Sin embargo, el consistorio considerará posibles “situaciones singulares” de los vecinos empadronados en estas áreas, según lo previsto en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid 360. Los vehículos sin distintivo de residentes empadronados en el Distrito Centro y Plaza Elíptica que hasta ahora cumplían los requisitos pueden seguir circulando hasta el 31 de diciembre de 2025
Ámbito de aplicación de la moratoria
Carabante precisó que la moratoria a las sanciones, aprobada el pasado 12 de diciembre, aplica únicamente al ámbito general de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, que abarca todo el término municipal, excluyendo las Zbedep de Centro y Plaza Elíptica.
Las multas a vehículos sin etiqueta tendrán excepciones limitadas, incluidas:
- Citas médicas o tratamientos inaplazables para familiares.
- Autónomos mayores de 59 años.
- Compra de vehículos que aún no han sido entregados por retrasos de fabricación.
- Necesidades urgentes e inaplazables, evaluadas caso a caso por el Ayuntamiento.
Adicionalmente, seguirán exentos los vehículos clásicos, los de emergencias y aquellos adaptados para personas con movilidad reducida.
Casos singulares y permisos excepcionales
Entre los casos singulares contemplados, se incluyen situaciones como:
- Retirar vehículos para achatarramiento.
- Trasladar coches fuera de Madrid de manera definitiva.
- Dejar el vehículo en un concesionario para su sustitución.
Carabante afirmó que estas solicitudes serán revisadas individualmente y el Ayuntamiento facilitará permisos temporales en función de las circunstancias.
Impacto limitado y proceso de consulta pública
El delegado destacó que la restricción afectará a un número reducido de vehículos empadronados en las zonas protegidas, indicando que son "apenas decenas". Además, aseguró que en la redacción de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que sustituirá a la actual, se considerarán las alegaciones presentadas durante el período de información pública.
Con estas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar la implementación de las restricciones con la atención a las necesidades específicas de los ciudadanos, garantizando a su vez el cumplimiento de los objetivos ambientales.
