El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, al haber sido sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.
En el escrito presentado ante el TC, los Letrados de la Comunidad de Madrid solicitan la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración, argumentando un conflicto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de memoria democrática y patrimonio histórico-cultural.
Conflicto de competencias y recurso al Tribunal Constitucional
La Comunidad de Madrid sostiene que la declaración de Lugares de Memoria Democrática es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en virtud de sus atribuciones en patrimonio histórico-cultural, y argumenta que los artículos de la Ley de Memoria Democrática que atribuyen dicha competencia al Estado “deben ser declarados inconstitucionales”.
En su recurso, el Ejecutivo madrileño denuncia también la “falta de lealtad institucional” del Gobierno central, al no haber comunicado previamente al Gobierno regional la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, publicada el 24 de octubre de 2024 en el BOE, por la cual se inició el expediente administrativo para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
Real Casa de Correos: un edificio cargado de historia
La Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es un inmueble histórico que ha tenido múltiples funciones a lo largo de más de 250 años. Desde oficina central de correos hasta Capitanía General, Gobierno Militar y Ministerio de Gobernación, incluyendo su uso durante el Gobierno del Frente Popular y su vinculación con la Dirección General de Seguridad en la dictadura franquista.
El edificio también fue protagonista de la proclamación de la Segunda República y es un símbolo popular en Madrid, al albergar el famoso reloj desde el que se celebran las campanadas de Año Nuevo y por ser el Kilómetro 0 de las carreteras radiales de España.
En su fachada principal, la Real Casa de Correos exhibe tres placas conmemorativas: una en homenaje al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la invasión francesa, otra en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M, y una tercera dedicada a los fallecidos durante la pandemia del COVID-19.
Memoria Democrática y polémica política
El proceso de declaración de Lugares de Memoria Democrática ha suscitado controversias políticas en distintas comunidades autónomas, especialmente en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha mostrado reticencias a la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según la Comunidad de Madrid, el Estado no tiene autoridad para decidir sobre la declaración de lugares de memoria en su territorio, y defiende que dicha competencia recae en el Gobierno autonómico.
Por su parte, desde el Gobierno central se argumenta que la Ley de Memoria Democrática tiene como objetivo “reconstruir la memoria colectiva” y reconocer los lugares vinculados a la represión y resistencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Impacto político y social en Madrid
El recurso de Ayuso ante el Constitucional se produce en un contexto de fuerte polarización política y podría reavivar el debate sobre la memoria histórica en España. La Real Casa de Correos, por su valor histórico y simbólico, se convierte así en el epicentro de una nueva confrontación política.
