Sin embargo, lo más alarmante no es el tamaño del agujero, sino su distribución: Cataluña y el País Vasco, dos de las comunidades autónomas más beneficiadas del sistema, figuran entre las que más reciben en pensiones, pese a ser de las que menos aportan por cotizaciones sociales.
Cataluña y País Vasco: más déficit, más privilegios
Según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, a mayo de 2025:
Cataluña ha recibido más de 11.810 millones de euros en pensiones contributivas, pero solo ha aportado 7.480 millones en cotizaciones sociales. El resultado: un déficit de más de 4.300 millones de euros.
El País Vasco, por su parte, acumula un desequilibrio de 2.377 millones, tras ingresar solo 2.204 millones frente a un gasto en pensiones que supera los 4.581 millones.
Ambas comunidades, que mantienen regímenes fiscales diferenciados y aspiran a ampliar su autonomía financiera, se encuentran entre las principales receptoras netas del sistema público. Mientras tanto, otras regiones como Madrid —que genera más ingresos por cotizaciones de los que consume en pensiones— sostienen en buena parte el modelo actual.
Un modelo fiscal cuestionado: "Pagamos las pensiones... y se quedan con sus impuestos"
Las críticas arrecian contra lo que muchos consideran un expolio fiscal consentido por el Gobierno. "Pagamos las pensiones... y se quedan con sus impuestos", denuncian voces desde distintas plataformas cívicas y asociaciones de contribuyentes, que exigen una revisión profunda del modelo de financiación autonómica y de la distribución del gasto en pensiones.
Mientras tanto, el Gobierno central continúa negociando concesiones fiscales con Cataluña y el País Vasco, en un contexto político marcado por la fragmentación parlamentaria y la necesidad de apoyos nacionalistas. “Se está comprando estabilidad política con el dinero de todos los españoles”, denuncian fuentes de la oposición.
¿Es sostenible el sistema de pensiones actual?
Economistas y analistas coinciden: el sistema no puede seguir funcionando con estos desequilibrios. Con una población cada vez más envejecida y una fuerza laboral que no crece al mismo ritmo, el futuro de las pensiones exige una reforma estructural que aborde tanto el modelo de reparto como los criterios de equidad territorial.
“Si seguimos así, en pocos años el sistema reventará”, alertan desde el ámbito académico. El problema no es solo financiero, sino político: ¿cómo justificar que unas comunidades autónomas reciban mucho más de lo que aportan mientras retienen privilegios fiscales y piden más competencias?
Una llamada a la revisión del sistema
Con el déficit acumulado al alza y una recaudación insuficiente, el debate sobre las pensiones se vuelve inevitable. Los datos oficiales muestran que no todos contribuyen en igual medida, pero todos cobran igual, generando un sistema desequilibrado, ineficiente e injusto.
Mientras no se aborde con seriedad esta situación, los ciudadanos seguirán preguntándose: ¿Hasta cuándo vamos a sostener este modelo con nuestros impuestos?
