La Comunidad de Madrid destinará 1,5 millones de euros al servicio público de traducción e interpretación judicial hasta 2027, según ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno. Este recurso es clave para garantizar la correcta tramitación de los procedimientos judiciales en una región caracterizada por su alta presencia de comunidades y empresas extranjeras.
El contrato permitirá la interpretación oral de declaraciones, la traducción escrita y la transcripción de archivos de audio en lenguas distintas al castellano, tanto en juzgados, audiencias provinciales, clínicas médico-forenses como en fiscalías. La medida busca asegurar el derecho a una defensa justa y el normal funcionamiento de la Justicia.
El Ejecutivo regional cuenta ya con un equipo propio que cubre los idiomas más habituales como árabe, francés, inglés, alemán, portugués, polaco y chino. Sin embargo, para el resto de lenguas o cuando la carga de trabajo supera la capacidad de este personal, se recurre a servicios externos, siempre bajo decisión judicial.
En 2024 se realizaron 8.347 actuaciones, de las cuales 7.334 fueron interpretaciones orales y 1.013 traducciones escritas, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. Los partidos judiciales que más utilizaron este servicio fueron Madrid capital (5.368 intervenciones), seguido de Alcalá de Henares (271), Getafe (217) y Parla (211).
Por idiomas, el árabe (1.766 intervenciones) fue el más solicitado en interpretación, seguido del chino mandarín (932), inglés (883), rumano (774) y wolof (774). En cuanto a traducciones, las combinaciones más frecuentes fueron español-inglés británico (204), español-alemán (91), inglés-español (55) y español-italiano (53).
Este servicio, además de ser esencial para los derechos procesales, contribuye a la seguridad jurídica y la convivencia social en una comunidad cada vez más diversa y globalizada.