El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), introduciendo cambios significativos en el acceso y funcionamiento de la carrera judicial y fiscal, así como en las estructuras de la judicatura. Sin embargo, tres de las cuatro principales asociaciones de jueces han mostrado su oposición a varios puntos clave, advirtiendo sobre los peligros que podría acarrear esta reforma.
Principales propuestas del Gobierno
El anteproyecto plantea una serie de cambios con el objetivo de modernizar y democratizar el acceso y funcionamiento del sistema judicial. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales, con el fin de garantizar su imparcialidad y evitar conflictos de interés.
- Reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, introduciendo:
- Un examen escrito práctico, que sustituiría a una de las dos pruebas orales actuales.
- Una convocatoria del "cuarto turno" cada vez que se realice una oposición, para garantizar que una de cada cuatro plazas se destine a juristas de reconocido prestigio.
- Creación de un sistema de becas equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), con una duración de cuatro años, para facilitar el acceso de aspirantes con menos recursos.
- Cambios en la elección y composición de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, eliminando el voto delegado, introduciendo el voto telemático y limitando los mandatos a tres años.
- Modificación de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ampliando su composición a nueve miembros, de los cuales cinco serán jueces y cuatro catedráticos elegidos por el Parlamento.
- Proceso de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos, eliminando incompatibilidades profesionales cuando no ejercen activamente su función.
Críticas de las asociaciones de jueces
Tres de las principales asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han expresado su rechazo a varios aspectos de la reforma, mientras que la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado apoyo en ciertos puntos.
1. Acceso y cuarto turno
Las asociaciones critican la inclusión de un cuarto turno especial para estabilizar a jueces sustitutos. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, lo considera “una entrada por la puerta de atrás” que socava los principios de mérito, capacidad e igualdad. Fernando Portillo, de FJI, advierte que esta medida podría incorporar a un 20% de nuevos jueces sin pasar por el exigente sistema de oposición actual, lo que desestabilizaría la carrera judicial.
2. Reforma del sistema de oposiciones
Mientras JJpD celebra la incorporación de un examen práctico por escrito como un avance hacia un sistema menos memorístico, la APM y la AJFV consideran que se pone en riesgo la alta preparación técnica de los jueces, garantizada por el modelo tradicional. Sergio Oliva, portavoz de AJFV, califica la reforma como “un reflejo de la desconfianza del Ejecutivo hacia los jueces”.
3. Elecciones en las Salas de Gobierno
La limitación a un voto por elector y la reducción de los mandatos son vistas por las asociaciones mayoritarias como una maniobra para debilitar la independencia judicial. Del Barco denuncia que esta medida busca “diluir la representación de las asociaciones mayoritarias, reduciendo su capacidad de influencia en el autogobierno judicial”.
4. Composición de la Comisión de Ética
El aumento de miembros en la Comisión de Ética del CGPJ con cuatro catedráticos designados por el Parlamento genera preocupación entre las asociaciones. Portillo advierte que esta reforma supone “una intromisión política en un órgano que debe ser independiente”.
Puntos positivos y división de opiniones
A pesar de las críticas, hay medidas que han sido bien recibidas por algunos sectores, como el sistema de becas y la formación pública de opositores, lo que permitirá mayor igualdad de oportunidades para acceder a la carrera judicial y fiscal. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de JJpD, destaca que estas medidas suponen “un notable avance para democratizar el acceso”.
El anteproyecto de ley, que aún debe someterse a debate parlamentario y evaluación por los grupos de interés, divide profundamente a las asociaciones judiciales. Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso hacia la modernización y democratización de la Justicia, las asociaciones mayoritarias alertan sobre sus posibles riesgos para la independencia judicial y el impacto en la calidad de la formación de los nuevos jueces y fiscales.
