La Comunidad de Madrid destinará 66,77 millones de euros en 2026 a las relaciones con la Administración de Justicia, lo que supone un incremento del 5,61% respecto al ejercicio anterior, es decir, 3,55 millones más que en 2025. Así se recoge en el Proyecto de Presupuestos Regionales presentado esta semana por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que refuerza su compromiso con el acceso a la justicia y el fortalecimiento del turno de oficio.
El programa contempla las transferencias a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, canalizadas a través del Consejo de Colegios de Abogados y de Procuradores, así como los fondos destinados al Turno de Oficio y a los Servicios de Orientación Jurídica y Representación Procesal que gestionan los colegios profesionales de abogados de Madrid y Alcalá de Henares, junto al Colegio de Procuradores de Madrid.
Refuerzo del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita
El Gobierno regional incrementará la dotación para asistencia jurídica gratuita y turno de oficio hasta los 66,5 millones de euros, 3,6 millones más que en el presupuesto anterior. Este servicio público atendió a más de 70.000 personas durante el último año, según los datos de la Comunidad de Madrid.
Entre las partidas más destacadas figura el aumento de 2,9 millones de euros (un 5,91%) en el subconcepto “Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid: asistencia jurídica gratuita”, y la subida de 450.000 euros (un 5,66%) en el apartado correspondiente al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
Con esta ampliación presupuestaria, el Ejecutivo madrileño pretende mejorar las condiciones laborales de los profesionales del turno de oficio, así como garantizar una atención jurídica eficaz y de calidad para los ciudadanos más vulnerables.
Compromiso con la accesibilidad a la justicia
La Comunidad de Madrid considera la asistencia jurídica gratuita uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, y destaca que esta inversión permitirá modernizar los servicios, acortar tiempos de respuesta y asegurar la igualdad de acceso a la justicia en toda la región.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el refuerzo presupuestario busca “dignificar el trabajo de los abogados y procuradores que prestan este servicio público esencial” y consolidar el modelo madrileño de colaboración con los colegios profesionales.
