Aunque el recurso judicial marca un punto de tensión entre la entidad financiera y el Ejecutivo, BBVA no renuncia a la OPA. La operación sigue adelante conforme al calendario previsto y se espera que el periodo de aceptación comience en septiembre.
¿Qué impugna BBVA ante el Supremo?
El banco considera que las medidas del Consejo de Ministros exceden las competencias del Gobierno y limitan la eficiencia económica de la operación. Entre las condiciones impuestas:
Condiciones del Gobierno
- Personalidad jurídica separada BBVA y Sabadell: deberán operar como entidades distintas durante al menos 3 años, prorrogables hasta 5.
- Prohibición de despidos: no podrán ejecutarse recortes de plantilla relacionados con la fusión.
- Seguimiento operativo BBVA: deberá presentar informes de evolución y someterse a supervisión adicional.
- Plan estratégico: el banco debe justificar cómo se garantiza la cohesión territorial, la inclusión financiera y el crédito a pymes.
Desde la entidad sostienen que estas obligaciones comprometen las sinergias de costes, estimadas en unos 850 millones de euros, principalmente en tecnología, procesos administrativos y eficiencia operativa.
Un pulso legal y político
Fuentes del banco aseguran que el recurso no busca entorpecer el proceso, sino restablecer un marco jurídico equitativo y alineado con la normativa europea. El BBVA insiste en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la única institución autorizada para imponer condiciones en este tipo de operaciones.
Al mismo tiempo, subrayan que el Gobierno introdujo un proceso inédito de “consulta pública” sin precedentes en fusiones bancarias, lo que podría interpretarse como una interferencia política en decisiones corporativas.
Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, mantiene que las condiciones se ajustan a la ley vigente desde 2007 y están avaladas por la Abogacía del Estado. En declaraciones recogidas por Servimedia, fuentes del Ministerio subrayan que se actuó “con respeto a las instituciones implicadas” y “conforme al interés general”.
¿Qué implica esto para Madrid?
La Comunidad de Madrid, donde ambas entidades tienen una presencia destacada, observa con atención este pulso legal. Solo en la región, más de 10.000 empleados de BBVA y Sabadell podrían verse afectados por el proceso de integración.
Además, la fusión tendría impacto en el mercado inmobiliario corporativo, en el mapa de sucursales y en el tejido económico de pymes madrileñas que dependen del crédito bancario. La operación también preocupa a sindicatos y colegios profesionales del sector financiero con sede en la capital.
Próximos pasos
- Julio 2025: BBVA presenta el recurso ante el Supremo.
- Agosto 2025: Comisión Europea inicia procedimiento de infracción contra España.
- Septiembre 2025: Comienza el periodo de aceptación de la OPA si la CNMV aprueba el folleto.
- Finales de 2025: El Supremo podría admitir a trámite el recurso. La resolución definitiva podría tardar entre 12 y 24 meses.
¿Y ahora qué?
El recurso judicial abre un nuevo frente en una operación financiera clave para el sistema bancario español. Mientras el Gobierno defiende su papel como garante del interés general, el BBVA redobla su apuesta por una integración que considera estratégica.
En juego no solo está el control de uno de los principales bancos del país, sino también el modelo de supervisión económica y la relación entre política e iniciativa empresarial.
