La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá para la Comunidad de Madrid un ahorro estimado de 47 millones de euros en la próxima década, según un informe presentado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada este viernes en Barcelona.
Pese a la importancia de las cifras presentadas y del impacto que la nueva ley tendrá en la organización judicial de las comunidades autónomas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid abandonó la reunión junto a otras regiones gobernadas por el Partido Popular, lo que impidió alcanzar el quórum necesario para celebrar la sesión plenaria del encuentro. No obstante, el ministerio mantuvo reuniones bilaterales con representantes de otras comunidades como Catalunya, País Vasco, Canarias, Navarra y Asturias, avanzando en la hoja de ruta de implementación del nuevo modelo.
Un ahorro estructural que evita la creación de nuevos juzgados
El informe elaborado por el Ministerio detalla que el ahorro económico para Madrid se debe a la racionalización de la estructura judicial, en la que ya no será necesario crear nuevos juzgados para aumentar el número de jueces. Hasta ahora, cada nuevo juez requería una sede independiente, con un coste medio por juzgado de 400.000 euros. Con la nueva ley, una nueva plaza de juez costará solo 86.000 euros, ya que se integrará en los Tribunales de Instancia existentes.
Este cambio representa un giro profundo en la forma de organizar la Justicia, apostando por estructuras más flexibles, colaborativas y eficientes. La reforma permitirá agrupar los más de 3.900 juzgados unipersonales actuales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno asistido por una Oficina Judicial, lo que permitirá especializar a los jueces, compartir recursos y evitar duplicidades, además de acelerar la tramitación de asuntos judiciales y mejorar el servicio al ciudadano.
Madrid ha recibido ya más de 50 millones para modernización judicial
El Gobierno central también recordó durante la conferencia que Madrid ya ha recibido más de 50 millones de euros para adaptar sus infraestructuras judiciales a los nuevos requerimientos, una inversión sin precedentes que ha sido financiada en gran parte con fondos europeos Next Generation EU. Esta inversión ha permitido actualizar instalaciones, digitalizar servicios y formar al personal para adecuarse al nuevo modelo organizativo.
Sin embargo, el Ministerio destacó que la Comunidad de Madrid aún no ha iniciado la implantación del modelo de Oficina Judicial, una herramienta clave que lleva 20 años contemplada en la legislación, pero que en Madrid presenta un grado de implementación del 0 %, frente a otras regiones donde sí se han dado pasos importantes.
Una transformación histórica del sistema judicial español
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, está considerada por el Gobierno como la mayor transformación del sistema judicial en las últimas décadas. Su objetivo es crear una justicia más ágil, moderna y capaz de responder al creciente volumen de casos judiciales, que en muchos juzgados provoca actualmente importantes retrasos.
La nueva normativa no solo reorganiza la estructura judicial, sino que también facilita la especialización de los jueces, que podrán integrarse en secciones temáticas como familia, violencia de género, laboral o mercantil, entre otras. Esta división permitirá mejorar la calidad de las resoluciones judiciales y homogeneizar criterios, con mayor seguridad jurídica para los ciudadanos.
La ley, que comienza a desplegarse progresivamente a partir del 1 de julio de 2025, estará plenamente implementada antes del 31 de diciembre de este mismo año en las regiones con competencias transferidas que se sumen al proceso.
Críticas a la politización del sistema judicial
Desde el Ministerio se ha lamentado la falta de voluntad de diálogo por parte de algunos gobiernos autonómicos, que se han retirado de la Conferencia Sectorial sin escuchar los datos que les afectan directamente ni compartir su situación concreta. La reunión estaba prevista para intercambiar avances, resolver dudas y coordinar esfuerzos para la aplicación conjunta de una ley estatal que afecta a todo el sistema judicial español.
“Nos encontramos ante una reforma que beneficia claramente a todas las comunidades autónomas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el organizativo, digital y de calidad del servicio”, señalan fuentes del Ministerio. “Rechazar su aplicación o negarse al diálogo perjudica directamente a los ciudadanos que demandan una justicia más rápida y eficaz”, han añadido.
Objetivos a corto plazo
El Gobierno central mantiene su hoja de ruta para la implantación del nuevo modelo judicial. Se espera que los primeros Tribunales de Instancia comiencen a funcionar a partir de julio, con nuevas fases en octubre y diciembre. Además, está previsto el despliegue completo de un nuevo sistema digital integral para la Justicia, que permitirá seguir en tiempo real los procedimientos, reducir el uso de papel y mejorar la transparencia y accesibilidad de la Administración de Justicia.
