La problemática de la 'okupación' y la 'inquiokupación' sigue en aumento en la Comunidad de Madrid. En el último mes, el número de llamadas al servicio 112 Ocupación se ha duplicado, alcanzando 56 avisos en la primera semana de febrero, frente a los 32 registrados en la primera semana de enero, según datos del Gobierno regional.
Desde su puesta en marcha en junio de 2022, este servicio ha recibido un total de 3.826 llamadas relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas. En 219 casos, los ciudadanos han alertado de una 'okupación' en curso, y en 42 ocasiones se ha conseguido evitar la ocupación de una vivienda o lograr su desalojo gracias a la intervención inmediata tras recibir el aviso.
Ayuso denuncia inacción del Gobierno y lleva casos de ‘inquiokupación’ al Defensor del Pueblo
En paralelo al aumento de las denuncias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que remitirá al Defensor del Pueblo una carta con casos concretos de víctimas de 'inquiokupación', término con el que se hace referencia a inquilinos que dejan de pagar el alquiler y permanecen en la vivienda sin ser desalojados.
Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Ayuso acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ignorar el problema y de desacreditar a los afectados. “El Gobierno no hace absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad”, criticó.
Además, la presidenta madrileña subrayó que el 95% del mercado ‘okupado’ pertenece a pequeños propietarios, desmintiendo la idea de que esta problemática afecte solo a grandes tenedores. "Tener un piso no significa ser rico", insistió.
Un problema en aumento sin respuestas claras
La Comunidad de Madrid reforzó su sistema de respuesta ante la ocupación ilegal con la creación del 112 Ocupación, integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM). Desde este servicio, se facilita la actuación de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias para responder a denuncias de ocupación en tiempo real.
Sin embargo, la creciente demanda y la falta de una legislación clara a nivel nacional han convertido este fenómeno en un tema de gran tensión política y social. Mientras el Ejecutivo central minimiza la magnitud del problema, el Gobierno madrileño exige medidas más contundentes para proteger a los propietarios y frenar la ocupación ilegal en la región.
Con la remisión de estos casos al Defensor del Pueblo, Díaz Ayuso busca presionar al Gobierno para que tome cartas en el asunto, en un contexto donde la ‘inquiokupación’ y la ocupación ilegal siguen en aumento.
