El sindicato CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha lanzado una seria advertencia sobre la situación crítica que atraviesan las residencias públicas de mayores en la Comunidad de Madrid, gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
La organización denuncia una crisis asistencial sin precedentes, resultado –según afirman– de una política deliberada que busca justificar la privatización de estos servicios públicos esenciales.
Actualmente, la AMAS gestiona 25 residencias públicas en la región, donde trabajan cerca de 10.000 profesionales y se atiende a más de 7.500 personas mayores, de las cuales unas 6.300 son dependientes. Desde hace más de dos años, el sindicato asegura que el deterioro progresivo en la atención médica, los cuidados básicos y las condiciones laborales es “evidente, estructural y sostenido en el tiempo”.
Falta de personal, vacantes sin cubrir y riesgo sanitario
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha descrito un panorama preocupante en los centros públicos: plantillas bajo mínimos, turnos de enfermería sin cubrir, médicos ausentes, seguimiento clínico inexistente por parte del SERMAS y auxiliares sin perfil sanitario realizando funciones que exceden su capacitación.
Entre los datos más preocupantes, destaca que muchas vacantes de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) están siendo ocupadas por personal sin formación sanitaria, lo que supone un grave riesgo para la salud y seguridad de los residentes. Estas personas, según la normativa vigente, no están autorizadas a administrar medicación ni prestar cuidados clínicos, pero se ven obligadas a suplir esas tareas por falta de personal cualificado.
¿Falta de capacidad o estrategia premeditada?
El sindicato plantea dos hipótesis: incapacidad grave de gestión por parte de la administración, o una estrategia política planificada para degradar el sistema y así justificar su privatización. En ambos casos, las consecuencias son “inaceptables”, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población, aumento de los grados de dependencia y mayor complejidad de las patologías geriátricas.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL se defiende que las residencias públicas deben ser un referente en atención especializada, incluyendo cuidados paliativos, rehabilitación y seguimiento postoperatorio. No obstante, la situación actual, dicen, dista mucho de ese modelo ideal.
Llamamiento a la Consejería de Familia y al Gobierno regional
El sindicato dirige sus críticas a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a quien acusa de amparar este proceso de deterioro. También exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tome medidas urgentes para revertir la situación y garantice la calidad, la equidad y la dignidad en los cuidados a los mayores.
“Estamos ante un servicio esencial que no puede ni debe gestionarse desde criterios de rentabilidad económica. La salud y el bienestar de las personas mayores no puede convertirse en un negocio. Exigimos responsabilidad política y compromiso institucional”, concluyen desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL.
