La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha otorgado credibilidad a los testimonios que señalan la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según los datos obtenidos tras el volcado del teléfono móvil del empresario Víctor de Aldama. La investigación sugiere que los pagos podrían ascender a un total de 1,5 millones de euros, en el marco de una presunta financiación irregular que estaría siendo examinada por las autoridades.
Testimonios y hallazgos clave
La empresaria Carmen Pano, quien declaró ante la Guardia Civil durante 12 horas, ratificó que actuó bajo instrucción de Aldama para entregar el dinero en bolsas a un hombre que trabajaba en la segunda planta de Ferraz. Aunque Pano admitió no tener pruebas materiales, la UCO ha respaldado su relato gracias a la coincidencia con otros indicios provenientes del volcado de los dispositivos de Aldama y su socio Claudio Rivas.
Según fuentes consultadas, este material también ha revelado posibles conexiones con una 'caja B' en el PSOE, utilizada para la financiación de actividades internas del partido.
Implicaciones de José Luis Ábalos
Además de las entregas en Ferraz, el caso ha puesto en el foco al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien habría recibido regalos en especie, incluidos un chalé en Cádiz y un piso en la Castellana, valorados en casi dos millones de euros. Según los investigadores, estos bienes habrían sido pagos en compensación por gestiones realizadas en favor de la empresa Villafuel SL, vinculada a Aldama.
Ábalos ha negado las acusaciones, argumentando contradicciones en los testimonios de Aldama y otros implicados, pero los informes de la UCO indican que tanto los contratos de alquiler de los inmuebles como los mensajes intercambiados refuerzan la teoría de que estos fueron regalos encubiertos.
Nuevas detenciones y registros
En el marco de esta operación, se ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano y el presunto testaferro de Aldama, Luis Alberto Escolano. También se han realizado registros en empresas y domicilios de los implicados en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
La trama, conocida como el caso hidrocarburos, está siendo investigada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien indaga un supuesto fraude fiscal de más de 180 millones de euros.
El avance de la investigación
La UCO ha iniciado una revisión exhaustiva de las adjudicaciones de obra pública realizadas desde 2019, bajo sospecha de haber sido utilizadas para favorecer a empresas vinculadas a los acusados. Según fuentes judiciales, el material recopilado podría derivar en nuevas imputaciones y detenciones en los próximos meses.
Impacto político y judicial
Este caso, que combina acusaciones de financiación irregular, corrupción en el sector público y posibles delitos fiscales, supone un desafío significativo para la dirección del PSOE y el entorno de sus antiguos altos cargos. Mientras tanto, los investigadores continúan desentrañando la compleja red de relaciones y transacciones que sustentan la trama.
