La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su intervención urgente ante el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
En una carta enviada hoy, Ayuso ha expresado su preocupación por un fenómeno que, según afirma, afecta a miles de personas tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.
Díaz Ayuso ha subrayado la necesidad de tomar medidas efectivas para proteger el derecho a la propiedad privada, citando casos concretos de inquiocupación que, en su opinión, “muestran claramente la magnitud del problema”. Asimismo, ha destacado que “no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento”, haciendo hincapié en la importancia de garantizar la tutela judicial efectiva y el amparo de las personas mayores afectadas.
En el escrito, la presidenta madrileña reclama al Defensor del Pueblo su intervención “en defensa de los derechos de las personas que te detallo en esta carta, haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores”.
Preocupación por la inseguridad e impacto social
Díaz Ayuso ha denunciado que las ocupaciones ilegales “no pueden quedar sin respuesta eficaz en un Estado de Derecho”, advirtiendo de las consecuencias negativas que tienen tanto para los propietarios como para las comunidades de vecinos. Según la presidenta, la inquiocupación genera inseguridad, deterioro de los inmuebles y tensiones vecinales, afectando especialmente a las personas mayores y vulnerables.
La carta dirigida a Ángel Gabilondo pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación institucional y la urgencia de reforzar las herramientas jurídicas para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente.
Contexto y reacciones
La iniciativa de Isabel Díaz Ayuso se enmarca en un contexto de creciente preocupación social por la ocupación de viviendas en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido una de las voces más críticas con la legislación actual, argumentando que no ofrece suficiente protección a los propietarios frente a la ocupación ilegal.
El envío de la carta al Defensor del Pueblo ha generado un intenso debate político. Desde la oposición, algunos grupos han acusado a Ayuso de utilizar el problema de la ocupación con fines electorales, mientras que otros han apoyado su petición de medidas más contundentes.
