Un nuevo conflicto urbanístico sacude a la Comunidad de Madrid. El denominado Proyecto de Actuación Regional (PAR) Ergón Logistic Park A-42, promovido por una empresa privada en el término municipal de Torrejón de Velasco, ha desatado la alarma entre colectivos ecologistas, urbanistas y vecinos. El proyecto, que abarca más de 161 hectáreas —más del doble de la superficie urbana actual del municipio—, ha sido declarado de interés regional por la Consejería de Economía del Gobierno autonómico, lo que permite su tramitación al margen del planeamiento municipal y los cauces habituales de participación democrática.
La operación urbanística implica la reclasificación masiva de suelo agrícola, residencial y no urbanizable protegido a suelo urbano industrial-logístico. Esta reclasificación, que transforma el espacio rural en una unidad logística de gran escala (UE-12), se ejecuta sin cesiones al Ayuntamiento, gracias a una interpretación controvertida de la Ley del Suelo madrileña que exime de estas obligaciones al uso industrial.
Un proyecto logístico sin vivienda protegida y con expropiaciones forzosas
Según consta en la documentación técnica y en las alegaciones presentadas por la Plataforma Ecologista Madrileña, la actuación elimina además la previsión de vivienda protegida inicialmente contemplada en el área residencial SUNP-1, que queda absorbida por el nuevo uso industrial. Paradójicamente, el promotor ni siquiera posee los terrenos afectados por la operación, lo que ha obligado a que sea la propia Comunidad de Madrid quien tramite la expropiación forzosa de suelo privado para cederlo a una entidad mercantil.
“El mecanismo de los PAR se ha convertido en una puerta trasera para alterar de forma radical el planeamiento sin control democrático. Lo que debería ser la excepción, se está utilizando como norma”, advierte el colectivo GRAMA, integrado en la Plataforma Ecologista Madrileña, que también incluye a ARBA, Jarama Vivo, El Soto y Liberum Natura.
Riesgo ecológico para aves esteparias protegidas
Los ecologistas alertan también del grave impacto ambiental del proyecto, que afecta a un corredor ecológico estratégico para aves esteparias protegidas, como la avutarda común. La fragmentación de este hábitat, clave para la conectividad genética entre poblaciones reproductoras, “supone una amenaza directa para la conservación de estas especies en la Comunidad de Madrid”, según expertos en biodiversidad consultados.
El promotor niega la presencia de estas aves en el ámbito de actuación, pero estudios científicos independientes contradicen esta afirmación, subrayando el valor del entorno como paso habitual y zona de campeo.
Tráfico pesado junto a un colegio
A las críticas ambientales se suma la preocupación vecinal por el impacto en la movilidad y la calidad del aire. El proyecto estima una media diaria de 8.545 vehículos, de los cuales más de 1.500 serán pesados. El trazado previsto para estos accesos logísticos discurre a menos de 100 metros del colegio público El Catón, generando inquietud por el aumento de ruidos, emisiones y riesgos para los escolares.
Una decisión opaca y sin participación
El PAR ha sido aprobado mediante declaración de interés regional por la Consejería de Economía, sin debate parlamentario ni consulta ciudadana, lo que ha llevado a los colectivos sociales a cuestionar la falta de transparencia del procedimiento. La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado sugerencias dentro del trámite de evaluación ambiental, solicitando que se paralice el proyecto hasta que se garantice su adecuación a la legalidad urbanística, la protección ambiental y el interés general.
“La Comunidad de Madrid está convirtiendo los PAR en una herramienta de excepción para beneficiar intereses privados, al margen de los municipios y de la ciudadanía”, denuncian desde la plataforma.
