El próximo 11 de junio, a las 12:00 horas, jueces y fiscales de toda España están llamados a un parón de diez minutos en protesta por las reformas legales impulsadas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. La movilización ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que advierten del grave impacto que estas medidas tendrían en la independencia judicial y la calidad del Estado de Derecho.
Las asociaciones exigen la retirada de ambos textos legislativos al considerar que las reformas propuestas no responden a una demanda social, agravan la politización de la Justicia y suponen un retroceso en garantías institucionales, especialmente al incrementar el poder del fiscal general del Estado sin contrapesos internos. Critican también la falta de diálogo con las asociaciones y alertan de que la estabilización de jueces sustitutos sin preservar los principios de mérito y capacidad será impugnada judicialmente si sigue adelante.
Frente a esta postura, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) defiende que la reforma representa avances en igualdad de oportunidades, ética judicial y profesionalización, y rechaza la narrativa alarmista de sus homólogas. Reclama una crítica "selectiva y razonada" que permita mejorar el texto sin bloquear el debate.
La protesta del 11 de junio ha sido respaldada por colectivos como la Plataforma por la España Constitucional, que ha lanzado una campaña de apoyo con llamamientos a paralizar la actividad durante esos diez minutos, sumarse desde los hogares con caceroladas y acudir a los juzgados a mostrar respaldo público.
En paralelo, los convocantes solicitan reuniones con todos los grupos parlamentarios y organismos jurídicos como el Consejo General de la Abogacía del Estado para explicar los "peligros" de la reforma. El presidente del CGAE, Salvador González, ya ha confirmado que se reunirá con las asociaciones para escuchar sus argumentos y valorar el impacto sobre el sistema judicial.
La protesta marca una nueva etapa de tensión entre la carrera judicial y el Ejecutivo, que busca replicar el modelo de diálogo que evitó la huelga de 2023. Sin embargo, el desacuerdo sobre el fondo y las formas de la reforma amenaza con provocar un conflicto institucional de mayor alcance en el segundo tramo de la legislatura.
