La Agencia Tributaria ha publicado los datos de recaudación acumulada hasta abril de 2025, y las cifras reflejan una subida global del 10,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en casi 10.000 millones de euros adicionales en las arcas públicas. Esta mejora se sostiene principalmente sobre el incremento de los principales impuestos que afectan directamente al contribuyente medio: IRPF, IVA y Sociedades.
Según el informe oficial, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha experimentado un aumento del 10,2 %, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha crecido un 8,4 % y el Impuesto de Sociedades ha subido un 10,1 %. En cambio, las tasas —que en general gravan servicios específicos y suelen recaer en empresas o usos puntuales— han caído un 15,6 %.
Más recaudación… a costa del ciudadano
Estos datos indican que el grueso del aumento de ingresos públicos proviene del esfuerzo fiscal de familias, trabajadores y pequeñas empresas, que ya venían soportando una elevada presión tributaria. Esta dinámica ha generado críticas por parte de analistas y sectores sociales, que denuncian que el Estado incrementa sus recursos mientras muchas economías domésticas luchan por llegar a fin de mes.
En concreto, el IRPF ha aportado ya 11.400 millones de euros en abril, con una subida interanual del 11,7 % solo ese mes. Se trata de un crecimiento significativo que, según diversas voces, no se compensa con el leve incremento de las pensiones u otros ingresos públicos, ya que las retenciones han subido más que las prestaciones, afectando de forma especial a pensionistas y asalariados.
Por su parte, el IVA ha registrado una subida del 8,4 %, lo que supone una mayor carga impositiva sobre el consumo, en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento del coste de vida. A ello se suma el incremento de los impuestos especiales (7,9 %), que afectan a productos como el tabaco, el alcohol o los hidrocarburos.
La paradoja de las tasas: menos ingresos por servicios
El descenso de las tasas en un 15,6 % contrasta con el resto de partidas y pone el foco sobre una cuestión clave: mientras los impuestos generales se elevan, las contribuciones específicas disminuyen, desplazando el peso de la recaudación al ciudadano medio. Esto refuerza la percepción de que las grandes empresas o determinados sectores económicos contribuyen proporcionalmente menos al crecimiento fiscal.
Bonus y primas a inspectores
Otro de los puntos destacados es el sistema de incentivos dentro de la propia Agencia Tributaria. Según denuncias difundidas por canales críticos con el Gobierno, los inspectores de Hacienda habrían recibido importantes primas por objetivos de recaudación, lo que refuerza el interés institucional por mantener altos niveles de ingreso.
Se menciona que además de un bono base de 400 millones de euros, existen primas adicionales de hasta 125 millones de euros por el incremento de la recaudación del IRPF y el IVA, algo que genera suspicacias sobre la neutralidad del sistema recaudatorio.
Un Estado con más ingresos pero con servicios cuestionados
Pese al incremento de la recaudación, los servicios públicos no parecen haber mejorado a un ritmo equivalente, según el malestar creciente expresado por usuarios en relación con la sanidad, el transporte, la educación o la justicia. Este desajuste alimenta la percepción de que el aumento de los ingresos del Estado no se traduce en una mejora real de la calidad de vida.
Además, se señala que muchos contribuyentes perciben un empeoramiento del acceso a servicios esenciales: listas de espera sanitarias más largas, retrasos en infraestructuras ferroviarias, mantenimiento deficiente en carreteras y una justicia más lenta.
Conclusión: mayor presión, mismo resultado
En resumen, el crecimiento de la recaudación hasta abril de 2025 no ha venido acompañado de una redistribución más justa ni de una mejora clara en los servicios públicos, según sectores críticos. Para muchos, el incremento fiscal se ha traducido en una mayor carga sobre el ciudadano medio sin retorno equivalente en calidad de vida o garantía de derechos, generando un creciente debate sobre la eficacia y equidad del modelo tributario español actual.
