La decisión se adopta conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, que contempla esta opción cuando el Ejecutivo no logra la aprobación de un nuevo proyecto presupuestario.
La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Hacienda, permitirá dar continuidad a la acción del Estado mientras el Ejecutivo sigue trabajando para desbloquear la situación parlamentaria y presentar unos nuevos presupuestos a lo largo del próximo año.
Una prórroga obligada tras el bloqueo parlamentario
El Ejecutivo había intentado avanzar en la elaboración de los PGE para 2026 con la presentación de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso de los Diputados, un paso previo imprescindible. Sin embargo, la Cámara baja rechazó esta propuesta en dos ocasiones, impidiendo así fijar los objetivos de déficit y deuda necesarios para diseñar las nuevas cuentas.
Ante este escenario, la prórroga de los últimos presupuestos aprobados —los de 2023— se convierte en una solución legal y automática para garantizar el funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de los compromisos de gasto.
Hacienda mantiene el objetivo de presentar nuevos presupuestos en 2026
Pese a las dificultades políticas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había avanzado que el Gobierno no renuncia a presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Eso sí, advirtió de que, de hacerlo sin una nueva senda de estabilidad aprobada, las cuentas deberán ajustarse a unos objetivos de déficit más restrictivos y contarán con menos margen financiero para las comunidades autónomas.
El departamento que dirige Montero confía en poder registrar un nuevo proyecto presupuestario en el Congreso durante el primer trimestre de 2026, siempre que se den las condiciones políticas necesarias para su tramitación.
Conflicto institucional planteado por el Senado
En paralelo, el Senado ha elevado este martes al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber elaborado ni remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. La Cámara Alta tomó esta decisión tras no recibir respuesta a un requerimiento previo dirigido al Ejecutivo.
Este movimiento añade un nuevo elemento de tensión institucional en un contexto ya marcado por la fragmentación parlamentaria y las dificultades para alcanzar acuerdos presupuestarios.
Continuidad presupuestaria en un contexto de incertidumbre
La prórroga de los Presupuestos de 2023 garantiza la continuidad de los servicios públicos, pero limita la capacidad del Gobierno para introducir nuevas políticas o adaptar el gasto a las prioridades económicas y sociales actuales. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene abierta la negociación política con sus socios de investidura con el objetivo de dotar al país de unas nuevas cuentas que sustituyan definitivamente a los presupuestos prorrogados.
