La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar la imposición de sanciones económicas por no haber incorporado a su legislación nacional dos directivas comunitarias relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, España es actualmente el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha notificado la transposición de estas normas, cuyo plazo límite expiró el 31 de diciembre de 2024.
La decisión llega tras un procedimiento de infracción iniciado en 2025, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento y posteriormente dictámenes motivados instando al Gobierno español a adaptar su legislación al derecho comunitario.
Una directiva para facilitar la actividad de pymes y autónomos
Una de las directivas pendientes afecta al régimen del IVA aplicable a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, una reforma aprobada por la Unión Europea en 2020 para simplificar las obligaciones fiscales y reducir los costes administrativos de las pequeñas empresas.
La norma permite a los Estados miembros establecer un sistema de exención del IVA para empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, conocido como IVA franquiciado.
Aunque la aplicación de esta exención dentro del propio país es opcional, Bruselas recuerda que España sí está obligada a transponer las disposiciones que permiten a las pymes españolas acogerse a este régimen cuando operan en otros Estados miembros.
La Comisión subraya que, para que una empresa española pueda beneficiarse de esta exención en otro país de la UE, debe estar previamente registrada ante las autoridades fiscales españolas, algo que actualmente no es posible al no haberse incorporado la normativa al derecho nacional.
Riesgo de doble imposición y distorsiones en el mercado
La segunda directiva pendiente introduce cambios en las normas del IVA para determinados servicios digitales, retransmisiones en línea y productos específicos como bienes de segunda mano, obras de arte, antigüedades y artículos de colección.
La Comisión Europea advierte de que la falta de transposición de estas reglas puede generar situaciones de doble imposición o incluso de ausencia de tributación, ya que el resto de los países miembros ya aplican criterios fiscales distintos tras adaptar sus legislaciones.
Este desfase regulatorio podría provocar distorsiones en la competencia dentro del mercado único europeo, afectando especialmente a empresas que operan en varios países.
Reacción del Ministerio de Hacienda
Tras conocerse la decisión de Bruselas, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha señalado que la transposición de estas directivas ya se encuentra en tramitación parlamentaria.
Según fuentes del departamento, los cambios necesarios se han incluido en una enmienda presentada por el PSOE dentro del proyecto legislativo que transpone otra normativa europea, conocida como directiva DAC8.
No obstante, esta ley continúa en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, sin avances recientes desde que finalizó el plazo para presentar enmiendas parciales.
Críticas de las asociaciones de autónomos
La decisión de la Comisión Europea ha sido bien recibida por organizaciones de autónomos como ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), que denunció el caso ante Bruselas en diciembre.
Su presidente, Lorenzo Amor, ha criticado que España siga sin aplicar la directiva europea relativa al régimen especial de exención del IVA para pequeñas empresas.
Según Amor, los autónomos españoles son los únicos de la Unión Europea que no pueden acogerse al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros al año, lo que genera una situación de desventaja competitiva frente a otros países.
La organización estima que la aplicación de este sistema podría suponer un ahorro de hasta 600 euros en costes administrativos y burocráticos para muchos autónomos.
Un procedimiento que puede acabar en multa
Con la decisión de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea busca que se declare formalmente el incumplimiento de España y que se impongan sanciones financieras si persiste la falta de adaptación de la legislación nacional.
El procedimiento judicial europeo supone uno de los últimos pasos dentro del mecanismo de infracción comunitario, que se activa cuando un Estado miembro no aplica correctamente el derecho europeo.
En caso de condena, España podría enfrentarse a multas económicas hasta que adopte las medidas necesarias para cumplir con las directivas del IVA.
