MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mostró este jueves su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la gestión y negociación pesqueras que se realizan anualmente entre la Comisión Europea y los Estados miembros.
Según Planas, el tribunal da la razón al Consejo de Ministros de Pesca y muestra, “tal y como estábamos convencidos, de que había actuado correctamente en la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para el 2020 acordados en diciembre de 2019”.
Este reparto fue puesto en duda por la asociación medioambientalista con sede en Irlanda Friends of the Irish Environment, en un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de este país que, a su vez, planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El ministro indica en un comunicado que “la sentencia es clara”, porque los TAC que esta asociación cuestiona se fijaron sobre la base de los mejores dictámenes científicos para que la actividad pesquera se pueda llevar a cabo manteniendo el estado biológico de las poblaciones de peces, así como el empleo y modo de vida ligada a la pesca.
El alto tribunal reconoce que el Consejo acompañó esta decisión con el establecimiento de medidas correctoras diseñadas para limitar las capturas accesorias realizadas en 2020 de las poblaciones cubiertas por esos TAC y, en consecuencia, su impacto en las pesquerías mixtas -sobre los que hay fijados totales admisibles de capturas, así como capturas accesorias- en dichas poblaciones.
Además, declara que, al adoptar dichos TAC, el Consejo no excedió manifiestamente los límites de su facultad discrecional. Es decir, el Consejo actuó de una manera acorde a sus prerrogativas y, además, lo hizo de una manera adecuada, conjugando la conservación de los recursos marinos con los intereses de la actividad pesquera.
La sentencia recoge que el problema de fijar TAC cero para determinadas poblaciones podía dar lugar al cierre prematuro de las pesquerías y, en consecuencia, condicionar la viabilidad económica de las flotas pesqueras afectadas y al nivel de vida de las personas dependientes de dichas actividades.
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