa en demoras administrativas, duplicidades normativas, inseguridad jurídica y mayores costes de cumplimiento.
El estudio demuestra empíricamente la existencia de una Curva de Laffer Regulatoria. En una primera fase, la regulación aporta seguridad jurídica y favorece el crecimiento. Sin embargo, una vez superado cierto umbral, cada nueva norma reduce el potencial económico. España, como economía avanzada, ya se encontraría en ese tramo descendente, donde la complejidad normativa empieza a erosionar la renta y la productividad.
La comparación internacional refuerza este diagnóstico. Mientras países como Irlanda, Dinamarca o Luxemburgo han simplificado sus marcos normativos y mejorado su libertad económica, España pierde terreno dentro de la Unión Europea, situándose sistemáticamente por debajo de la media comunitaria en calidad regulatoria. Esta brecha se traduce en menor atractivo para la inversión, salarios más bajos y menor crecimiento a largo plazo.
El análisis también pone el foco en la descentralización autonómica. Desde 1978, más de dos tercios de las normas vigentes en España han sido aprobadas por las comunidades autónomas. Este proceso, positivo en su fase inicial, ha derivado en una profusión normativa desigual, con regiones como Cataluña muy por encima del umbral óptimo de regulación. En términos relativos, algunas comunidades aprueban hasta cuatro veces más normas por cada 1.000 euros de PIB per cápita que otras como Madrid o el País Vasco, con peores resultados económicos asociados.
El informe subraya que simplificar, consolidar y evaluar la regulación podría liberar un margen económico equivalente a grandes reformas fiscales, sin necesidad de subir impuestos ni recortar gasto público. La clave no es regular más, sino regular mejor, evitando que la acumulación normativa siga lastrando el crecimiento y el bienestar.
